Textoy fotos: Martha Silva / PopLab
Una protesta ambientalista que se oponía al “traslado” de 41 árboles para realizar una obra pública en San Miguel de Allende fue reprimida y criminalizada por el gobierno municipal que encabeza el panista Luis Alberto Villarreal.
En un comunicado, el alcalde justifica la detención de 14 personas por la presunta “portación de armas”, además de que enfatiza la presencia de “extranjeros” en la manifestación.
Los activistas defienden los árboles amenazados por una obra municipal de rehabilitación en la avenida Guadalupe, y bajo el cargo de “resistencia particular” fueron detenidos la medianoche del domingo, luego de que el gobierno local enviara a la fuerza pública para retirarlos del lugar, mientras trabajadores intentaban sacar dichos árboles. Participaron alrededor de 20 policías y otros elementos de Protección Civil para defender la obra.
Aunque el saldo inicial del operativo fue de un árbol retirado (para supuesto trasplante) y 14 personas detenidas (12, según la autoridad), a lo largo del lunes continuaron encontronazos entre activistas y funcionarios, mientras más árboles y palmeras son retirados, en medio de los gritos y la presión de la sociedad en general, que se ha sumado a las protestas.
El municipio justificó el uso de la fuerza pública en la madrugada (más de 20 policías) porque aseguró que la protesta no se realizó de forma pacífica: acusó que hubo pedradas y patadas contra los servidores públicos y que incluso hubo amenazas con un arma de fuego por parte de uno de los manifestantes, algo que no aparece en los videos del momento que activistas y prensa han publicado en redes sociales.
Ya por la tarde, fueron cerca de 50 elementos cuidando una nueva escaramuza de la obra, algo que ha criticado la población porque los últimos meses se ha degenerado la seguridad en una ciudad que vive de la tranquilidad que atrae lo mismo turismo que inversiones.
El comunicado oficial del municipio enfatiza la participación activa de “extranjeros” en la protesta que los activistas han dejado claro que es no política sino cívica. A uno de ellos, la autoridad señala que “no tiene estancia legal” en el país y que lo ha entregado a Migración.
Los activistas han pedido desde hace semanas un diálogo para modificar el trazo de la obra de rehabilitación, de la cual la población en general se enteró a principios de septiembre, y conservar los 34 árboles de la vialidad que serían trasplantados en otros sitios en condiciones que, aseguran, no son las adecuadas, tomando en cuenta que no existe la garantía al 100% de que un trasplante sea existoso, aún con los máximos cuidados.
Por su parte, el gobierno de Luis Alberto Villareal no está dispuesto a discutir el tema de la conservación de los árboles.
Organización espontánea
Los activistas que defienden estos árboles y otras especies en el lugar no pertenecen a un grupo particular. La mayoría no milita en ninguna asociación. Se unieron cuando se enteraron de los planes de “TALA DE 41 ÁRBOLES EN LA AVENIDA GUADALUPE (sic)” por parte del municipio, por eso eligieron ese nombre para el colectivo que partir del 2 de septiembre comenzó a tomar forma.
“El Municipio no da a conocer un motivo que justifique la tala y especialistas ponen en duda que se esté trabajando de acuerdo a un procedimiento adecuado de licitación. Se alerta de la situación en el contexto del movimiento global en pro del medio ambiente, donde a día de hoy la estrategia es clara: Preservar todos los árboles existentes y fomentar proyectos amigables con el medio ambiente”.
“Salvemos 41 árboles” en un comunicado previo a estos hechos.
Por ello, conforme veían que se acercaban las obras (rompiendo el concreto) empezaron también las guardias nocturnas y los campamentos junto a los árboles, repartidos a lo largo de dicha vía.
También buscaron el apoyo de la ciudadanía en general: juntaron en estas semanas 13 mil firmas en apoyo a su causa (en su mayoría físicas), aunque también han recibido la visita de personajes como Rubén Albarrán (vocalista de Café Tacvba), la senadora Jesusa Rodríguez y otros artistas como cantantes y bailarines que acuden a la ciudad, como un grupo de bailarines originarios de Chiapas.
Villarreal, en la polémica
El presidente municipal de San Miguel de Allende, el panista Luis Alberto Villarreal García, se ha visto envuelto en la polémica desde que inició este nuevo periodo al frente del gobierno local. Después de su paso por las esferas políticas a nivel nacional (fue diputado federal y senador), regresó al municipio, se esperaría, para aplicar su experiencia política en un contexto difícil para la economía, la seguridad y el medio ambiente a nivel global.
En particular, a nivel local, está el tema de la seguridad pública: durante el primer semestre de 2019, los asesinatos con armas de fuego aumentaron 144 por ciento en el municipio, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Villarreal García reconoció que esto representa el periodo más violento de años recientes, aunque matizó que esta violencia se vive en todo el país y que como grupos criminales cambiaron sus actividades de financiación, que antes lograban con el robo de combustible, ahora cometen otros delitos, entre ellos, las extorsiones, que afectan lo mismo empresarios grandes, que pequeños, restauranteros, hoteleros o de otros servicios, que mantienen la mayoría de los empleos en San Miguel. Esto influyó en una disminución de 7 por ciento en la ocupación hotelera.
Para ello, el alcalde aseguró que se están cambiado los esquemas de seguridad y se mejoró la iluminación de la ciudad, algo que no ha beneficiado a los activistas de los “41 árboles”, quienes han denunciado que durante sus campamentos resguardando los recursos naturales de la avenida Guadalupe, las propias autoridades apagaban la luz del alambrado público mientras realizaban la obra, que se acercaba más y más a los árboles.
Hasta que los alcanzaron este fin de semana.
No sorprende la actitud sigilosa del gobierno de Luis Alberto Villarreal García, cuando él mismo, en julio pasado, desafió y agredió a dos reporteras que cubrían una protesta pacífica de policías, amedrentándolas para que dejaran de transmitir en vivo, con el argumento de que con su labor apoyaban a la delincuencia y no a la sociedad.
Las comunicadoras, pertenecientes al diario Sol del Bajío y al sitio digital News San Miguel, fueron, ambas, señaladas por el alcalde de que tenían qué elegir un bando: o acataban su orden de dejar de cubrir un supuesto “cambio de guardia” (negando que fuera una protesta) o seguían difudiendo mensajes de la delincuencia.
Asalto nocturno
Este domingo ya no quedaba más concreto en el camellón, sólo un grupo de las raíces bien fijas en la tierra.
A lo largo de la noche del domingo, varios funcionarios de Luis Alberto Villarreal buscaron convencer a los activistas de retirarse y permitir el retiro de los árboles, con la promesa de trasplante. Los inconformes no aceptaron irse, pero sí pidieron abrir el diálogo para el día siguiente.
Fue entonces que llegó la maquinaria de trascabo que rompió la tierra y extrajo el primer árbol.
Los activistas protestaron y sus líderes fueron detenidos minutos antes de la media noche, según cuenta News San Miguel.
A las dos de la mañana hubo un nuevo intento de “terminar el trabajo”, por parte de trabajadores de la empresa Egeo, apoyados por policías. Nuevamente se enfrentaron a los gritos de protesta
El chofer de la maquinaria abandonó el lugar. Según el municipio, el trabajador temía por su integridad física. Según los medioambientalistas, temía por su integridad moral, pues no habría aceptado trabajar mientras maltrataban a la gente. Lo cierto es que huyó. No hubo modo de seguir sacando árboles.
Una tercera manifestación se realizó a la una de la tarde y se extendió por varias horas, al pasar del jardín principal a la zona de conflicto, con la exigencia de liberar a los activistas.
Más y más gente se fue reuniendo.
Los negocios en el perímetro de la obra cerraron cerca de las 2 de la tarde, los ánimos estaban calentándose y sin embargo, la consigna de los activistas era defender de manera pacífica esos árboles, que para ellos representan más que un adorno, es un patrimonio para sus hijos, por ello han llevado a tantos niños a las protestas. Estos padres quieren mostrarles que vale la pena luchar por un medio ambiente sano.
Al lugar acudió, además del titular de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Jorge Ignacio Luna.
Fue el director de Gobierno, Francisco Correa Ruiz, a quien le han insistido que a nadie, especialmente a las autoridades, le conviene que haya incidentes de violencia en estas protestas. El funcionario coincidió, pero no hubo ningún acuerdo.
Se informó que pasadas las nueve de la noche se logró la liberación de los detenidos, que habían sido puestos a disposición ante la Dirección de Seguridad Pública. Trascendió que les hicieron firmar un convenio que les impide continuar con sus protestas en el lugar donde se encuentran los árboles por retirar, lo que podría resultar inconstitucional al coartar las libertades que consagran las leyes a los ciudadanos.
El movimiento presentó una propuesta alternativa a la obra de remodelación a Francisco Correa en el Ayuntamiento de San Miguel de Allende. “Se solicitó que se revisara y se diera una respuesta para trabajar en conjunto y llegar a un acuerdo para incluir los árboles ya existentes”.
“Seguimos en nuestra postura de no al trasplante innecesario”, concluyeron.
Cortesía de https://piedepagina.mx
