* Es la segunda incursión, después del allanamiento de los militares el 13 de octubre
* La Fiscalía rechaza que haya existido orden para la acción, y ordena retirar los sellos, que dijo que fueron falsificados
SANTIAGO HERRERA /
Acapulco, 7 de noviembre de 2017. Elementos de la Policía Ministerial, pusieron sellos y aseguraron el edificio de la Cooprera, ubicado en la calle Ejido, cerrándolo con un candado y una cadena, así como también a otros tres locales que son parte de la propiedad.
Alrededor de 20 policías ministeriales en tres vehículos, dos rotulados y uno sin rotular, se apostaron en los alrededores del perímetro del edificio, desalojaron tres locales sobre la calle Ejido que forman parte del mismo inmueble, y colocaron sellos de asegurado en las puertas, al igual que en la entrada principal del edificio, donde tienen sus oficinas el Frente Progresista Guerrerense (FPG).
De acuerdo con lo señalado por integrantes del FPG, quienes se encontraban en ese momento, elementos de la Policía Ministerial llegaron aproximadamente a las 11 de la mañana, con el argumento de que traían una orden para asegurar el edificio.
Señalaron que elementos de la ministerial, le pidieron a integrantes del FPG, que abrieran el candado y la cadena con la que ellos cierran la entrada, pero el dirigente del FPG, Eloy Cisneros Guillén se negó a hacerlo, porque los agentes no mostraron ninguna orden judicial, por lo que estos procedieron a colocar una segunda cadena para impedir el paso y después a colocar siete sellos de aseguramiento.
En declaraciones a la prensa, Cisneros Guillén señaló que los elementos “nunca nos han presentado esa orden, aquí nos dijeron que esta es una escritura, pero es una escritura seguramente ilegal, porque el juez civil de primera instancia resolvió que este edifico fuera administrado por el compañero Jorge Salas y en segunda instancia se volvió a ratificar que Jorge Salas tenía que estar al frente de este edificio”.
Cisneros Guillén sostuvo que durante todo el tiempo, ningún elemento ministerial mostró la orden emitida por un juez, para hacer legal el aseguramiento del inmueble y agregó que sólo le entregaron un documento en donde se les notifica que el nuevo dueño del edificio, responde a nombre de Esteban Arturo Fonseca Soto.
Sobre esto explicó que en octubre pasado militares allanaron el inmueble, sacaron a la gente que se encontraba en él y colocaron candados en una bodega. Esa ocasión se presentó diciéndose dueño un individuo que se identificó como hijo de Encarnación Ursúa, fundador de la Coprera, y ahora hay un segundo individuo que dice haberle comprado a Ursúa.
“Cuando vinieron los militares venía otro que se decía era dueño, ahora se dice que vienen los agentes ministeriales con otro dueño que ya le compró al anterior, todo es una farsa, desafortunadamente el compañero Jorge Salas que es el administrador, no está en estos momentos aquí en Guerrero porque tiene problemas de salud y está fuera de la entidad, él tiene los resolutivos de primera y de segunda instancia, donde se acredita como administrador de este edificio”, dijo Cisneros Guillén.
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Luego de unos minutos de haber colocados los sellos, los elementos ministeriales procedieron a retirarse en sus vehículos, al respecto, Cisneros Guillén expresó: “miren ustedes la ilegalidad que representan los ministeriales, tan pronto como vieron a la prensa se retiraron, ¿dónde están?”
Y aseguró que lo que buscan es “hostigarnos, con la finalidad de que dejemos el local y con la finalidad de desarticular, pero al contrario día con día vamos a fortalecernos más, sobre todo con estos hechos violan la constitución y violan la legalidad”.
En el tema legal, el dirigente del FPG, señaló que aún existe en trámite un amparo ante las autoridades, que evita que cualquier autoridad de cualquier instancia, pueda ingresar al edificio, por lo que dijo, esta irrupción es violatoria, y añadiendo, que nunca mostraron la orden expedida por un juez federal.
En el lugar también se encontraba Juan Carlos Manrique, consejero estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien responsabilizó “a las autoridades estatales, al fiscal, al gobernador, por cualquier cosa que le pase al profesor Eloy y a cualquiera de los compañeros del Frente, porque si ya nos preocupa esto, ya no es fortuito, ya es reiterativo, ya desalojaron a unos compañeros que por temor de ver a los policías ministeriales tuvieron que salir, dejando sus cosas adentros”.
Posteriormente, se presentó en el lugar el fiscal regional de Acapulco, Ricardo Quevedo, con nuevos policías ministeriales, y dijo que los sellos que habían colocado los anteriores eran apócrifos, por lo que procedería a retirarlos, y confirmó que no había ninguna orden para que los policías clausuraran el lugar ni para que lo desalojaran. Más tarde, se programó una reunión con los integrantes del Frente y el Fiscal General, Javier Olea Peláez, donde se le exigiría que abra una carpeta de investigación para que alguien responda por la falsificación de los sellos, el uso de equipo y personal oficial y, si fuera el caso, la usurpación de funciones.
