JOSÉ CARLOS LUQUE BRAZÁN /
Ciudad de México, 04 de abril de 2023.
Ya ha pasado el tiempo suficiente para hacer un corte de caja sobre los acontecimientos que determinaron la muerte de 39 migrantes en tránsito al interior de un edifico del Instituto Nacional de Migraciones en Ciudad Juárez, las consecuencias políticas e institucionales para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política migratoria interna. Pero para ello es medular establecer qué ha cambiado en este sexenio con relación a los otros sexenios y para ello hay que remontarse a la década de los noventa del siglo pasado.
Eran los años del Fobaproa, de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y de la rebeldía zapatista en contra de la creciente hegemonía neoliberal impuesta por el fraudulento (dicen muchos), gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En esos años, los y las inmigrantes no eran un asunto de interés para las organizaciones criminales y estos cárteles no tenían aún la importancia que adquirieron durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2006), y la cuestionada gestión de su súper policía García Luna. Los migrantes hasta fines de los noventas no estaban en el menú de los intereses del crimen organizado, de vez en cuando se veían algunos funcionarios del Instituto Nacional de Migraciones (INM), por la frontera sur, pidiendo algunos sobornos a los migrantes en compañía de policías municipales, pero los cárteles del crimen organizado se interesaban más en otros asuntos más redituables: el secuestro de personas de clase media y alta; el narcotráfico, y la trata de personas para la prostitución. En aquellos tiempos, los migrantes eran demasiado pobres para ser molestados, en aquellos años los migrantes no eran de interés para el crimen organizado.
Sin embargo, a inicios del milenio se dieron dos hechos importantes: 1. La llegada de la alternancia democrática en México en 2000, cuyo protagonista fue Vicente Fox, y; 2. La fortificación militar de la frontera con Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. La confluencia de estos dos factores se mezcló con otra variable, el crecimiento exponencial de los carteles del crimen organizado y su visión sobre los migrantes nacionales y en tránsito hacia los Estados Unidos. Ello movió todo el mapa delincuencial y generó múltiples tipos de vínculos entre diversos funcionarios públicos y políticos con representantes de los carteles del crimen organizado en México y en ello fue seguramente fundamental el papel del súper policía García Luna, condenado recientemente a cadena perpetua por narcotráfico en los Estados Unidos. Los niveles de corrupción de los funcionarios del INM y de otras instituciones públicas como los tribunales de justicia y de las fuerzas policiales aumentaron notablemente, un cambio dramático estaba en marcha. Importantes espacios institucionales y territoriales fueron tomados literalmente por el crimen organizado. El sexenio de Vicente Fox (2000-2006), fue básicamente un período de transición. Lo duro y tupido vino durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), fueron los años de plenitud del súper policía Genaro García Luna, de la llamada guerra sin cuartel contra el crimen organizado, guerra que ahora sabemos contó con la producción mediática de Televisa y la dirección política de García Luna.
Por eso, es estratégico señalar que, en el año 2006, en los inicios del gobierno de Felipe Calderón, existían cuatro grandes carteles de narcotráfico: Los Carteles de Sinaloa, Juárez, el Golfo y la Familia Michoacana. Hoy en día existen por lo menos 12 carteles y 20 bandas locales y los migrantes ya son parte de sus negocios y en consecuencia han sido una de sus principales fuentes de ingresos.
En ese sexenio surgieron los Zetas, uno de los principales carteles criminales mexicanos de los últimos 18 años. Aparecieron a fines de la década de los noventas del siglo pasado y se expandieron por todo el territorio a lo largo de la primera década del siglo XXI. Ellos fueron los que se interesaron en controlar y saquear a los migrantes que ingresaban por la frontera sur con Guatemala. En el año 2010, 76 migrantes de Centroamérica y Suramérica fueron secuestrados por el Cartel de los Zetas. El objetivo era cobrar rescates por ellos y ellas o reclutarlos en sus filas. Los migrantes no pudieron pagar el rescate y tampoco aceptaron ser reclutados por sus secuestradores, entonces fueron asesinados y enterradas en fosas comunes en San Fernando, Tamaulipas. De ello no se sabría mucho sin las declaraciones de uno de los sobrevivientes. Un migrante ecuatoriano logró escapar de la matanza y pudo obtener el apoyo de miembros de la Marina de Guerra de México, fue él quien realizó las denuncias que permitieron conocer esta masacre (Mileno Digital, 2014).
El giro hacia los migrantes como el negocio perfecto, se dio dramáticamente entre los años 2006 y 2018 ya que con Peña Nieto no paró. En aquellos años, “la Bestia”, el tren en el que se suben los migrantes para trasladarse hacia la frontera norte, se trasformó en el lugar perfecto para hacer dinero. Alrededor de ella se creó incluso toda una división social del trabajo delincuencial. Surgieron así: Operadores, halcones, administradores, sicarios. Toda una burocracia del crimen y sus víctimas: Los migrantes, de toda edad, género y grupo étnico. Las mujeres migrantes (la mayoría de ellas centroamericanas), incluso inventaron una nueva definición para sus cuerpos. Los denominaron “cuerpomáticos”, su tarjeta de crédito biológica para seguir avanzando en el trayecto hacía la frontera norte, extorsionados, secuestrados, los migrantes eran exprimidos en cuerpo y alma por los sicarios y los funcionarios del INM. Al final de cuentas a lo largo del camino hay varias agencias de Western Union para cobrar las cuotas respectivas. Era el punto de encuentro entre el capitalismo neoliberal y el capitalismo chupacabras de la mafia en el poder en esos años en México (2000-2018).
La llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ha significado cambios y permanencias en el tratamiento de sus derechos humanos y en las características del fenómeno migratorio en tránsito hacia los Estados Unidos, para empezar el crimen organizado ha ido perdiendo espacios, las y los migrantes se han congregado en caravanas para moverse más protegidos y han llegado en mayores cantidades a la frontera norte, la composición ha cambiado en parte, hay más venezolanos, centroamericanos y ecuatorianos además de haitianos, por otro lado se observa una sociedad civil pro migrantes más activa que han instalado casas de acogida, comedores y oficinas de apoyo legal, sin embargo esta la presión de los gobiernos estadunidenses por imponer al gobierno mexicano una política migratoria basada en el control de fronteras y la securitización y justo aquí entra el nodo central de la tragedia de los 39 migrantes que murieron quemados en las instalaciones carcelarias del INM en Ciudad Juárez.
Dichas instalaciones se encontraban en manos de una empresa de seguridad contratada por esta institución la cual a su vez estaba encargada de la seguridad para lo cual contaba con un reducido grupo de “guardias de seguridad privados”. El contrato se realizó durante la actual administración del Comisionado Garduño en el INM y lo que ha salido a relucir es que este era un contrato plagado de irregularidades y corrupción, ergo, los policías privados que no abrieron las rejas a los migrantes encarcelados no estaban capacitados y ni tampoco entrenados. Pero falta un detalle en el cuadro que estamos describiendo, ¿Por qué fueron detenidos los migrantes?, pues a solicitud del alcalde de Ciudad Juárez, quién desde hace meses quería poner en orden a los migrantes.
La tragedia ha sido enfrentada por el gobierno frontalmente, el presidente de México, hizo un viaje de urgencia a Ciudad Juárez, las decenas de heridos están siendo atendidos en hospitales públicos y el ejecutivo le encargó a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, una investigación al respecto que nos ha permitido visualizar el entramado de corrupción que determinó esta tragedia.
Una de las primeras conclusiones que podemos sacar por ahora es el próximo fin del Instituto Nacional de Migración y el correspondiente e inexorable cese de funciones del Comisionado Garduño, otro elemento importante es la responsabilidad de la empresa de seguridad privada CAMSA, contratada por el INM, finalmente al parecer se está pensando en un rediseño institucional construido desde otra concepción de la actual política migratoria, lo cual será muy difícil de hacer debido a la influencia de nuestro vecino del norte, los Estados Unidos de América. Mientras tanto sólo nos queda seguir adelante como los migrantes, porque migrar es un derecho.
Analista político y consultor internacional: Jose.luque@uacm.edu.mx
