VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN /
Acapulco, 10 de diciembre de 2019
Hace ya varios meses que en las colonias populares de Acapulco la queja constante es la carencia de agua potable y el cobro puntual por un consumo inexistente.
La molestia no es para menos, ya que sin agua, la vida no es vida. Y esa experiencia afectó no hace muchos días, al 70 por ciento de la población, unos 800 mil habitantes porteños. Situación que desde luego, no han de sufrir las autoridades municipales o ya se le hubiera dado solución al grave problema en cuestión.
De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), adeuda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) más de 400 millones de pesos que se acumularon desde hace 12 años, de 2006 al 30 de septiembre de 2018.
El pago de ese cuantioso monto deudor, de alguna manera legaloide, ha sido evitado por administraciones anteriores; intención por la que el ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre; el director de la Capama, durante la pasada administración, Jorge Jerónimo Vargas Jijón; y la ex directora de Egresos, Elsa Añorve Jiménez, fueron llamados a cuentas por el actual Órgano de Control Interno Municipal (Ocim), pues los señala del faltante de 170 millones de pesos, detectado por una auditoría celebrada a la paramunicipal del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018.
A ese adeudo para con la CFE, el ayuntamiento actual se suma con 20 millones de pesos por consumos de energía eléctrica, solo del último cuatrimestre del año pasado, razón por la cual, en la Comisión Federal de Electricidad ya andan desesperados, al grado de que pese al amparo 1132/2019-II interpuesto por el Ayuntamiento ante el juez Tercero de Distrito, la dependencia federal cortó el suministro eléctrico a los sistemas de captación Papagayo I y II y al de Lomas de Chapultepec provocando un caos en las colonias acapulqueñas. El descontento social fue general.
Hasta ahí, se trata de ver si, por lo menos, el ex alcalde Evodio Velázquez y sus ex funcionarios pagan lo que deben, cosa un poco dudosa pues hasta han tratado con desdén los llamados a comparecer ante la Contraloría Municipal.
Pero, el problema del agua potable no termina ahí, sino que se agrava ya que el agua entubada, supuestamente potabilizada, llega a las casas lodosa y hedionda, lo que amerita una nueva auditoría, pero esta vez contable y sanitaria, pues el consumo de agua sucia es, como todos sabemos, preludio de enfermedades, algunas muy graves, como el cólera, por ejemplo o la disentería, enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del intestino grueso acompañada de fiebre, dolor abdominal y diarrea con deposiciones de mucosidades y sangre.
“Será considerada como agua apta para el consumo público cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una concentración que suponga peligro para la salud humana y cumpla con una serie de valores especificados: caracteres físico-químicos, microbiológicos, tóxico y radiactivos”, dice un tratado.
Independientemente de esos requisitos, lo que todos sabemos porque nos lo enseñaron en la primaria para preservar nuestra salud, es que el agua que consumimos cuando lavamos los trastes, nos bañamos, lavamos nuestros dientes o la bebemos, debe tener tres características fácilmente identificables y sin necesidad de pruebas de laboratorio; debe ser incolora, insípida e inodora.
Limpia, pulcra, sin partículas que la hagan turbia; sin sabor y sin olor alguno.
En Acapulco, por lo menos en la zona Diamante, el agua que provee la Capama viene lodosa y con un fuerte y desagradable olor a podrido; la verdad, no sé a qué sepa porque no me atreví a probarla.
¿Ya se habrá dado cuenta de esto el director de la Capama, Leonel Galindo González o la presidenta municipal?
Tal vez esperan a que surja el primer caso de cólera para empezar a actuar.
Desde aquí, un llamado a la autoridad sanitaria para que haga su tarea de supervisión.
