ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Ciudad de México, 24 de agosto de 2021.
Jacinto Romero Flores es el séptimo periodista asesinado en 109 días. Paralelo a esa mala noticia del jueves 19 de agosto circuló, más discretamente, la misma sospecha de la otras seis veces: “¡Fueron los pinches narcos!”. Es que la tipología de agresores ya cambió y es más mortal.
Esa sospecha y los reclamos de justicia llegaron a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, quien intuitivamente pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que revise la efectividad preventiva del Mecanismo Federal de Protección ante estas otras circunstancias.
Esa orden presidencial abre otra oportunidad para confirmar, lo que se ha insistido desde 2019: el modelo original del Mecanismo es reactivo, policial y con fuerza insuficiente para ser rector de políticas de Estado. Debe mejorar hasta convertirse en el eje que impulse un sistema nacional de protección, esencialmente preventivo.
¿Agresor más mortal?
La sospecha de que ahora la delincuencia organizada es el principal agresor contra periodistas y más violento cobró fuerza desde el 2 de mayo de 2021, cuando comenzó este otro fatídico ciclo contra la vida de periodistas.
- Mayo 2 / Benjamín Morales Hernández / Sonoyta, Sonora / Editor de Noticias Xonoidag y colaborador en varios digitales. Sonoyta es concéntrica de una región de Sonora plagada de traficantes de personas, de armas y de drogas.
- Junio 16 / Felipe Enrique García García / Barrio de San Sebastián en Metepec, Estado de México / Ex comunicador gubernamental, ex reportero. Sufrió secuestro durante un servicio como chofer de Didi y lo encontraron asesinado.
- Junio 17 / Gustavo Sánchez Cabrera / Tehuantepec, Oaxaca / Editor de Policiaca del Istmo / Había sido beneficiario reciente de protección estatal y federal por amenazas de grupos de delincuencia organizada.
- Junio 23 / Saúl Tijerina Rentería / Ciudad Acuña, Coahuila / Colaborador de Noticias Digitales de Acuña. Este municipio fronterizo, junto a Piedras Negras, se ha convertido en un espacio crítico por traficantes de personas.
- Julio 19 / Abraham Mendoza Mendoza / Morelia, Michoacán / Conductor del programa Observatorio de la Universidad Vasco de Quiroga. En horas, tres presuntos sicarios oriundos de Ciudad Guzmán Jalisco fueron detenidos en posesión de armas de alto poder.
- Julio 22 / Ricardo Domínguez López / Guaymas, Son. / Director del portal Infoguaymas. Cuatro meses antes denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) ser víctima de amenazas y hostigamientos provenientes de grupos criminales.
- Agosto 19 / Jacinto Romero Flores / Ixtaczoquitlán, Veracruz / Reportero y locutor en Ori Stereo. En varias notas se informó que fue atacado a tiros en la zona montañosa central, donde hay una alta incidencia de bandas del narcotráfico.
Las limitantes del mecanismo
Cada que ocurren estos crímenes y sus secuelas transcurren las mismas escenas: se da la noticia, aparecen reacciones de condenas, se responsabiliza de poca o nula efectividad a los gobiernos locales y al federal, estos ofrecen investigar y castigar. Las víctimas se convierten en estadísticas y se enfría el ambiente. Así, hasta el otro asesinato.
Nada parece poder frenar esta infausta época de México que ya cumple 40 años y que convirtió a México en uno de los peores lugares para ser periodista. La impunidad sigue al alza y luego vienen otros ciclos de agresiones y asesinatos.
Y cada vez, se responsabiliza al mecanismo federal de protección. La oposición política lo hace por dolo propagandístico y hasta culpan a todo el gobierno de los crímenes, como si desde allí se ordenara disparar las armas.
Pero otros críticos tienen razones legítimas para señalar que los retos del Mecanismo son más grandes que sus capacidades y que sufre de tres grandes oquedades. La revisión que ordenó el presidente tendrá que mostrar estas debilidades actuales del Mecanismo:
- Que opera con déficit de recursos financieros y humanos ante las crecientes demandas de protección;
- Que carece de fuerza legal y política suficientes para hacer que asuman sus responsabilidades de prevenir y proteger los gobiernos de los estados, las fiscalías estatales, las empresas de prensa e incluso entre los propios periodistas que no adoptan medidas de autoprotección y solidaridad mutua.
- Que por esas y otras limitantes dentro del equipo operador del Mecanismo no se ha podido diseñar e implementar un programa efectivo de prevención que incluya homogenizar metodologías (con académicos, organizaciones civiles e instancias de seguridad y justicia) para elaborar perfiles de las y los periodistas más vulnerables, mapas de riesgos muy altos, tipologías de potenciales agresores. Esto es prever para prevenir.
Medidas posibles
Lo que sentaría bases legales para comenzar el desarrollo de un sistema nacional de protección integral es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que reformó la Cámara de Diputados desde el 3 de diciembre de 2020. Esa ley espera que en la Cámara de Senadores haya suficiente sensibilidad para validarla y hasta mejorarla.
Se insiste en eso porque esa ley debería darle más fuerza al Mecanismo federal en dos sentidos: para que desde la Secretaría de Gobernación se convierta en el eje rector de políticas públicas y de coordinación con otras secretarías federales e instancias de seguridad y de justicia. Igual le garantizaría al Mecanismo federal su presupuesto anual para ampliar los equipos humanos suficientes para la nueva etapa.
Y más importante todavía es que esa ley facultaría al Mecanismo y la Secretaría de Gobernación para iniciar procedimientos de sanciones civiles, penales o administrativas a los gobiernos estatales y municipales cuando incumplan los convenios de coordinación para proteger periodistas y defensores.
Todo esto sería un avance para que el gobierno federal inicie inercias con las empresas de prensa y hasta para incentivar a periodistas para que se convoquen a formar una red efectiva de autoprotección y de reacción rápida ante amenazas.
De esto último el subsecretario Alejandro Encinas recibió, hace varios meses, la proposición de un plan nacional de prevención cuyo eje es reducir sus vulnerabilidades profesionales, legales, sociales y hasta organizativas de periodistas. Ese plan, por su sentido general también sentaría bases para desarrollar ese necesario sistema nacional de protección integral para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, esencialmente preventivo. El modelo actual tiene que cambiar.
