- Las autoridades conocen qué grupos delictivos operan en Acapulco pero no los tocan, acusan. Exigen justicia, protección y atención médica de calidad
REDACCIÓN /
Acapulco, 19 de abril de 2025. Los mismos grupos delictivos que desaparecieron en 2021 a Vicente Iván Suástegui Muñoz son quienes atentaron a balazos contra su hermano, Marco Antonio Suástegui Muñoz, la noche del viernes en la playa Icacos, denunciaron más de 80 organizaciones no gubernamentales, colectivos y defensores de derechos humanos.
“Las autoridades saben de dónde vienen las agresiones recientes contra el líder campesino. Militares, Fiscalía y gobierno del estado tienen un mapeo claro de los territorios donde operan los grupos delictivos en Acapulco y no hacen nada para desmantelarlos”, señala el comunicado conjunto.
Marco Antonio Suástegui, ex dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), fue baleado la noche del 18 de abril cuando salía de su trabajo como prestador de servicios turísticos en la playa. De acuerdo con los firmantes, esta agresión “no es consecuencia de la violencia irracional del hampa”, sino “la continuidad de una represión sistemática” contra el defensor del territorio y el agua en Cacahuatepec.
Las organizaciones recordaron que en agosto de 2021 fue desaparecido su hermano Vicente Iván y que, aunque se ha identificado a los responsables, las autoridades no han actuado. “Las investigaciones apuntan a que fueron integrantes del grupo delictivo que opera en la zona de Tres Palos y alrededores”, subrayan. “A pesar de que los cabecillas están identificados, a la fecha no han sido detenidos”.
Entre los firmantes destacan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Prodh, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), y madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En total, suscriben el pronunciamiento 87 organizaciones de 23 estados del país.
Las organizaciones exigieron atención médica de calidad para Marco Antonio Suástegui, protección efectiva para él y su familia, y una investigación imparcial que derive en sanciones para los responsables del atentado.
También criticaron la falta de acción ante las amenazas que el líder campesino venía recibiendo desde 2024. “En numerosas ocasiones pidió a las autoridades protección porque peligraba su vida”, dicen. La CIDH otorgó medidas cautelares a la familia Suástegui, incluyendo a Marco Antonio, pero el gobierno mexicano “nunca las implementó de manera efectiva”. El Mecanismo de Protección sólo le proporcionó “un teléfono satelital y un botón de pánico”, lo cual fue insuficiente.
“Las autoridades fueron omisas para implementar medidas de protección a favor del líder campesino, pese a que tenían conocimiento de las amenazas que enfrentaba. Soslayaron deliberadamente los riesgos”, sentencia el comunicado.
