ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 27 de octubre de 2021.
En el mega fraude cometido contra trabajadores acreditados en el Infonavit, Fovissste e Issfam, que adquirieron una vivienda en la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, parece evidente la responsabilidad de la empresa Opción Paquimé SA de CV, propiedad de Roberto Malvido Arriaga y Hugo Alberto Cuesta Escobar.
La mala calidad de la construcción de estos 177 edificios es corroborada por todas las instancias, públicas y privadas, que han revisado los inmuebles después del sismo del 7 de septiembre.
Donde debería haber 23 varillas soportando las paredes, solo había 12; donde hay un hueco en el tabique que debería estar relleno de cemento, para afianzar las varillas, no se rellenó; hay escaleras empotradas en los edificios que generan golpeteo en caso de sismo, escaleras voladas de más de cinco metros que no tienen ningún soporte; donde debería haber refuerzo metálico a cada dos hiladas de tabiques, los hay a cada cuatro; entre otras irregularidades, encontró Protección Civil estatal. Además -esto lo detectó Roberto Arroyo Matus, en una revisión particular, encargada por la empresa-, los tabiques que se utilizaron para construir los 177 edificios, son extremadamente lisos en su superficie y eso genera desplazamientos en los muros cuando hay un sismo.
Se entiende que, por ahorrarse un dinero, o por descuido, la empresa puso en riesgo la vida de muchas personas.
Sin embargo, hay un personaje al que nadie parece estar mirando, y que normalmente en estos casos pasa desapercibido. Es el Director Responsable de Obra (DRO). Este perito es el especialista que se responsabiliza precisamente de que la construcción garantice su viabilidad y, por ende, la vida de las personas.
De la información que publica la Secretaría de Protección Civil estatal en el caso de Cantaluna, no se logra concluir quién fue el director responsable de obra, pero sí quién hizo la memoria de cálculo. Se trata del ingeniero Pedro Pablo Gutiérrez López, que al momento de firmarla era DRO número 179, según el dictamen que elaboró la dependencia (que por error lo consigna como Ramírez López).
El Consejo Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), emitió una opinión técnica con el folio SSPC/CENAPRED/DG/01048/2021 sobre ese cálculo, y establece que los daños se originaron por la interacción entre consideraciones de diseño no adecuadas, y una construcción deficiente. El Cenapred pone unos datos del mal cálculo: por ejemplo, que se usó un diseño simplificado para mampostería de los años 70 y cargas vivas con base en el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México de esos años (15 anteriores al sismo de 1985); y que para el coeficiente sísmico se usó una medición que es válida para construcción con muros confinados con castillos y dalas, pero no en el tipo que se empleó en Cantaluna, sin castillos. Y otros más.
La memoria de cálculo es el documento básico de la construcción; sin ella, los arquitectos o ingenieros no pueden construir nada. Por eso es un Director Responsable de Obra el encargado de hacerla, porque es responsable de lo que se construye, en lo que se refiere en este caso a concreto y metal. Varillas y cemento.
A los pocos días del sismo, apareció en Cantaluna un arquitecto que ofreció vender a los condóminos un dictamen que les permitiría demandar a la empresa. Se trata de Pablo Gutiérrez Añorve, hijo del DRO que hizo la cuestionada memoria de cálculo. Les ofrecía dictámenes de 5 mil pesos por edificio a condición de que se organizaran para que él los hiciera todos. Su oferta: que él había hecho la memoria de cálculo (de la que la empresa se había apartado) y por tanto conocía cómo estaba todo en Cantaluna.
Este miércoles, un día después de que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, visitó Cantaluna, llegó el personal especializado de esa dependencia. Antes de que comenzaran su trabajo, Gutiérrez Añorve se presentó con ellos. Les dijo que él con su padre había hecho la memoria de cálculo, y les ofreció que, para que no tuvieran que revisar por su cuenta todos los edificios, él les proporcionaría la información, que ya tenía disponible. Se ahorrarían así un buen trabajo.
Este caso, sin embargo, saca a la luz la forma de operar de estos personajes que deberían ser las personas con mayor estatura moral y profesional, pero que, en algunos casos, dejan mucho que desear. Cuando ocurrieron las inundaciones en la zona Diamante, se habló de llegar a fondo respecto a quiénes habían autorizado las licencias de construcción, pero nada se dijo de los directores responsables de obra, que levantaron las viviendas en zonas de humedales.
En el país, las cosas van cambiando poco a poco. El DRO que construyó el colegio Rebsamen, derrumbado por el sismo de 2017, que causó varias muertes, fue condenado a más de 100 años de prisión; y los bomberos que certificaron la idoneidad del local de la Guardería ABC, están sujetos a proceso.
Cuando un DRO ve que el constructor se aparta de lo que planteó en su memoria de cálculo, como en Cantaluna, está obligado legalmente a denunciarlo al municipio, para que se retire la licencia de construcción. No hacerlo es un delito. Pablo Gutiérrez Añorve no debería andar como coadyuvante de los especialistas del Sistema Nacional de Protección Civil, debería estar siendo imputado penalmente.
