* Instan al gobierno a revisar las condiciones carcelarias ante la inminente propagación del virus en los penales
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 25 de mayo de 2020. La Liga Mexicana por al Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, emplazaron al gobierno federal y a los gobiernos estatales a revisar las condiciones en que las comunidades carcelarias del país están enfrentando el riesgo de infección por coronavirus.
En un pronunciamiento público, las tres organizaciones consideraron “que es urgente que se atienda la situación penitenciaria, se atiendan los riesgos a la salud e integridad de todos los presos” por la pandemia de Covid 19, y se otorgue libertad inmediata a todos los presos políticos del país.
Expresaron su preocupación por “las personas privadas de su libertad, unas que cumplen condenas y otras en espera de las mismas, están también las personas que por su actividad política son incómodas para el gobierno mexicano y se encuentran criminalizados por su defensa a sus derechos humanos, a los derechos de los pueblos indígenas, al territorio, medio ambiente, y que actualmente se encuentran privados de su libertad”.
Aunque hicieron el planteamiento en general de liberar a los presos políticos, así como a aquellos que hayan sido encarcelados como resultado de un montaje, o la fabricación de delitos mediante tortura, pidieron específicamente la liberación de Antonio Barragán Carrasco y Gilberto Aguirre Bahena de la Organización Campesina de la Sierra del Sur; las y los policías comunitarios, Adelaida Hernández Nava y Eliseo Villar Castillo, Bernardo Xavier Cabrera Moreno. Así como Luis Salvador Escartín González, Rafael Martínez Cortés, José César Bravo Mejía, los hermanos Jessica y José de Jesús Vázquez Fonseca, Araceli Cinthya Cantú Muñoz, los hermanos Sergio y Efrén Méndez Martínez, Joel Mendieta Jiménez, y Abrahán Christopher Arellano Rayo.
“Los penales en el actual contexto de pandemia pueden ser lugares propicios para la propagación de enfermedades, poniendo en peligro permanente a la población en reclusión, debido al hacinamiento en que las personas reclusas permanecen, la falta de agua, jabón, higiene, la prohibición del uso del gel antibacterial, y la entrada y salida del personal que labora en estos Penales. El número de muertos por Covid 19, tanto presos como personal penitenciario, los motines y enfrentamientos entre presos, obligan a actuar de inmediato”, señalan las organizaciones.
Las organizaciones advirtieron que “en la presente situación de pandemia por el Covid 19, es menester que el Estado garantice la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, o en su defecto al carecer de tales garantías que brinda el estado sean puestas en libertad”.
En representación de las tres organizaciones, suscribe el documento la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
