ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 21 de julio de 2021.
El Suspeg, sindicato que aglutina a los trabajadores del gobierno, tanto estatal como municipales y el Congreso, es el último bastión firme del Partido Revolucionario Institucional, y, como tal, mueve sus piezas en la vieja lógica priista, pero para enfrentar a los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación.
Se trata de un sindicato formado al amparo de las viejas prácticas corporativas, cuyos dirigentes se han beneficiado por años por la venta de plazas, manejo discrecional de los fondos sindicales, y la escala de premios para incondicionales y castigos para quienes se les enfrentan.
Nacido y crecido al amparo del tricolor, este sindicato sobrevivió a las crisis que han vivido sus compañeros de viaje: mientras la CTM se desdibuja en el país y surgen opciones como la CTM Democrática, o Catem, ligadas a la izquierda; mientras el SNTE pierde palmo a palmo espacios frente a la CNTE en el país y la Ceteg en Guerrero; mientras el Sindicato de Salud enfrenta una fuerte disidencia igual que el petrolero y otros, y mientras crecen sindicatos con perspectiva más identificadas con sus bases, como el Cobach, o el de los Telefonistas, el Suspeg se mantiene como monolito. Apenas enfrenta alguna disidencia en Capama, en Acapulco, y en la sección 14, de maestros.
En ese contexto, los dirigentes del Suspeg, como se ha dicho, activos militantes priistas, han enfocado sus baterías contra los gobiernos de la 4T. No es solo, sin embargo, una cuestión ideológica, de izquierdas, derechas o priismo ancestral. Es que los dirigentes sienten amenazados sus intereses por los nuevos gobiernos.
Eso es lo que se ve en estos momentos en el Congreso local, donde trabajadores de la sección 55, liderados por María Teresa Abarca Romero, instalaron un plantón y un paro laboral el mismo día en que el gobernador Héctor Astudillo tenía que presentarse a rendir su último informe. Los paristas hacían peticiones insólitas, como el pago del bono del Día de la Secretaría, que vencía una semana después, el del Día del Servidor Público, que tampoco se celebra en el momento del paro, el pago del bono de fin de la legislatura, a pesar de que esta aún no concluye, y un incremento salarial de 8 por ciento a pesar de que en la negociación de mayo se acordó que sería de 3.15 por ciento.
Tras tal desmesura, y del respaldo abierto del dirigente estatal David Martínez Mastache a la protesta, lo que se puede colegir es que se trata de un movimiento centrado en el objetivo de golpear políticamente al coordinador de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel. Esta intención estaría en línea con la lucha entre las fuerzas políticas tanto de Morena como del PRI-PRD para desactivar la posibilidad de que continúe no solo dentro de la legislatura sino, sobre todo, de que repita como líder de la Jucopo.
Sánchez Esquivel forma parte del equipo más fuerte en Morena, cercano al senador Félix Salgado Macedonio. Ese solo hecho lo ha convertido en foco de los ataques del bando que encabeza Luis Enrique Ríos Saucedo -el operador del grupo de Pablo Amílcar Sandoval, aunque este se ha deslindado de sus acciones-, al que Sánchez Esquivel desplazó al llegar a la coordinación. Justamente, es el grupo de LERS -como se le conoce a Ríos Saucedo- el que promueve la inhabilitación como diputado plurinominal para la próxima legislatura, de Sánchez Esquivel, acusándolo de no pertenecer a un grupo indígena a pesar de que la ley establece con claridad que basta la autoadscripción para tenérsele por acreditada la pertenencia.
El problema es que Sánchez Esquivel, si no pasa nada con su diputación plurinominal para el próximo Congreso, es uno de los favoritos para repetir en la coordinación de la Jucopo, y eso despierta las alianzas PRI-PRD-Morena (diputados afines a LERS) de esta legislatura con diputados morenistas de la próxima legislatura incluso allegados al felixismo, pero que también quieren la coordinación y que ven en el legislador a alguien a quien no estaría mal sacar de la jugada.
El Suspeg juega en este juego. Algo parecido hace en Chilpancingo con el todavía gobierno perredista, con exigencias similares, y lo mismo hizo en el gobierno morenista de Acapulco. Memorable en el puerto fue el paro de 2019. La alcaldesa Adela Román había impulsado y concretado la creación de la Comisión Mixta Escalafonaria, prevista desde hace varios años en la ley, pero omitida por los gobiernos priistas y perredistas que la antecedieron. Con el Suspeg se analizó el pliego petitorio de ese año y en todos los puntos se lograron acuerdos, excepto que los líderes no querían la comisión mixta. Había una razón: con ello se les quitaría el poder de vender las plazas, los trabajadores podrían unilateralmente presentarse como propuesta y decidiría la comisión, no el líder, a quién darla. El paro duró unos días y terminó cuando los líderes no pudieron doblegar a la morenista y decidieron guardar esa batalla para mejores momentos.
En octubre iniciará el gobierno de Evelyn Salgado Pineda. Los casos de Acapulco, el Congreso y Chilpancingo, son apenas ensayos para lo que viene. El PRI no pudo retener el gobierno del estado, el Congreso ni los municipios de Acapulco y Chilpancingo. Pero tiene un brazo beligerante que, justamente, estará hasta en la cocina, con la 4T.
