* La Red Solidaria Década contra la Impunidad informó que este plazo cuenta a partir del 13 de mayo
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 18 de mayo de 2020. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un plazo de tres meses, contados a partir del 13 de mayo, y con un máximo de cuatro meses, para que el Estado mexicano para que presente sus observaciones en torno al asesinato del fundador de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona y sus compañeros asesinados en 2013, informó la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC).
En un comunicado, el organismo civil que encabeza el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, informó que la CIDH inició el proceso de admisibilidad de este caso con la petición 400-18 presentada por la familia de Hernández Cardona.
En México, el proceso por este asesinato se encuentra en el juzgado Primero en materia de procesos penales y federales del estado de Tamaulipas, con la Causa Penal 100/2014.
Sobre los asesinatos, la secretaria técnica de la RSDCIAC, Magdalena López Paulino, recordó que el 29 de mayo de 2013, Hernández Cardona y 10 integrantes de la Unidad Popular (Héctor Arroyo Delgado , J. Carlos Dorantes García , Rafael Ochoa Ochoa , Justino Amos Osores Narcizo , Ángel Román Ramírez , Daniel Jardon López , Francisco Abarca Perales , Feliciano Ortiz Delgado , Gregorio Dante Cervantes Maldonado , y Bernardo Cruz Manjarrez), denunciaron ante el ministerio público que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pineda y el secretario de Seguridad Pública y primo del edil, Felipe Flores Velázquez, los estaban hostigando y los habían amenazado, luego de las protestas que la Unidad Popular había realizado en el Ayuntamiento igualteco.
“Tenemos el temor fundado en que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social”, relataron en su denuncia.
El 30 de mayo de ese año, miembros y simpatizantes de la UP, marcharon de Iguala rumbo a la caseta de cobro de peaje ubicada en el tramo federal de la carretera México-Acapulco y realizaron bloqueos intermitentes en demanda de obras sociales y solicitaron una nueva audiencia con el gobernador de Guerrero.
El dirigente de la UP, Justino Amos Ozores Narciso, manifestó que llegaron al lugar integrantes de la Policía Federal (PF) al mando del inspector Alberto Castillo, con quienes Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román y Jimmy Castejón tuvieron una discusión.
Ese mismo día, ocho de ellos -grupo que incluye a cuatro de las personas que habían interpuesto la denuncia el día anterior- viajaban de regreso a Iguala tras la manifestación, en una camioneta particular, cuando fueron desaparecidos.
El 3 de junio de 2013, a las 6 horas, fueron encontrados muertos Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Los cuerpos, que se encontraban en el kilómetro 160+300 de la carretera federal Chilpancingo-Iguala, tenían los ojos vendados y huellas de tortura.
María Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona, atestiguó que los cuerpos llegaron al Servicio Médico Forense vendados y torturados. Posteriormente, la necropsia del cadáver de Hernández Cardona confirmaría que sufrió diversas heridas y golpes, incluido un disparo en la pierna derecha, antes de ser ejecutado con un disparo en el cráneo y uno en la cara; asimismo, la necropsia indicó que en ambas manos tenía surcos a nivel de las muñecas, lo que implicaría que fue sometido a maniobras de sujeción.
A pesar de que los hechos ocurrieron prácticamente a la vista de todo el mundo, la investigación no logró grandes avances en su momento, a pesar de que uno de los sobrevivientes relató con detalles cómo fueron torturados y asesinados Hernández Cardona, y señaló directamente al alcalde José Luis Abarca Velázquez –quien había sido postulado por el PRD- de haber dado muerte al dirigente.
Siete años después, y empantanado como está en México, el caso toma la ruta internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
