ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
El caso del diputado local priísta Saúl Beltrán Orozco, contra quien una juez giró orden de aprehensión por el asesinato un colaborador cuando era alcalde del municipio de San Miguel Totolapan, vuelve a poner sobre la mesa el tema del fuero constitucional que permite a diputados y alcaldes delinquir sin ser detenidos.
Ese caso se parece a otros anteriores. Por ejemplo, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue acusado del asesinato en 2013 del luchador social Arturo Hernández Cardona y dos de sus compañeros de la Unidad Popular. La investigación, durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, ni siquiera prosperó. Luego, al año siguiente, se le acusó de haber ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no se le pudo detener porque tenía fuero, y cuando pidió licencia y dejó el fuero, tampoco se le detuvo y salió huyendo.
Otro caso es el del alcalde priísta de Tlapa, Willy Reyes, acusado de asesinar al diputado Villanueva de la Luz, suplente del hoy senador Sofío Ramírez Hernández. El Congreso llevó un tortuoso proceso para desaforarlo, que duró meses a pesar de que la Fiscalía, que en ese momento no se llamaba así y estaba a cargo de Alberto López Rosas, presentó todas las pruebas que lo inculpaban. Cuando por fin se le desaforó, ya estaba lejos.
En la legislatura pasada, el perredista Bernardo Ortega fue señalado de proteger a su padre y su hermano, quienes según las autoridades dirigen al grupo criminal conocido como Los Ardillos, en Tixtla y Chilapa. Ni siquiera hubo una investigación, y desde luego el legislador tampoco renunció al cargo. Tenía fuero.
Está también el caso del diputado federal perredista de Michoacán, Julio César Godoy Toscano, quien fue acusado en 2011 por la PGR de ser parte de La Familia Michoacana y trabajar bajo las órdenes de La Tuta. En esos tiempos Julio César era diputado electo y el gobierno federal le había negado el amparo contra la orden de captura girada en su contra, por lo que podría ser detenido. Se anduvo escondiendo varios meses hasta que se llegó la hora de la toma de protesta. Para conseguir el salvador fuero, tuvo que ser introducido a escondidas en el Palacio Legislativo y asumir el cargo. Ahora sí, pudo andar libre.
Hasta el momento no se conoce ningún caso de diputado o alcalde que haya aprovechado el fuero para defender una posición política y que precisamente contar con ese manto protector le haya impedido convertirse en preso por sus ideas.
En el Congreso local, hay en estos momentos una discusión sobre el tema, a propuesta del PRD y Movimiento Ciudadano; y en la Constitución de la Ciudad de México el fuero fue definitivamente eliminado.
Otra característica del fuero ha sido que no solo los beneficiarios se cobijan en él, sino también las autoridades lo utilizan para favorecer a los actores políticos que se ven involucrados en algún ilícito.
En el caso de Abarca Velázquez, por ejemplo, el entonces procurador Iñaki Blanco Cabrera alegaba que no se le podía detener porque tenía fuero, pero en realidad aprovechó esa circunstancia para evitar ponerle vigilancia, de modo que en el momento en que dejó de tener protección, “se escapó” en sus narices, pese a que anunció ampliamente la sesión de Cabildo para presentar su solicitud de licencia.
En el caso de Willy Reyes, el Congreso retrasó todo lo que pudo el juicio de procedencia, alargándolo por meses para facilitarle la huida.
En el del actual beneficiario, el diputado Beltrán Orozco, la Fiscalía sabía desde el 9 de enero –según denunció otro diputado, Ernesto González Pérez- que había una orden de aprehensión. Es más, la orden de aprehensión en sí misma es algo que favorece al legislador en el nuevo sistema penal acusatorio, porque se emitió antes de desaforarlo. Pero la orden no pudo haber salido si no la hubiera solicitado el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía.
En estos momentos en que todavía no se le desafuera, hay toda una operación mediática para indicarle al diputado que va a ser desaforado, mientras el Congreso todavía no sesiona para tal fin. El PRI, por ejemplo, ya se deslindó. Heriberto Huicochea ha dicho que si tiene responsabilidad debe afrontarla, y el gobierno del estado difunde los pasos de la Fiscalía para desaforarlo. Si no escapa el diputado, será milagro.
Lo curioso es que antes del escándalo que significó la publicación en una televisora sobre las ligas de Beltrán Orozco con Reynel Jacobo Dealmonte, El Tequilero –con quien es compadre-, y la filtración de que existe una orden de aprehensión, nada se movía en torno al tema. Ni la Fiscalía buscaba desaforarlo, ni nadie se deslindaba de él.
Son asuntos como estos los que han merecido que el fuero constitucional sea repudiado por la ciudadanía. La propuesta de eliminarlo en Guerrero debería ser bien valorada y finalmente llevada a la práctica.
El fuero fue un privilegio que nació en la Edad Media como un conjunto de derechos que el rey concedía a una ciudad o una persona. Después se aplicó a los diputados para que estos pudieran decir lo que había de decirse sin ser detenidos por ello. Luego se utilizó para que no se pudiera detener a los altos funcionarios si cometían algún delito. El más beneficiado de ello es el presidente de la República, que ni durante su mandato ni después de él, puede ser detenido.
Pero, si no protege de actos políticos, sino delictivos, no tiene razón de ser.
