- La presidenta firmó un decreto que devuelve el control mayoritario de CFE y Pemex a la nación, y anunció una reducción adicional de costos gubernamentales del 5% como parte de una política de austeridad republicana
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 30 de octubre de 2024. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó ayer el decreto que devuelve el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a manos del pueblo mexicano, tras la reciente aprobación de la reforma energética en el Congreso. Además, la mandataria anunció una reducción de 5% adicional en el costo del gobierno federal al pueblo, medida que enviará hoy al Congreso para su modificación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
En su declaración, Sheinbaum subrayó la importancia de esta reforma como “fundamental para el desarrollo nacional” y destacó que tanto Pemex como CFE serán empresas públicas comprometidas con brindar servicios y combustibles a precios accesibles para toda la población, bajo un modelo eficiente. Esta modificación constitucional mantendrá un espacio para la inversión privada, que será regulada con mayor transparencia y orden en las leyes secundarias.
Además de este paso hacia una mayor soberanía energética, Sheinbaum anunció una nueva medida de austeridad que busca reducir los costos operativos del gobierno federal. La propuesta, que será enviada al Congreso, plantea una reducción de al menos un 5% adicional comparado con las cifras de 2018, lo que representará una baja acumulada de entre 15% y 20% en los últimos seis años. Esta disminución se logrará eliminando duplicidad de funciones en varias secretarías y a pesar de la creación de tres nuevas entidades: la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital, las cuales entrarán en funciones a partir del 1 de enero de 2025.
La presidenta concluyó señalando que, con estas reformas, se fortalece la autosuficiencia energética y se reafirma el compromiso de austeridad del gobierno, alineado con los principios de transparencia y eficacia en el gasto público.
