* Las medidas cautelares para su hija se retiraron sin explicación antes de las elecciones y no han vuelto
* Ha habido asaltos a viviendas de la familia y de un testigo sobreviviente, amenazas telefónicas, citatorios y cateos en sus viviendas
* La Red Solidaria Década contra la Impunidad responsabiliza al Estado mexicano por omisión y por complicidad
* Sé que la Fiscalía me busca, y lo hace para matarme; solo pido que respeten a mi familia, dice sobreviviente
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2024. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad responsabilizó al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de la familia del victimado Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, desaparecido y asesinado en 2013, así como los testigos sobrevivientes a aquel atentado en que fueron desaparecidos, torturados y asesinados seis activistas.
En conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), Magdalena López Paulino, secretaria técnica de la Red, y Érika Zamora Pardo, secretaria de Derechos Humanos de la misma, denunciaron que la familia de Hernández Cardona y el testigo sobreviviente Héctor Arroyo Delgado, han sido víctimas de hostigamiento, persecución, amenazas e intrusión y robo en sus viviendas.
Denunciaron que han sido víctimas de estas acciones las hijas del activista, María Soledad, Carolina y Reyna Hernández Cardona, y la madre de estas, Carolina Mena Marchán, así como Arroyo Delgado. “Desde entonces tienen que vivir escondidos en lugares diferentes, víctimas de hostigamiento, seguimiento, vigilancia e intromisiones en sus domicilios”, leyó Zamora Pardo en un comunicado emitido por la Red Solidaria.
Como ejemplo de los hostigamientos, Zamora Pardo señaló que el 2 de agosto del año pasado, Carolina Hernández Mena recibió una llamada de un número y al contestar, una voz de hombre empezó a darle todos sus datos personales, lugar de trabajo, profesión. Entonces colgó, pero de inmediato recibió otra llamada intimidatoria. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía Cibernética, pero simplemente hasta la fecha no hay ninguna investigación.
En otro caso, dijo que en el libro Gracias, de Andrés Manuel López Obrador, se lee que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, permanece preso por el asesinato de Hernández Cardona pero está exonerado por el caso Ayotzinapa. López Obrador también dice en su libro que Hernández Cardona era considerado en algunos círculos como un luchador social radical y “conflictivo”.
En el comunicado leído por Érika Zamora se lee que a Soledad Hernández, la hija de Hernández Cardona, es a la única de la familia a la que le otorgaron las medidas cautelares que había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no así a sus hermanas y a su madre. Pero además, se establece que a Soledad la buscó el testigo sobreviviente Héctor Arroyo Delgado, quien le dijo que supuestos agentes de la Fiscalía General de la República se habían presentado en su casa de Guerrero -donde ya no habita- supuestamente para pedirle que se presente como testigo (sin precisar de qué), pero al no encontrarlo, entraron a la casa y “se llevaron varias cosas”, entre ellas 20 mil pesos y alhajas.
El 6 de agosto de este año, prosiguió relatando Érika Zamora, desconocidos entraron al departamento de Carolina, la otra hija de Hernández Cardona y se robaron varias cosas. También interpuso la denuncia, pero no hay investigación alguna.
“Desde la Red Solidaria Década Contra la Impunidad exigimos al Estado mexicano protección a la familia del activista y a los testigos, y los responsabilizamos de su integridad física y psicológica. Que se restauren las medidas cautelares a Soledad y a sus hermanas y su mamá”, dijo Zamora Pardo.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Soledad Hernández y el testigo sobreviviente Héctor Arroyo Delgado.
Este último relató que ya no vive en Guerrero, pero hace poco acudió a su casa para resolver algunos asuntos, y apenas se había retirado cuando llegaron elementos de la FGR al mando del comandante Manuel de Jesús Rojas, titular de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal. Le giró un oficio el licenciado Rodríguez, que forma parte del caso Ayotzinapa. Consideró que en realidad, lo que buscan los supuestos policías es matarlo.
“Si la bronca es conmigo, que a mí me hagan lo que tengan que hacer, porque claramente a ellos les pagaron para que me mataran, porque fui testigo del asesinato de Arturo Hernández Cardona. Entonces, que respeten la vida de mi familia, porque yo pienso que no van a tener situación para atrás. Yo creo que ya les pagaron para matarme, y me andan localizando ya. Entonces yo lo único que les pido es que respeten a mi familia, me andan buscando por todas partes. No me han localizado porque me he cambiado de domicilio en varias ocasiones, pero la verdad, yo siento que sí me van a encontrar. Voy a ser una estadística más en los crímenes, porque el Estado mexicano no ha querido poner orden. Y la Fiscalía, en vez de que me proteja, me anda queriendo matar”, señaló.
En su oportunidad Fray Julián Cruzalta, que forma parte de la Red Solidaria, reiteró la responsabilidad del Estado mexicano por omisión y por lo que ya parece complicidad en el hostigamiento a la familia de Hernández Cardona y al sobreviviente. Dijo que en el caso de Soledad Hernández, ella es defensora de derechos humanos desde hace muchos años, por lo cual procede aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que cualquier persona por sí o en asociación, tiene derecho de promover los derechos humanos, y el Estado debe garantizarle esa labor.
Dijo que en los últimos años se ha visto una saña contra las mujeres que son defensoras, lo cual le agrega un factor de género a la de por sí difícil situación de las personas defensoras. “Se ha recrudecido el ataque contra las mujeres, porque el patriarcado es más violento cuando las mujeres se atreven a alzar la voz”, señaló.
El Estado mexicano -dijo- ha sido omiso mucho tiempo en las medidas cautelares.
