* «Hay indicios claros y sólidos entre 2006 y 2016», señala Ina Zoon
SANTIAGO HERRERA /
Acapulco, 18 de agosto de 2017. La investigadora Ina Zoon, de la organización internacional Open Society, sostuvo que hay indicios claros, de que en el periodo que comprende del 2006 al 2016 en México, se han cometido crímenes de lesa humanidad y abundó en que no ha habido voluntad política por parte del estado mexicano para resolver los crímenes de desaparición forzada y tortura.
“Hay indicios claros y solidos de que en México, en este periodo del 2006 al 2016, se cometieron crímenes de lesa humanidad, no decimos que México está en guerra, no decimos que hay un conflicto armado entre el gobierno y el crimen organizado, aunque hay expertos que dicen que en algunos lugares, en algunos tiempos, tal vez podamos afirmar que se reúnan las condiciones para definir un conflicto armado, no decimos que hay, pero si decimos que hay un fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad”, subrayó.
Recalcó que por parte del estado mexicano no sólo no ha habido voluntad política, sino que en algunos casos también “hubo obstrucción de las iniciativas que hubieran podido resolver el problema”, como sucedió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que acudieron a Guerrero, para investigar el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre esto, Ina Zoon ironizó diciendo que la respuesta de la administración actual del gobierno federal, ha sido “no queremos el involucramiento después del grupo de expertos en el caso ayotzinapa, ya no queremos ningún internacional que meta la nariz en nuestros asuntos”.
Consideró que se debe pedir ayuda internacional para investigar los crímenes que han alcanzado un nivel de atrocidad alto, y señaló que tanto expertos mexicanos e internacionales en el tema, deberán trabajar juntos.
“Si hay abogados, si hay policías que les gustaría entrar, tienen que ser arropados, defendidos, por un grupo de expertos internacionales, de tal manera que su trabajo no pueda ser influenciado, manipulado, presionado y que puedan trabajar con independencia, esto sería un mecanismo que pueda empezar con los grandes casos, con las grandes masacres, con los grandes casos de corrupción y que poco a poco transferiría todo este conocimiento después de revelar la verdad jurídica de estas condiciones, podría ser transferido a las instituciones mexicanas y podrían fortalecer el sistema”, señaló.
Insistió en que lo que se busca con estas investigaciones que han hecho, es que se cree un mecanismo federal y estatal, para que se ayude a los ciudadanos, a los que dijo, muchos de ellos se encuentran desamparados frente a “las presiones políticas, las amenazas políticas y enfrente de la imposibilidad de lograr lo que la sociedad necesita”.
Por otra parte, la investigadora de Open Society, abundó en que durante la investigación, encontraron en los documentos examinados, que generales del ejército y altos funcionarios, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, advirtieron que la militarización del país elevaría el nivel de violencia en el país.
“En las palabras de un ex general, al tomar la decisión de que las fuerzas armadas deben de participar en las tareas de seguridad pública, ellos aplicaron una visión de fuerza y de poder para abatir a los criminales o mejor dicho aniquilar y eliminar un criminal, en lugar de entregarlo a las autoridades, y esto recuerden, que cuando ellos hablan de criminales, es todo un proceso de criminalización a todas las víctimas, porque en el momento de matar a alguien, de torturar a alguien, de ejecutar a alguien extraoficialmente, lo de desaparecer a alguien, las autoridades aún no saben si la persona realmente está relacionado con el crimen organizado o no”.
En ese sentido, abundó en que sin ningún proceso de investigaciones, no se puede determinar si en realidad los detenidos y en algunos casos torturados, pertenecen al crimen organizado por lo que “hay una tradición o una costumbre, de que las victimas están culpabilizadas y se intenta presentar a las víctimas como de que todos son criminales”.
Por último, Ina Zoon, emitió una serie de recomendaciones, en la que destaca, el fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos del estado, debido a que encontraron en condiciones deplorables y aunado a eso, es que hay mayor número de quejas de tortura sucedidas en el estado, presentadas en la comisión de nacional que en la comisión estatal “lo que dice algo sobre la confianza de las víctimas en la comisión estatal”.
La conferencia y presentación del informe por parte de Open Society, se realizó en el auditorio de la Universidad Loyola del Pacifico, como parte de las actividades de la Jornada Contra la Impunidad; Por la Verdad y la Justicia, en donde también estuvieron el diputado local Ricardo Mejía Berdeja del partido Movimiento Ciudadano (MC) y la viuda del ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo Cázares.
