* Plantean los pueblos la necesidad de reimpulsar la lucha para liberar a sus compañeros presos
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 25 de febrero de 2018. La mujer tiene una edad indefinida: su rostro muestra arrugas y deterioro por el sol y el polvo, su pelo exhibe algunas canas, sus ropas están gastadas, pero su voz es firme.
-No tenemos miedo, si vamos a morir, pues que sea.
Su postura es refrendada por otra de las mujeres presentes en la reunión, bajo la sombra de un árbol de mango, a un lado del campo de futbol en el poblado Oaxaquilla.
-Con lo que pasó en la concepción perdimos el miedo; si no me cayó el azúcar entonces, nunca me va a caer –dice su compañera.
Las dos mujeres hacen referencia a la irrupción de alrededor de 200 policías el 7 de enero pasado en la comunidad de la Concepción, la cual mató a tres policías comunitarios y detuvo a 25 así como a los líderes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz, en la que ambas estuvieron presentes. El exceso de la fuerza utilizada por las corporaciones que participaron en ese hecho –la Policía Estatal, la Policía Federal y la Policía Ministerial- ha sido condenado por la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y otras organizaciones internacionales y nacionales.
Esta es la quinta reunión semanal que, después de esa acción policial, los comuneros realizan, en un afán por reorganizar sus fuerzas y mantener viva la lucha que han mantenido durante 15 años en oposición a la presa La Parota, que el gobierno federal intenta construir en esta zona desde 2003.
En esta ocasión participan representantes de 10 pueblos: Oaxaquilla, La Concepción, Cruces de Cacahuatepec, Rancho Las Marías, Aguacaliente, Ilamos, Guamuchitos, El Cantón, Salsipuedes, Amatillo.
“La lucha tiene que seguir porque nuestros compañeros no están en casa, están en cautiverio”, dice uno de los organizadores del encuentro, quien llevan en esta ocasión la asamblea.
Desde que detuvieron a Marco Antonio Suástegui y a su hermano Vicente, el Cecop se quedó sin líderes visibles, pero la organización horizontal que en estos años han construido les ha permitido continuar sus actividades, aunque persiste cierto temor entre los campesino por el asedio a que han sido sometidos.
El año pasado, el 8 de marzo, en La Concepción, donde tenía su bastión más fuerte el Cecop, y donde estaba asentada la Policía Comunitaria –dependiente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán, amparada en la Ley 701 de reconocimiento y cultura indígenas-, llegó un contingente de la Policía Ciudadana de la Upoeg, llevado por un grupo de comisarios afines al proyecto de la presa y asesorados por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado. Desde esa fecha, la Upoeg se instaló en Aguacaliente, en Rancho Las Marías y en Amatillo, desde donde intentó controlar el acceso a los bienes comunales de Cacahuatepec, el área de conflicto por la presa. Sin embargo, la Upoeg tuvo que salir de la zona cuando más tarde sus elementos asesinaron –sin que haya una explicación hasta la fecha- a una familia compuesta por mujeres, niños y adultos mayores, en el interior de una vivienda en San Pedro Cacahuatepec.
Luego vino la detención, por parte de la Policía Comunitaria, de un individuo que declaró haber sido contratado para asesinar a Marco Antonio Suástegui, un enfrentamiento entre policías comunitarios y gente del comisario priista de La Concepción, que generó seis muertos, y finalmente el operativo policial que culminó con la liberación del autodeclarado sicario, por parte de las corporaciones policiacas del Estado, el 7 de enero.
En ese contexto se han venido reuniendo los integrantes del Cecop. Desde el 7 de enero, la Policía Estatal ocupa el inmueble donde la Policía Comunitaria tenía su comandancia en La Concepción, y esta ha sido desterrada de ese pueblo, pero en otros continúa activa, pues su actividad es legal y reconocida por la Ley y las propias autoridades. En Guamuchito, por ejemplo, fue comisionada para resguardar la seguridad durante la feria patronal.
Por eso las sesiones del Cecop –que se realizan cada semana desde hace 15 años- se tuvieron que reanudar en un pueblo distinto cada vez, lo que por otra parte les permite el acercamiento con cada comunidad.
La primera se realizó en Amatillo, también a la sombra de un árbol de mango, aunque fueron pocas las personas que asistieron en esa ocasión; luego fue en Guamuchitos, en la comisaría, después en Los Ilamos, luego en Cruces de Cacahuatepec, y ahora en Oaxaquilla.
La próxima reunión se realizará en la comunidad de Aguacaliente, que fue durante mucho tiempo la sede del movimiento opositor a la presa La Parota, y que ahora es controlado por un comisario priista que llevó ahí a la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) con el fin de desmantelar a la Policía Comunitaria de la CRAC que acompaña al Cecop.
En las asambleas hablan de sus compañeros presos y cómo sacarlos de la cárcel y de la reorganización del Cecop, y de cómo la lucha contra la presa no ha terminado. Ya hay versiones de que el gobierno se prepara para construirla ahora con otro nombre. Y los gravilleros, empresarios que explotan irracionalmente la grava del río Papagayo, a los que habían logrado sacar legalmente, mediante juicios agrarios, han empezado a regresar a sus actividades, con el apoyo de la Policía Estatal y de algunos comisarios priistas, pese a que existen sentencias judiciales que se lo prohíben.
Solo la lucha, insisten, permitirá liberar a sus compañeros, y volver a sacar a los gravilleros. “Solo así los vamos a parar, pero claro, vamos a morir, y el gobierno nos va a meter presos”, dice en la asamblea un campesino.
Han pasado 15 años desde que comenzó el conflicto, cuando la Comisión Federal de Electricidad hizo los primeros intentos para construir la presa, e incluso construyó una casa muestra para enseñarles a los campesinos cómo serían las viviendas donde los reubicarían, pero nunca les dijo, hasta la fecha, en qué pueblo o ciudad construirían esas casas cuando la zona se inundara.
“Si tenemos que morir, vamos a morir”, dice uno de los campesinos bajo el árbol de mango.
Y hay consenso. Nadie lo rebate. Es igual como hace 15 años.
