ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 19 de agosto de 2022.
El subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, y presidente de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, fue muy claro al fijar su posición: no hay ningún punto de semejanza entre las conclusiones presentadas por el órgano a su cargo y la llamada Verdad Histórica de Jesús Murillo Karam en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Sin duda tenía razón, pero solo en parte, pues si bien la Comisión presenta conclusiones muy distintas, hay un elemento que une a las dos versiones: los estudiantes no solo están desaparecidos, están también muertos.
Esa es la parte -central, por cierto- en la que coinciden él y Murillo Karam, este último detenido ayer precisamente por la creación de esa verdad histórica. Y es que son, en verdad, dos investigaciones muy distintas. La de Murillo Karam construyó la muerte de los normalistas a través de declaraciones obtenidas bajo tortura y con inventos flagrantes, como su incineración en el basurero de Cocula, o sembrando pruebas como ocurrió en el Río San Juan, con el objetivo visible (pero tal vez no el único) de encubrir la colusión de autoridades de todos los órdenes de gobierno con el grupo criminal Guerreros Unidos para desaparecer a los normalistas.
La versión que da ahora la Comisión de la Verdad camina justamente en sentido contrario. Aunque coincide en el asesinato de los jóvenes, desmenuza la responsabilidad de autoridades de todos los niveles, por omisión o por participación, desnuda el papel del Ejército en los hechos de la noche negra de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, evidencia el vínculo autoridad-delincuentes, y concluye sin ambages que lo ocurrido fue un crimen de Estado.
Al revés de la Verdad Histórica, que cerró el caso apenas se formuló, la investigación encabezada por Encinas no lo da por terminado. Pese a sus conclusiones, esto apenas empieza. Hay 33 órdenes de aprehensión contra altos ex funcionarios -excluido solamente el ex presidente Enrique Peña Nieto- y la primera en cumplimentarse fue precisamente contra Murillo Karam.
Nada dijo Encinas sobre la identidad de estos funcionarios señalados, pero, dada su insistencia en que son de muy alto nivel, vale la pena preguntarse si estarían entre esos nombres el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero; el actual secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y en ese tiempo responsable de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; o el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco; entre otros.
Hay razones para que se preocupen estos personajes porque, aunque, como ha dicho en reiteradas ocasiones el ex gobernador guerrerense, no había elementos que los implicaran judicialmente en el caso, lo cierto es que el relato de los hechos ha cambiado, y con ello también las posibilidades de que se inicie un proceso en su contra.
Por lo demás, hay que destacar la trascendencia de la investigación que se ha llevado a cabo a cargo de la Comisión de la Verdad (su nombre es más extenso, lo simplificaremos de esta manera). Es la primera vez que desde un órgano creado por el Estado se concluye que se cometió un crimen de Estado.
Necesariamente, las conclusiones de la Comisión van a tener que apuntar para otros lados, inclusive fuera del propio caso Ayotzinapa. Por ejemplo, ha quedado oficialmente al descubierto la colusión -siempre señalada pero negada desde el gobierno- entre mandos castrenses y policiales con las organizaciones criminales.
¿Hacia dónde apunta la existencia del mando único que coordinó a soldados, policías federales, policías estatales y municipales, así como sicarios y halcones en la operación criminal? Todos los indicios hablan de un personaje invisible ya señalado desde las primeras indagatorias como El Patrón y ahora ubicado genéricamente como el “mando central”. ¿Es creíble que todos los testigos, los detenidos, los documentos, hablen de todo, menos de este personaje?
Dijo Encinas que continuará la búsqueda de los estudiantes -sus restos, ha de entenderse, si se asume que fueron asesinados-, y, como su versión no tiene carácter judicial, la Fiscalía General de la República tendrá oportunidad de ampliar las investigaciones y posible implicación de más ex funcionarios involucrados.
El Ejército, a su vez, fue puesto en la mira. No solo es la participación de sus elementos durante los hechos de la noche del 26 de septiembre, sino la infiltración de los normalistas, y luego el abandono de su soldado que iba entre los estudiantes. Dijo Encinas que, de haberlo buscado, aplicando el protocolo de búsqueda de soldados desaparecidos, podría haberse evitado la desaparición y asesinato de los 43.
Pero para el Ejército también es una oportunidad de oro. Es la oportunidad de mandar el mensaje de que las cosas en su interior han cambiado, justo en el momento en que su participación en varios ámbitos de la vida nacional está siendo cuestionada. Exhibir y desmantelar la red de complicidades con la delincuencia, y castigarla, sin duda, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, fortalece, no debilita a la institución.
Al final, el gobierno de la República lanza un mensaje de esperanza: los crímenes de Estado pueden ser investigados y sancionados. Hay una larga lista de casos que están esperando su turno.
