* “No vale la pena matar a alguien por la elección”, dicen PRD, PAN y MC
* Según el gobierno, el asesinato ocurrió “en una notaría”
* El sábado pasado hubo un intento de allanamiento, denuncian los dirigentes
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 13 de junio de 2018. El asesinato la madrugada de este martes, del guardia de seguridad Noé Rivera Hernández, en unas oficinas de la coalición Todos por Guerrero, en plena avenida costera Miguel Alemán, ha enturbiado el proceso electoral en Acapulco.
De entrada, ha polarizado la posición entre los partidos coaligados –PRD, PAN, y MC- y el gobierno de Héctor Astudillo y el PRI.
Todo comenzó días antes del asesinato. De acuerdo con la relación de hechos del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Barrientos, esas oficinas habían sido atacadas en una primera ocasión el sábado pasado, también en la madrugada, por individuos que intentaron echar abajo las cerraduras pero que no lograron su objetivo.
Como respuesta, los tres partidos coaligados decidieron poner protección en el espacio. Para ello comisionaron a Rivera Hernández, un hombre de 70 años, empleado de la empresa Jobamex, para cuidarlo. En la conferencia de prensa que dieron los dirigentes de los tres partidos el martes, Barrientos, Luis Walton y Marco Antonio Maganda, ninguno quiso aceptar que la víctima era trabajador de Jobamex, hasta que horas más tarde el gobierno del estado en un comunicado hizo público el dato.
El vigilante fue hallado en las primeras horas del sábado. Estaba atado de las manos con cinta canela y fue degollado. Según la versión del gobierno de estado, junto a él se encontró un machete y una segueta.
Las oficinas se ubican en plena costera, a un lado del restaurante El Faro, que pertenece a su vez al hotel Elcano. En ese mismo edificio se localizan las oficinas del notario público Jorge Ochoa Jiménez, quien es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, y ex candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco.
No obstante que los tres dirigentes partidistas ya habían hecho público poco después del mediodía que la coalición integrada por ellos utilizaba esas oficinas, el gobierno del estado en su boletín habló de un “robo” a una notaría, sin mencionar ni en una línea a la coalición tripartidista.
Hay versiones, no confirmadas oficialmente, que junto al cuerpo del velador había unas cartulinas con mensaje, aunque Barrientos en su conferencia de prensa dijo que los atacantes no habían dejado nada.
La vinculación política
Aunque no acusaron a nadie en particular, los tres dirigentes acusaron que el asesinato tuvo móviles políticos, y denunciaron que la situación que se está viviendo en el proceso es similar a la que ocurrió en 2008 cuando Luis Walton fue candidato a la alcaldía y perdió. Esa ocasión, recordó el propio Walton, hubo una campaña de miedo, que incluyó la presencia de los llamados “hombres de negro” que se aparecieron en la jornada electoral y en algunos momentos claves del proceso, para generar conatos de violencia.
“Este es el inicio de las campañas que tradicionalmente ha hecho el partido en el gobierno, lo vivimos en 2008, hoy es el inicio del trabajo que sabe hacer siempre este partido en el poder”, señaló Barrientos. “Yo creo que no vale la pena (quitar) la vida de una persona en un proceso electoral, el utilizar o querer tener información de nuestros partidos coaligados a costa de la vida de un ser humano; yo creo que no es lo que Guerrero se merece”, remarcó.
Maganda Villalba, dijo que este asesinato es responsabilidad de quienes quieren impedir el triunfo de la coalición (a la que hasta sus integrantes llaman El Frente), pero “no nos van a doblar, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a ganarle a aquellos que de una manera lamentable, están atentando contra la vida”.
Walton a su vez exigió al gobierno del estado una investigación, y pidió que no se repitan estos hechos. “Queremos que haya una elección limpia, queremos que llegue a presidente de la República quien el pueblo quiera, que lleguen a senadores quienes el pueblo quiera, a diputado federales y locales y presidentes municipales”, dijo.
El candidato a alcalde, Joaquín Badillo Escamilla, quien se encontraba dando una plática en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano (Iiepa-Ima), reaccionó con una condena y calificó el allanamiento de las oficinas y el asesinato del trabajador como “un hecho grave y preocupante” y dijo que fue un acto de intimidación para la campaña de la coalición.
Por la tarde, el dirigente municipal del PRI, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, en una conferencia de prensa responsabilizó al alcalde Evodio Velázquez Aguirre del asesinato del velador y el asalto a las oficinas de la coalición, ya que dijo que es responsabilidad de la policía municipal prevenir la comisión de los delitos.
La muerte de Rivera Hernández ocurrió en el contexto de una serie de denuncias por el manejo de la campaña política y la incursión del gobierno del estado. El propio Joaquín Badillo denunció el miércoles anterior, al asistir como invitado al Grupo Aca, que los programas federales Prospera, Comedores Comunitarios y Piso Firme, que opera el gobierno del estado, están siendo utilizados para coaccionar el voto en favor de los candidatos del PRI.
Lo mismo hizo la coalición Juntos Haremos Historia, encabezados por su candidata Adela Román Ocampo, quien en los mismos días denunció el uso de estos programas para amenazar a la gente a fin de que no acuda a los eventos de Morena y para atraerlos al PRI.
El viernes, en Marquelia, fueron detenidos tres camiones llenos de despensa que los gobiernos municipales a los que supuestamente iban dirigidos, no supieron explicar.
El domingo, la dirigencia estatal de Morena, en Acapulco, y la candidata al Senado, del PRD, Beatriz Mojica Morga, denunciaron que desde el gobierno del estado se están utilizando cuentas oficiales para denostar a los candidatos de ambas coaliciones.
