* En al menos cinco casos, las víctimas de violencia familiar ahora enfrentan procesos por parte de los perpetradores; una ya incluso fue a prisión
* Denuncian al juez familiar Julio Obregón Flores de aplicar una política sistematizada de no aplicar protocolos internacionales de protección a la mujer
REDACCIÓN /
Tlapa, 05 de agosto de 2021. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, denunció que en La Montaña, las mujeres siguen enfrentando sistemáticamente una triple marginación, por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.
En una conferencia de prensa virtual en la que estuvieron presentes el abogado Vidulfo Rosales Sierra, y el director del Centro, Abel Barrera Hernández y la coordinadora de la defensa de las mujeres en Tlachinollan, Ney Arias.
En la conferencia se denunció al juez civil y familiar de Tlapa, Julio Obregón Flores, porque, según explicó Barrera Hernández, durante años ha seguido una política de criminalizar a las mujeres que denuncian haber sido víctima de violencia doméstica. No solo no se les cree a las víctimas, sino se les criminaliza para que se les persiga, se les impida ver a sus hijos, añadió. No podemos permitir, dijo, que por el recurso que le puedan sacar al perpetrador de la violencia, se ponga a las mujeres víctimas, contra la pared.
Barrera Hernández reprochó que después de las dos alertas de género que enfrenta el estado, no ha habido acciones preventivas para evitar la violencia contra las mujeres indígenas, y ni el gobernador ni los jueces les ponen atención a esas alertas.
La conferencia fue para dar a conocer la segunda etapa de la campaña Mar de agravios, Montaña de quebrantos, que busca visibilizar las condiciones que enfrentan las mujeres indígenas de La Montaña en cuanto a la violencia en su contra y la falta de acceso a la justicia.
Barrera Hernández consideró muy preocupante que a pesar de hacer señalamientos muy concretos a las autoridades estatales y federales, hay una inercia en las autoridades y hábitos que no se han podido arrancar en Fiscalía General, no hay perspectiva de derechos humanos, la atención a víctimas sigue siendo la gran deficiencia, a las mujeres indígenas las revictimizan, las desprecian las marginan, no hay peritos bilingües para dar pruebas fehacientes de las agresiones que sufren, y muchas de ellas son desplazadas de manera silenciosa, otras no pueden declarar porque no hay garantías, y en la misma Fiscalías se filtra la información de los casos, e inmediatamente se difunde en los medios locales, “como si fuera una noticia que hay que generar el escándalo”.
Ney Arias explicó que de enero a la fecha solo en Tlachinollan tienen documentados 80 casos de violencia doméstica, y en lo que va de toda la pandemia, desde enero de 2020 hasta hoy, son 180 los casos de violencia familiar. En ese período, dijo, hay 25 feminicidios en La Montaña, 30 casos de agresión sexual a menores de 18 años, y solamente hay una sentencia condenatoria en feminicidio, que ocurrió el 29 de junio pasado.
Los conferencistas explicaron que en los juicios familiares, se ha vuelto una constante que la mujer denuncie y luego se presenta el perpetrador de la violencia y la acusa penalmente, y a él le hacen caso y su carpeta la perfeccionan, mientras la de la víctima se mantiene sin movimiento, en lugar de que se vinculen y se vean como un mismo caso, porque los ministerios públicos alegan que se presentaron en mesas diferentes. Incluso, a veces, los jueces de manera oficiosa toman por cierta la versión del hombre sin tomar en cuenta el contexto de los hechos, y sentencian en contra de la mujer, despojándola de la custodia de los hijos, y hay casos en que esta custodia se la dan al padre, pero este no la ejerce porque la deja en manos de los abuelos paternos.
En la conferencia presentaron los testimonios de dos mujeres, una de las cuales fue a prisión porque en la calle vio a sus hijos e intentó acercarse a ellos y eso fue suficiente para encarcelarla.
Ney Arias dijo que en La Montaña las mujeres viven tres tipos de discriminación: por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre.
Barrera Hernández dijo que en la región “se negocian los casos”, y los policías ministeriales en lugar de cumplimentar las órdenes de aprehensión que ya existen, se dedican a pararse en Chedrahui y en la entrada a Tlapa para revisar vehículos, sin atender la problemática de las mujeres.
Rosales Sierra a su vez, explicó que ya hubo una primera reunión con la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Víctimas, así como con el equipo de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, con quien se espera reunirse en próximos días para abordar estos temas.
