* El cuerpo legislativo da respuesta a la Recomendación 15VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, referente a la seguridad publica en el estado y los municipios
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 6 de julio del 2021. El Pleno de la LXII Legislatura aprobó un dictamen con punto de acuerdo que da respuesta a la Recomendación 15VG/2018 del Caso Iguala emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, referente a la seguridad publica en el estado y los municipios.
Esta recomendación emitida por la CNDH solicitó al Congreso realizar, en coordinación con el poder Ejecutivo estatal y previa consulta con las comunidades, los trabajos legislativos que generen la normativa que garantice la seguridad pública en las poblaciones y comunidades, respetando y reconociendo su autonomía y autodeterminación como grupos indígenas.
Asimismo, solicitó analizar las condiciones de seguridad pública en que se encuentran los municipios del estado de Guerrero para tomar medidas que permitan restablecer el orden jurídico y la gobernabilidad.
Al fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad Pública y Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el diputado Omar Jalil Flores Majul recordó que dicha recomendación se planteó para la consideración de los integrantes de esta asamblea, y al respecto, se responsabilizaron de coordinar los trabajos de análisis y estudio solicitado.
Destacó que las Comisiones Unidas recibieron con satisfacción la preocupación de la CNDH y comparten la búsqueda de la verdad y sus consecuencias en el lamentable suceso ocurrido en septiembre del año 2014 en Iguala, el cual hasta la fecha sigue teniendo impacto social.
Por lo anterior, las Comisiones Unidas, después del análisis respectivo de la recomendación, exhortaron a la titular de la Secretaría de Gobernación y al fiscal general de la República para que, en el ámbito de sus competencias, realicen y concluyan las indagatorias respecto al Caso Iguala.
Asimismo, se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal para que explique al Congreso de Guerrero los motivos y argumentos jurídicos para la liberación o encarcelamiento de indiciados vinculados con los hechos.
Y a los 81 ayuntamientos de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que coordinada e interinstitucionalmente formulen y establezcan un diagnóstico integral que permita conocer las condiciones actuales de la función de seguridad pública en cada uno de los municipios del estado, que derive en mayor capacitación, mejores salarios y prestaciones, entre otros aspectos.
Dictámenes
En la misma sesión, las y los legisladores aprobaron adiciones al Código Civil para que el juez tenga la facultad de modificar o revocar la patria potestad en caso de que quien tenga la guarda y custodia de los menores realice conductas contrarias a la convivencia con las personas reconocidas judicialmente con derecho.
También aprobaron reformas a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el estado, incorporando como motivo de discriminación el impedir el acceso o disfrute de las personas a sus derechos por el simple hecho de portar tatuajes, piercings o modificaciones corporales temporales o permanentes.
Además, aprobaron reformas a la Ley de Víctimas del Estado para que autoridades y organismos autónomos brinden atención preferencial a personas que sean víctimas o se encuentren en proceso de acreditación de tal calidad, sea por conducto del área jurídica, derechos humanos o área a fin, o en su defecto establezcan módulos de atención que den acompañamiento y coadyuven a garantizar sus derechos, reparación del daño y la no repetición.
En relación a dictámenes que declaraban improcedentes las iniciativas de Ley Estatal de Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos para el Estado de Guerrero; adiciones al Código Penal del Estado para sancionar a quienes sostengan relaciones sexuales con personas explotadas; reformas al Código Civil del Estado sobre facultades de los jueces de paz, y adiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado, fueron regresados a comisiones para un nuevo análisis y dictaminación.
