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Chilpancingo, 21 de noviembre de 2022. El Pleno de la LXIII Legislatura al Congreso de Guerrero recibió este lunes en comparecencia al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, para la Glosa del Primer Informe de Gobierno de Evelyn Cecia Salgado Pineda.
Los cuestionamientos de las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y representaciones de partido versaron, principalmente, en relación con el desplazamiento de personas a causa de la violencia, derechos humanos, manifestaciones sociales, desempleo, políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses, así como las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Asimismo, las diputadas y diputadas reconocieron la existencia de un diálogo institucional y fructífero entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la importancia del ejercicio de rendición de cuentas.
inició la ronda de preguntas la diputada Yoloczin Domínguez Serna (Morena), refiriendo que la protección de los derechos humanos son prioritarios para todos los órdenes de gobierno; sin embargo, consideró que Guerrero sigue con altos índices de desplazamiento interno de personas en condiciones no idóneas en por lo menos 30 de los 81 municipios, a causa de la inseguridad y los conflictos armados, siendo los más afectados las niñas, niños y mujeres. Ante esto, preguntó sobre la efectividad y resultados logrados por las políticas implementadas desde la Secretaría General de Gobierno en relación a la problemática.
La legisladora reconoció que hace falta mucho y se requiere el establecimiento de políticas públicas integrales que tiendan a mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses, hecho para el cual los tres poderes del estado se ven involucrados.
La diputada Gabriela Bernal Reséndiz (PRI) resaltó, por su parte, que para un ejercicio de gobierno efectivo y sólido es indispensable la gobernabilidad. En ese sentido, preguntó sobre la estrategia utilizada para lograr la estabilidad social y política en la entidad.
Cuestionó también si existe un mecanismo transversal para que todas las dependencias se involucren en la atención de la problemática relacionada con la Alerta de Violencia de Género, como un mecanismo para detener todos los tipos de violencia contra las mujeres, a cuánto asciende el presupuesto ejercido por dependencia, y sus resultados.
Por el PRD intervino el diputado Carlos Reyes Torres, quien hizo un reconocimiento a la voluntad política de la titular del Ejecutivo del estado por la apertura a las comparecencias, lo que permitirá que el pueblo esté informado sobre lo que se hace y cómo se están resolviendo los problemas que aquejan a la entidad.
El legislador versó sus cuestionamientos en relación a las causas que provocan la migración y el desplazamiento de las familias de sus lugares de origen, y qué se hace desde el gobierno para impedir este fenómeno.
Asimismo, preguntó acerca de las políticas que se implementan para abatir la falta de empleos en las poblaciones rurales, la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema, además del impacto que tienen las políticas públicas implementadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
El diputado Manuel Quiñónez Cortés (PVEM) inició externando un reconocimiento por la disposición y oficio político de la gobernadora para generar diálogos y acuerdos en favor de Guerrero.
Refirió enseguida que un número de 2,572 personas han sido desplazadas por la violencia en la actual administración. Ante esto, preguntó cuántas personas han retornado a sus lugares de residencia, cuántas faltan y a cuántas personas se les ha reubicado, como parte de la estrategia de atención gubernamental.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) cuestionó sobre los protocolos que se siguen para la atención de las protestas, que garanticen el derecho a la libre manifestación, pero sin afectar a la población.
Asimismo, preguntó acerca de las estrategias para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los espacios públicos y privados; los mecanismos para garantizar la reparación del daño a víctimas de delitos del fuero común y las que sufren la violación de sus derechos humanos; y también pidió conocer las acciones para la protección del derecho de identidad, sobre todo en las zonas de mayor marginación.
En la segunda ronda de preguntas, el diputado Joaquín Badillo Escamilla (Morena) pidió conocer el estatus del programa de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, así como abundar sobre el mecanismo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El diputado Jesús Parra García preguntó cuántas movilizaciones se han registrado en este año, cuáles son las demandas más recurrentes y a qué sector pertenecen.
También pidió conocer las estrategias que se implementan para disminuir los matrimonios infantiles en las zonas más marginadas de la entidad; qué acciones se están implementando en los municipios para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y qué beneficios trae y qué instancia coordina a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.
El diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD) preguntó cuáles son las principales políticas que se ejecutan con miras a generar un pleno desarrollo en la entidad, adicional a las acciones que se emplean para la contención de la problemática que ocasionan las constantes manifestaciones, marchas y bloqueos.
Cuestionó, asimismo, si se tiene previsto un programa para atender de manera específica a los diferentes grupos sociales, y en su caso, que diera una proyección a corto, mediano y largo plazo para la solución de demandas.
En el tercer bloque, el diputado Jacinto González Varona (Morena) pidió ampliar la información sobre las acciones para erradicar los matrimonios forzados y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; cómo se trabaja para erradicar la violencia por usos y costumbres; las funciones de las tres comisiones en la materia para atender este tema, así como los resultados de las acciones implementadas y qué municipios están siendo atendidos.
En su oportunidad, la diputada Jessica Alejo Rayo (Morena) pidió conocer el número de personas desplazadas que han llegado al municipio de Chilpancingo, y de estos cuántos son niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; las comunidades de que provienen y cuáles son las estrategias que se han implementado para contener el fenómeno social.
Preguntó también si ya se cuenta con el Reglamento Interno de la Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno del Estado de Guerrero, y solicitó mayores informes sobre la creación de los módulos de atención multidisciplinaria para las mujeres en situación de riesgo o violencia.
La diputada Alicia Zamora Villalva (PRI) habló sobre la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio de derechos, medidas de atención, apoyo y reparación integral a víctimas de delitos. En ese sentido, indicó que en el informe se habla de una depuración del padrón, por lo cual preguntó qué criterio se utilizó para tal propósito, y si hay garantía de que no se les expone a sufrir nuevos daños.
Preguntó también si el Gobierno del Estado ha considerado un programa de atención a las víctimas de desplazamiento, que contemple su recuperación física, psicológica y la reintegración social.
En otro tema, expuso que en materia de laudos laborales se ha vinculado al Congreso del Estado en más de 100 ocasiones, sin que sea de su competencia. Ante esto, solicitó al funcionario una revisión exhaustiva del tema y establecer mesas de trabajo donde quede claro lo relacionado a las facultades.
Y finalmente, la diputada Claudia Sierra Pérez solicitó información sobre la situación en que se encuentran 237 juicios de amparo indirectos, 53 civiles, 09 laborales y 02 administrativos, toda vez que se ha registrado una serie de denuncias contra diversos notarios a lo largo de la entidad, lo cual puede traducirse en corrupción y acciones antijurídicas por dichos entes de la fe pública.
A su vez, cuestionó al secretario sobre el funcionamiento y resultados que se han obtenido del programa de derechos humanos implementado por el Gobierno del Estado para evitar violaciones por parte de funcionarios estatales.
También preguntó sobre la atención y alternativas de solución que se han brindado a un sector del magisterio y grupos indígenas que bloquearon la arteria principal de Tlapa de Comonfort, en octubre del año pasado, quienes demandaban infraestructura educativa y carretera.
Como parte de sus respuestas, el compareciente destacó que este primer año de ejercicio gubernamental se trabajó en la consolidación de valores, convicciones y principios para dirigir cada acción, estrategia y política hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Además, indicó que Guerrero mantiene estables sus políticas y participa de manera coordinada con las instituciones, atendiendo las demandas de la población, y contribuye ejerciendo sus funciones para asegurar el bienestar del pueblo, aunque reconoció que “existen retos que debemos atender para consolidar la transformación de Guerrero”.
Asimismo, resaltó la importancia de mantener una buena relación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, “porque representa una característica fundamental para fortalecer nuestro sistema democrático y dar cauce a las necesidades de la ciudadanía, a través de iniciativas que respondan a los nuevos contextos que predominan en Guerrero y fortalecen el Estado de Derecho”.
