CAMILO VALENZUELA /
Ciudad de México, 15 de julio de 2021.
El 6 de junio tuvimos las elecciones intermedias y el grueso de los balances, viendo el debate público, gira alrededor de si se avanzó en ganar posiciones o se retrocedió. Y eso es importante. En resumen diríamos al respecto: lo que se logró es mantener abiertas las posibilidades de cambio que se abrieron desde 2018, con una mayoría simple en la Cámara de Diputados y que se amplió la implantación electoral, en 11 estados del país que ganó Morena y sus aliados, y se pasó de 300 y tantos municipios a más de 700 ayuntamientos, que representan un avance, pero representan un reto: ¿se va a gobernar de manera diferente a como se ha gobernado, desde arriba, o se van a promover formas, métodos de gobierno que empoderen a la ciudadanía y en particular a las clases populares?
¿Se va a administrar el statu quo con las limitaciones obvias que imponen los presupuestos, muy desangrados por el servicio de la deuda, los altos salarios y otros privilegios que disfruta el funcionarado tanto electo como designado, o se van a generar cambios en los métodos de gobernar? ¿Se van a combatir los privilegios y altos salarios del funcionarado, para, en medio de esos presupuestos limitados por el pacto hacendario fiscal y por la sangría de las deudas, poder atender necesidades y demandas que la desigualdad y la pobreza plantean en toda la geografía nacional?
Pero, tratándose de un balance de las elecciones intermedias, se tiene que hacer encuadrando las elecciones en el proceso que abrió la alternancia no neoliberal en el gobierno -porque antes hubo una alternancia en el 2000 dentro de fuerzas neoliberales-, la evolución o el apoyo de la llamada Cuarta Transformación de esa alternancia del 18 al proceso electoral intermedio. Y al respecto hemos de decir que desde el 18 el reto ha sido tratar de acrecentar el apoyo ciudadano popular al proceso de cambios que buscan, cuando menos discursivamente, pasar del modelo económico neoliberal y del régimen político presidencialista, centralista y vertical, heredado del prianismo, a un modelo económico y social postneoliberal, donde los intereses nacionales y populares predominen sobre los intereses del gran capital extranjero y de matriz nacional, para poder avanzar en construir y en sacar el trabajo de la precarización y envilecimiento en que lo han metido las políticas neoliberales, para tratar de relanzar el desarrollo de la economía social y solidaria, que en gran medida ha sido también acosada, en estos 40 años de neoliberalismo, y para retomar la reconstrucción de un sector público industrial y financiero, que permita reactivar la economía, generar empleo bien remunerado, con jornadas de trabajo no esclavizante, reconstruir el sistema de salud, el sistema educativo de ciencia y tecnología, detener la depredación de la naturaleza, especialmente la que se ha generado con la privatización del agua, con el predominio de las minoría en las gigantescas concesiones en la gran parte del territorio nacional, y su predominio por sobre cualquier otra actividad, que son dos de las vías de depredación del medio ambiente, aunado al trafique de madera y la depredación de los bosques.
En este marco, en esta evaluación, lo que tenemos de 2018 hasta el 21, no es un acrecentamiento del apoyo popular a la Cuarta Transformación, que era y es el reto, para tratar de darle un soporte mayoritario, más de 60 millones de mexicanas y mexicanos, a la necesidad de que la nación mexicana arribe a una cuarta etapa de desarrollo en todos los planos, incluyendo la recuperación de su soberanía y de la situación de neocolonización que en todos los planos hemos vivido, hemos sufrido en estas casi cuatro décadas neoliberales.
Si correlacionamos la votación de las diputaciones federales, hubo una merma de casi 4 millones de votos, con todo y que se haya conservado la mayoría simple. El apoyo ciudadano popular a la 4T no lo acrecentamos; se redujo, y el reto en este período 21-24 es cómo acrecentamos el ánimo de cambio, cómo incorporamos nuevos sectores de la sociedad mexicana. Estamos hablando de pasar de los 30 millones de apoyo a Andrés Manuel en 2018, cuando menos a los 60 millones de ser posible, para el 24, para consolidar el soporte político social a la necesidad de rescatar nuestra patria, reconstruirla; y avanzar, de un régimen de democracia representativa de élites, a un régimen de democracia participativa, que predomine por sobre la representativa, para recuperar la soberanía popular, que nunca más se debe depositar en ninguna élite gobernante, ejecutiva, legislativa o judicial.
Lo que es obvio, es que este segundo período, la disputa con la derecha neofascista, de naturaleza político empresarial que se nucleó alrededor de la coalición PRI-PAN, poniendo en acción su control de la mayoría de los medios de comunicación y un sector de opinocracia y empresarial, que están empeñados como su reto principal, en obstaculizar la posibilidad de que la mayoría de las mexicanas y mexicanos pasen a ser el factor determinante en el rumbo del país, como condición para poder superar el desastre y la barbarie en el que ha sido hundida la mayoría de las mexicanas y mexicanos y la destrucción ecológica y la violencia estructural que padecemos.
En este nuevo período, también, es de esperarse que va a haber una reactivación de la conflictividad político-social. Hay necesidades agudizadas, agravadas por la pandemia y la recesión, que se expresó en una caída de la economía de más del 8 por ciento en 2020 y que plantea que para el 23 estaremos si acaso recuperando el nivel que tenía la economía en 2018, con todas sus consecuencias en todos los planos. Y además, es de esperarse también que la acción de la derecha busque que esa conflictividad social devenga en acciones que afecten la gobernabilidad, que desestabilicen la dinámica “normal” de la vida de la sociedad mexicana en diversos planos, y obviamente va a buscar que se agudice también la violencia extrainstitucional que padecemos.
Estamos también en la expectativa de que la disputa interna dentro de lo que pudiéramos llamar morenismo u obradorismo entre una tendencia de centro derecha y una tendencia de centroizquierda y de izquierda, se va a agudizar para determinar cuál va a ser la composición de las candidaturas con las que en el 24 vamos a buscar darle continuidad al proceso de transformación, volviendo a derrotar a la derecha político-empresarial semifascista que desde afuera va a arreciar el golpeteo, su campaña de descalificación, y que no es de reducirse el riesgo de que pase de la violencia mediática, verbal, a acciones desestabilizadoras de alto riesgo.
Esta disputa interna está ya introyectándose, va a depender mucho de esa disputa, y el nuevo gobierno, poder Ejecutivo, Poder Legislativo federal, todos los poderes estatales y municipales que se renovarán el 24, sean más de izquierda, sean más postneoliberales, sean más patrióticos para recuperar soberanía e independencia, o tengamos un relevo que en lo esencial mantenga este proceso de transformación con la alternancia en el gobierno de 2018, reducido a combatir solo los excesos del neoliberalismo, y sin cambiar los contenidos y los métodos esenciales con los que se ejerce el gobierno en parte del gobierno prianista que heredamos, desde arriba, con la masa ciudadano popular pasiva, como objeto.
Estos son los retos que nos esperan a las fuerzas de izquierda, a los movimientos sociales y en especial a la izquierda socialista. Estamos en proceso de confluencia, que tenemos que acelerar los plazos de coordinación y unificación, porque la intensidad de la disputa, y lo que está en juego hacia el 24, reclama no solo que demos algunos pasos, sino que demos saltos en la construcción de un actor político social de masas y de un actor político que contribuya fuertemente a una reforma del sistema político electoral, y que contribuya a una pelea por que los presupuestos federales se liberen del predominio de los intereses del gran capital y sean presupuestos para apalancar un desarrollo postneoliberal. Estos son los retos, y a esto nos vamos a avocar.
