RAYMUNDO DÍAZ TABOADA* /
Acapulco, 16 de septiembre de 2021
Durante el segundo gobierno de Ángel Aguirre en 2011-2014, la lucha social fue duramente reprimida. Particularmente el 2013 fue de mucho activismo, impulsado sobre todo por la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en resistencia a la reforma educativa de Peña Nieto.
Fue el año más letal para líderes y luchadores sociales que fueron ejecutados, empezando por el caso de la Unidad Popular de Iguala, UP, (mayo-junio, Arturo Hernández Cardona, Bandera y Román y sobrevivientes); Raymundo Velázquez, Samuel Vargas Ramírez y Miguel Ángel Solano Barrera de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) en agosto, en Coyuca de Benítez; Rocío Mesino de la OCSS (octubre) en Atoyac; Luis Olivares y Ana Lilia Gatica de la OPPCG (noviembre) en Coyuca de Benítez.
Otro de los actores sociales golpeados por el gobierno de Aguirre fue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria (CRAC-PC).
En los años previos, la CRAC había tenido un periodo de consolidación del territorio comunitario y un proceso de expansión hacia el municipio de Ayutla y coordinación con los municipios de Tixtla y Olinalá. En agosto de 2013, el gobierno emprendió un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales que incluyó la detención de Nestora Salgado por parte de la Marina, el desmantelamiento de la Casa de Justicia de El Paraíso, perpetrado por la Policía Estatal Preventiva PEP, la Policía Investigadora Ministerial PIM y el ejército; la «liberación- rescate» de personas en procesos de reeducación; y la captura, arraigo y sometimiento a procesos judiciales de 20 personas entre coordinadores, comandantes y policías comunitarios.
Nestora fue enviada a la cárcel federal de mediana seguridad en Nayarit. En octubre de ese año también fue detenido, en Tixtla, Gonzalo Molina y enviado a un penal federal en Oaxaca. Y en diciembre Arturo Campos fue capturado y enviado al Cefereso del Altiplano.
Finalmente, en junio de 2014 fue detenido Marco Antonio Suástegui (quien asumió las tareas de vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP) y policía comunitaria de Cacahuatepec, municipio de Acapulco), declarado formalmente preso y enviado de forma expedita a las cárceles de Acapulco, La Unión y Nayarit sucesivamente.
Como Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, conocimos a Vicente Iván Suástegui Muñoz liderando la reorganización del CECOP en 2014 (después de la detención de Marco Antonio), la policía comunitaria de Cacahuatepec y la lucha por la liberación de los presos políticos de la CRAC: Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui, así como de otros 20 policías comunitarios detenidos en agosto de 2013 en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, en la región de la Costa Chica de Guerrero.
Recuerdo alguna marcha multitudinaria en Acapulco, saliendo de La Diana para terminar en el zócalo y luego ir a la Casa Diocesana, donde el obispo Garfias se ofreció como intermediario de buena voluntad entre las organizaciones del Movimiento Popular Guerrerense, MPG, y las autoridades del gobierno del estado.
La lucha por la liberación de los presos se unificó con la lucha por la justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Coincidimos con Vicente y Samantha, su pareja, acompañando una de las primeras caravanas que hicieron las madres y padres de los 43 que recorrió el exINEBAN de Acapulco, las comunidades de Aguacaliente en los bienes comunales de Cacahuatepec, Xaltianguis (municipio de Acapulco) y Mazatlán (municipio de Chilpancingo) en los primeros cuatro días de febrero de 2015.
En algún momento de ese recorrido tuvimos un violento encuentro en un retén de soldados del grupo de paracaidistas, quienes fueron bastante agresivos en sus supuestas actividades de seguridad: hubo empujones y sacaron a relucir sus armas. Nos identificamos como grupo con integrantes de Ayotzinapa y hasta que se presentó el jefe al mando, las tensiones bajaron y pudimos seguir nuestro recorrido. En esta caravana de familiares iban el señor Juan Colón y su esposa Lucinda Garnica, originarios de Oaxaca, un familiar del desaparecido Marco Antonio Gómez Molina, la señora Metodia Carrillo Lino y el recientemente fallecido don Bernardo Campos Santos, el tío Venado de Tixtla.
Después volvimos a coincidir con Vicente y el CECOP en otras movilizaciones por Ayotzinapa y contra la reforma educativa.
Vicente se mantenía junto con los contingentes del CECOP, de la CETEG y de activistas simpatizantes de Ayotzinapa, en las Asambleas Populares de coordinación en la normal de Ayotzinapa y en las marchas mensuales de las acciones globales. Se integró también a la policía comunitaria de Cacahuatepec que protestó el cargo de asesorados por la casa de justicia de San Luis Acatlán en una cancha techada de la comunidad de La Concepción, muy cerca de la orilla del río Papagayo, donde la policía comunitaria estableció su sede.
El viernes 6 de enero tuvimos una reunión en Acapulco en la que coordinamos la visita de la vocera zapatista María de Jesús Patricio, Marichuy, a la zona de influencia del CECOP. Ahí decidimos que la concentración se haría en el poblado de La Concepción, en los bienes comunales de Cacahuatepec, zona rural del municipio de Acapulco.
Hacia el mediodía del domingo 8 de enero de 2018 recibimos información de que había ocurrido un ataque contra la policía comunitaria de Cacahuatepec en La Concepción, resultando varios muertos, y que fuerzas policiales e integrantes de las fuerzas armadas habían hecho un gran operativo, que había integrantes de la policía comunitaria de Cacahuatepec y del CECOP asesinados y que alrededor de 30 personas habían sido detenidas por miembros de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Investigadora Ministerial, del ejército y de la Policía Federal.
También nos informaron que había habido sobrevuelo de helicópteros y que los presos estaban siendo trasladados a la cárcel de Las Cruces en la ciudad de Acapulco.
Supimos por testimonios de testigos directos sobre la llegada de los policías a La Concepción, de su actitud extremadamente violenta y de que todos los presos fueron sujetos a diversas y crueles formas de tortura para ser detenidos y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional en Acapulco y posteriormente al Cereso de Las Cruces, donde los recluyeron en un espacio físico originalmente destinado a una clínica de rehabilitación de adicciones. Allí fueron hacinados en grupos de cinco o seis personas en espacios muy reducidos, que estaban pensados como habitaciones individuales, sin camas ni colchones, y sin una ventilación adecuada.
Después en Febrero pudimos entrar al Cereso de Acapulco para visitar al grupo de presos y nos encontramos con que los hermanos Marco Antonio y Vicente Iván, junto con otros 25 integrantes del CECOP, estaban segregados de la población en un lugar conocido al interior del Cereso como Casablanca, una galera donde los policías y custodios tenían sus cuartos de descanso y sus gavetas (lockers). Ahí los policías habían cerrado y obstruido las ventanas con cartones para evitar que hubiera vista hacia dentro y que Marco Antonio y Vicente pudieran ver lo que pasaba afuera. Lejos de resguardarlos, la tortura continuaba al aislarlos y privarlos de ambiente natural como vista al sol, al aire y el contacto con otras personas.
La mayoría de los presos del CECOP estuvieron privados de su libertad hasta inicios de junio de 2019, cuando se les otorgó auto de libertad a la mayoría. Sin embargo, Vicente salió dos meses después.
Al recuperar su libertad, Vicente retomó su vida aún con claras afectaciones en su ámbito familiar, laboral y comunitario. Regresó a trabajar para restablecer su deteriorada condición económica familiar y una de sus fuentes de ingreso fue trabajar como chofer de taxi colectivo en la ciudad de Acapulco. Sin embargo, en varias ocasiones Vicente fue hostigado en puntos de revisión, en los llamados retenes, de la Policía Ministerial y de la Policía Estatal Preventiva, que siempre le decían que ya sabían quién era y que lo tenían identificado.
La tortura nunca dejó de estar presente
En el mes de julio de 2021, dos unidades terrestres con infantes de la Marina se presentaron a su domicilio intentando entrar a catear su casa, donde se encontraba su pareja Samantha con sus hijos.
Samantha avisó a Vicente, quien llegó para exigirle a los marinos que le presentaran orden de cateo de su domicilio, pero al no tener ese documento los marinos se retiraron, no sin antes hacerle saber a Vicente «ya sabemos quién eres».
Finalmente, el 5 de agosto, minutos antes de las 11 de la noche, Vicente fue privado de su libertad, al ser interceptado en su carro colectivo por dos vehículos de los que descendieron hombres armados y se lo llevaron con rumbo desconocido. Desde esa fecha, no sabemos qué ha pasado con Vicente.
Hoy, desde hace un mes y una semana, es víctima directa de desaparición. Desaparición en la que hay involucrados (de acuerdo a las declaraciones de su hermano Marco Antonio Suástegui) agentes del estado en complicidad con civiles armados del crimen organizado y de una organización de «autodefensa».
Vicente Iván Suástegui Muñoz se encuentra desaparecido. A más de un mes los resultados de las investigaciones de la Fiscalía del Estado de Guerrero no tienen mayor respuesta que la detención de una persona.
Vicente Iván es padre de dos niñas menores y su pareja Samantha es originaria de la comunidad de Aguacaliente, uno de los bastiones del CECOP donde ella misma es comunera.
Con la desaparición de Vicente, las afectaciones son variadas, diversas, profundas: ha trastocado su proyecto de vida, le hace falta a su esposa Samantha, a sus hijas, a sus hermanas. Le hace falta al CECOP y a la Policía Comunitaria de Cacahuatepec, le hace falta al movimiento social de Guerrero, a la lucha por la justicia en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa.
El mensaje sigue siendo el mismo: “toda persona que defienda sus derechos tiene el riesgo de ser desaparecida”.
Por todo lo anterior es que consideramos a Vicente como un defensor del agua, tierra y territorio, como sobreviviente de tortura y ex preso político. Exigimos al Estado mexicano que ponga en función todos sus recursos para traer de vuelta a Vicente con vida y salud al seno de su familia y de sus compañeros de organización.
¡¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!!
* Coordinador en Guerrero del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Texto originalmente publicado en Desinformémonos.org Ver el original AQUÍ
