ROGELIO HERNÁNDEZ LÓPEZ /
Ciudad de México, 30 de marzo de 2021.
Sin duda, nadie en México podrá leer un informe sobre la gestión de Andrés Manuel López Obrador tan documentado y tan perspicazmente crítico como el de Artículo 19, la organización civil fundada en Londres que, en uso de su libertad de expresión en México, difundió ampliamente el 23 de marzo.
En 278 páginas el documento enjuicia centralmente palabras y promesas del presidente, amplía su revisión a los temas de libertad de expresión para examinar también las decisiones de gobierno relativas a las instancias defensoras de los derechos humanos e incluso inspecciona hasta a los procedimientos para nombrar funcionarios.
De lo cientos de textos críticos, que son públicos e intencionalmente avispados, por los dos años del gobierno de López Obrador, este reportero no había encontrado una fiscalización más amplia, seria y aguda como el de este organismo. Desde el título se perfila la dureza de este documento: Distorsión: el discurso contra la realidad.
En él se acusa que la forma de gobernar del presidente “desancló el autoritarismo”; que su discurso es muy distinto a los hechos; que sus dichos en las mañaneras son “estigmatizantes contra la prensa”. Incluso agrega que esto significa “un permiso implícito” para agredir a medios y periodistas en todo el país con “efecto cascada”.
Aseguran que, por esa estigmatización, 2020 fue “el peor año de agresiones contra la prensa” con 692, de las que 49.5 por ciento “fueron perpetradas por agentes del Estado (personas funcionarias públicas, fuerzas de seguridad civil y fuerzas armadas)”.
¿Qué es Artículo 19?
En su sitio web se afirma que Artículo 19 se fundó en Reino Unido en 1987 y toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Oficina para México y Centroamérica inició operaciones en 2006.
Se asegura que “es una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.”
Según su información de Transparencia en la oficina de México trabajan de planta 32 personas, aparte quienes realizan servicio social. Con datos a junio de 2020 los salarios mensuales que paga al Director van escalando desde los 77 mil a los 120 mil pesos, para subdirectores de 51 mil a 80 mil pesos y los más bajos de 17 mil a 26 mil 500 pesos.
Su presupuesto en 2019 fue de 44 millones, 49 mil 969 pesos y en 2020 (cifras preliminares) fue de 31 millones, 125 mil 611 pesos. Sus fondos provienen, según sus datos públicos, de gobiernos (fondos de agencias de cooperación internacional para el desarrollo y embajadas); fundaciones privadas; empresas y donantes individuales.
El consejo consultivo de esta oficina en México lo integran Javier Garza Ramos, periodista norteño; Santiago Corcuera Cabezut, abogado del despacho Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosl; Adrián López Ortiz, periodista sinaloense profesor del Tecnológico de Monterrey; Gabriela Warkentin, académica de la Universidad Iberoamericana (UIA) y directora de W-Radio; Adela Navarro Bello, periodista premiada por el Comité de Protección a Periodistas de Estados Unidos (CPJ); Renata Ávila, abogada y activista guatemalteca; Laritza Diversent, activista cubana y refugiada política; y Michael Reed Hurtado, académico de la Universidad de Yale, Estados Unidos.
El director actual es Leopoldo Maldonado, a quien acompañan en la conducción y en la responsabilidad del Informe 2020 Dulce Ramírez, Verónica Rivera, Chiara Costanzo, Adriana Díaz y Rebecca Finnegan.
El duro informe
La viñeta caricaturizada que inicia la presentación de textos del informe es singularmente ruda, al igual que el título y casi todo el informe:
En el fondo aparece el rostro gigante del presidente López Obrador desfigurado por una enorme bocaza en donde parecen entrar dos tiras de banderines que reclaman verdad y justicia y de la que aparentan salir imágenes de mujeres que asedian guardias con cascos bajo la mirada de un burócrata. Una mujer logra introducirse a la garganta con un cartel que dice “un violador no será gobernador”.
El informe se integró con nueve partes, la mayoría conformadas con el rigor de los ensayos académicos por el manejo de datos, fuentes de información y lenguaje formal. En la mayor parte de subtítulos se percibe la agudeza del enfoque general al comenzar con citas de promesas o dichos del presidente que a juicio de los redactores no ha cumplido o resultan contradictorias. Sus apartados son:
La distorsión; La concentración y clausura de la información; La desigualdad informativa en la pandemia: El permiso para agredir a la prensa; La vocación por censurar internet; El desmantelamiento de la protección de derechos; La disculpa por el pasado y la negación del presente.
Y como en otros informes al final de los capítulos agregan recomendaciones en una “Agenda mínima 3.0 en materia de libertad de expresión e información”, una “Nota metodológica” y datos de transparencia sobre su Financiamiento.
Llama la atención de este reportero que esta vez el informe no se enmarcó en sus parámetros de libertad de expresión porque ahora desplegó una especie de fiscalización a los instrumentos o instancias del gobierno federal para la protección de los derechos humanos y también incluyó una revisión a las formas de hacer nombramientos de funcionarios federales, como para mostrar incongruencias de discursos y hechos del presidente López Obrador.
Lo normal en los informes anuales de Artículo 19 sobre México es enfocarse en la situación de los derechos relacionados con la información, la expresión, los agravios a periodistas y medios, como lo confirman sus líneas esenciales de operación que presentan en su sitio web:
“La exigencia del derecho a la difusión de información y opiniones en todos los medios; la investigación de amenazas y tendencias, la documentación de violaciones a los derechos de libertad de expresión, el acompañamiento a las personas cuyos derechos han sido violados; y la coadyuvancia en el diseño de políticas públicas en su área de acción.”
En el texto de resumen y presentación del documento dicen los autores:
“Durante la pandemia —pero como responsabilidad directa del quehacer gubernamental a distintos niveles—, se consolidaron en el segundo año de la actual administración el miedo, la opacidad, la impunidad y la negación de la atrocidad. La desinformación, proveniente de diversas fuentes (incluso gubernamentales), abonó a una polarización que intoxica el debate público”.
Esta vez Artículo 19 se insertó como protagonista en la polarización política que critica al enfocar con perspicacia la gestión general de López Obrador y al acentuar su papel de fiscalizador ampliando la mirada a todos los derechos humanos. Quizá lo hizo involuntariamente por necesidad de su trabajo esencial que desde 2006 nos ha servido a todos los mexicanos para vigilar y ampliar nuestros derechos a estar informados y expresarnos con libertad y seguridad.
