En defensa de Radio Uagro

ROBERTO RAMÍREZ BRAVO   /

Acapulco, 25 de febrero de 2022.

El miércoles pasado, trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), acompañados de la Guardia Nacional, se apersonaron en las instalaciones de Radio Universidad, la estación perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero.

El objetivo de los representantes del gobierno federal era el de decomisar el equipo con que opera la estación en Chilpancingo, para impedir que siga transmitiendo como lo ha hecho con cotidianeidad desde hace casi 40 años.

La reacción fue inmediata, en primer lugar, de periodistas que se solidarizaron con los trabajadores de Radio Uagro, de las propias autoridades universitarias que impidieron el acceso de los policías al recinto universitario, y de diversos actores que, a través de las redes sociales, primero, y después con la movilización, expresaron su solidaridad con la radio universitaria.

La acción gubernamental forma parte de una estrategia que empezó a aplicarse desde el gobierno de Enrique Peña Nieto para desmantelar estaciones de radio clandestinas que operan en todo el país, pero que en los hechos también ha afectado a radios comunitarias que operan al cobijo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Federal.

Radio Uagro inició operaciones el 14 de mayo de 1982 por un mandato del Consejo Universitario, y desde entonces ha operado como una radio universitaria, similar a Radio Universidad, de la UNAM, o Canal 11, del Politécnico. Entra dentro de la categoría de radios comunitarias o sociales cuya existencia la misma ley avala.

La pregunta entonces, es, ¿por qué el embate ahora contra Radio Uagro? Al parecer, se trata solamente de un requisito administrativo, pues la Universidad Autónoma de Guerrero sí puede operar una estación de radio universitaria, pero tiene la obligación de obtener la concesión respectiva con ese carácter.

Hace tres años surgió el primer problema con este tema, y desde entonces, en la administración de Javier Saldaña Almazán, se comenzaron los trámites para el permiso oficial, que hasta la fecha no han concluido.

Hay dos razones que pueden entrar en juego. Por una parte, el IFT tiene el derecho de reclamar la existencia del permiso, pero se esperaría de su parte la prudencia de tomar en cuenta que hay un procedimiento iniciado al respecto, para no asumir que totalmente se está cometiendo una infracción a la ley. Por la otra parte, no hay una explicación clara de por qué la Uagro no ha logrado, en tres años, terminar el trámite administrativo que le quitaría el problema de encima.

Lo que debe quedar fuera de discusión es el hecho de que Radio Uagro debe mantener su existencia. Prudencia, se le pediría al IFT; y eficiencia a la Uagro. Pero Radio Universidad ha sido un medio de comunicación que desde su existencia ha dado un servicio más que a la comunidad universitaria, a la población en general.

Ha sido indiscutiblemente un medio con mucha apertura informativa y desde sus micrófonos han pasado muchos movimientos sociales importantes para la sociedad. Memorable es el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que Radio Uagro fue uno de los primeros en tomar el tema de manera destacada.

Marchas, mítines, represiones, muchas historias han sido contadas desde esos micrófonos. Ese solo hecho, que cualquiera puede constatar, ameritaría que el Instituto Federal de Telecomunicaciones replanteara su estrategia, y en lugar de pretender cerrar la estación, como si se tratara de una tortillería, presionara a las autoridades universitarias para que cumplan con sus obligaciones administrativas.

Porque sí, la actuación del IFT, así como ocurrió, puede entenderse como un ataque a la libertad de prensa.

Y también es destacable que, en lugar de llevar a cabo un procedimiento administrativo normal, se actúe de la mano con la Guardia Nacional, y que este cuerpo policiaco de élite haya pretendido vulnerar el espacio universitario. Ello es grave no solo porque se trata de una institución educativa autónoma -y la principal institución educativa, valga decirlo-, sino porque coloca a la misma Guardia Nacional en el escenario de ser una corporación que es inactiva ante los criminales, pero muy proactiva para enfrentar a sectores de la sociedad civil.

Hasta el momento hay personalidades, periodistas, organizaciones, que han expresado su solidaridad a Radio Uagro. Eso es importante porque no se trata de una estación clandestina operada por particulares, sino la voz de una institución que ha dado innumerables batallas en la historia política y social del estado. Radio Uagro es uno de los pocos espacios, pudiera decirse así, críticos dentro de la Universidad, e inclusive del espectro periodístico en el estado.

No deja de ser lamentable, y preocupante, que sea este gobierno, de la Cuarta Transformación, el que dé continuidad a la embestida que empezó hace unos años con Peña Nieto, para desmantelar las radios comunitarias del país, y solamente dejar algunas.

Es memorable, por ejemplo, la lucha que tuvo que dar Radio Ñomdaa La Palabra del Agua, en Xochistlahuaca, para conseguir su permanencia, pues el acoso federal fue sistemático.

Es necesario, pues, expresar el apoyo a Radio Uagro; pedir mayor empatía por parte del gobierno de la República, pero también eficiencia por parte de la Uagro para acelerar sus trámites.