* La reforma astudillista busca subordinar, no coordinar, y sirve más a la delincuencia, advierten
REDACCIÓN /
Acapulco, 29 de julio de 2018. Una cosa dejan en claro los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC): la Policía Comunitaria va a seguir operando aunque el Congreso local la haya borrado de la Constitución.
Los consejeros Juan Horta Cruz, Sabás Aburto Espinobarros, Francisco Santos Martínez, y el consejero electo Arcadio Cortés, recordaron que la CRAC y la Policía Comunitaria nacieron cuando no existía la Ley 701, pero contaron con el mandato establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y con el artículo 2 de la Constitución local.
A su vez, el ex preso político Arturo Campos, afirmó que el problema de la delincuencia no podrá ser resuelto por el gobierno sin el apoyo de la CRAC-PC, y recordó que las comunidades han sido quienes se han dado seguridad.
Los consejeros acudieron como invitados a la celebración del 15 aniversario del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), en el poblado de Guamuchitos, y ahí dialogaron con reporteros.
Aburto Espinobarros y Horta Cruz, relataron que los índices delictivos en la zona controlada por la Policía Comunitaria –San Luis Acatlán, Malinaltepec, Metlatónoc, y varios más de la zona indígena, 30 en total- son bajos a comparación de los que existen en otros lugares del estado.
El viernes pasado, el Congreso local aprobó un paquete de iniciativas que envió el gobernador Héctor Astudillos, en particular el artículo 14 de la Constitución local donde se eliminó la expresión “Policía Comunitaria o Rural”. Ese artículo indicaba que las comunidades indígenas procurarán la seguridad pública a través de esta policía, de modo que ahora solo dice que lo harán con sujeción a la Secretaría de Seguridad Pública.
Aburto Espinobarros señaló que eso no es coordinación sino subordinación. La presente reforma surgió a partir de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se legisle a fin de armonizar los reglamentos internos de la CRAC con la Ley 701, y advirtió que ninguna de las comunidades donde opera la CRAC-PC, va a acatar la reforma.
Al contrario, dijo, van a realizarse asambleas en las comunidades para informar a la ciudadanía lo que ocurre con las reformas del gobernador. “La recomendación de la CNDH fue armonizar la ley 701 y los reglamentos internos de la CRAC. Esta reforma no armoniza, la subordina. Nosotros somos un sistema alternativo o paralelo, pero nos hace parte del sistema gubernamental”, dijo.
Arturo Campos, ex consejero de la CRAC y ex preso político, también ante las organizaciones, dijo que la policía comunitaria nació sin que hubiera Ley 701, solo con el respaldo del Convenio 169 de la OIT, y el artículo 2 de la Constitución, “así que no tenemos que asustarnos de que el gobernador esté eliminado a la policía comunitaria” de la Ley 701. Dijo que seguirán organizándose pues la seguridad depende de ellos, y el gobierno, ni siquiera el que va a entrar, va a poder con ella.
