*La nueva Ley de Gobernanza Digital busca mejorar la calidad, transparencia y eficiencia de los trámites y servicios públicos mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.
*La ley contempla la creación de la Plataforma Digital Jaguar-ID, la Cédula Ciudadana y la Firma Electrónica Avanzada, que facilitarán la interacción, seguridad y validez jurídica de las personas y los sujetos en el ámbito digital.
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 02 de febrero de 2024. El Congreso del Estado de Guerrero aprobó la nueva Ley de Gobernanza Digital, que tiene como objetivo integrar las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la administración pública estatal y de los municipios, para elevar la calidad, transparencia y eficiencia de los trámites y servicios gubernamentales.
La ley, que fue enviada por la titular del Ejecutivo estatal, establece las bases para la promoción y desarrollo de un Gobierno Digital en el estado, que involucre a los poderes Legislativo y Judicial, ayuntamientos, órganos autónomos y notarías del estado de Guerrero.
Entre los aspectos más relevantes de la ley, se encuentra la implementación del desarrollo y promoción de la Plataforma Digital Jaguar-ID, que será un recurso concentrado y centralizado que promete revolucionar la manera en que las interacciones gubernamentales y administrativas ocurren en el estado, funcionando como un núcleo de inteligencia que promueve la transparencia y combate la corrupción.
Asimismo, la ley prevé la creación de una Cédula Ciudadana, que actuará como un almacén seguro de información vital de una persona, protegiendo su identidad y facilitando su acceso a una gama de servicios gubernamentales.
Otro elemento clave de la ley es la Firma Electrónica Avanzada, que dará legitimidad y validez jurídica a las transacciones digitales, estableciendo paralelismos con la firma autógrafa y adaptando los principios legales tradicionales a la esfera digital.
La ley garantizará la interacción, interoperabilidad y seguridad digital de las personas y los sujetos, dando mayor eficiencia a los trámites, servicios y demás actos jurídicos y administrativos, en un marco de agilidad, confianza y rapidez, con la utilización y uso de la firma electrónica avanzada, que posibilite garantizar el derecho humano a la buena administración pública.
La Comisión de Justicia, encargada de emitir el dictamen, coincidió en que dicha propuesta es atrayente y representa también una inversión estatal en materia tecnológica, que potencialmente puede representar cambios sustantivos en la forma en que se ha de organizar el estado a través de sus poderes públicos.
