* Comparece el secretario de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno del gobernador, Héctor Astudillo Flores
REDACCIÓN /
Chilpancingo, 27 de noviembre del 2020. Diputadas y diputados locales reconocieron avances logrados en los últimos dos años en materia de seguridad pública, gracias a la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pero coincidieron en que aún falta mucho por hacer para brindar paz y armonía a los guerrerenses. Esto durante la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en el estado, David Portillo Menchaca, como parte de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
En la Sala “José Francisco Ruiz Massieu” del Congreso del Estado, el funcionario compareció ante los diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Seguridad Pública, de Justicia y de Derechos Humanos.
Del grupo parlamentario de Morena, el diputado Moisés Reyes Sandoval coincidió con el compareciente en que la seguridad no es tema para politizar ni partidizar, y celebró que en Guerrero hayan disminuido los índices delictivos gracias a la estrecha y efectiva coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales.
Interrogó al funcionario acerca de las cifras de Covid-19 en la corporación y cómo se apoya a los elementos que enferman en el cumplimiento de su deber; sobre los protocolos aplicados en los centros de reinserción para prevenir contagios; los criterios para otorgar el equipo de protección a los elementos, y en relación al proceso electoral, pidió información sobre las acciones para garantizar la seguridad de los candidatos y la población en general, a efecto de evitar una ola de crímenes como la suscitada en el pasado proceso.
A nombre del PRI, los diputados Heriberto Huicochea Vázquez y Omar Jalil Flores Majul manifestaron que garantizar la integridad física y el patrimonio de la población corresponde a los tres órdenes de gobierno, mediante el diseño e implementación de estrategias de prevención del delito, la promoción de la cultura de la denuncia, el combate a la corrupción, depuración y dignificación de los cuerpos policiales, entre otras acciones, y se congratularon porque esa coordinación ha generado avances, lo que se refleja en el lugar número 15 que Guerrero ocupa a nivel nacional en incidencia de delitos.
Sin embargo, señalaron que aún hay cifras no alentadoras y es necesario reforzar acciones, por lo que cuestionaron si es necesario un penal de alta seguridad en la entidad; las fortalezas y debilidades de la institución; cuál ha sido el papel para inhibir el delito de extorsión; la etapa en que se encuentra el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo en Acapulco (C5); el impacto de la inhibición de celulares en las cárceles; el estatus de ascensos de los elementos y las pensiones; además de cómo queda el FORTASEG y en qué circunstancias se va a ejecutar este recurso.
Al fijar postura a nombre del grupo Parlamentario del PRD, el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán externó que conocer las acciones de primera mano en materia de seguridad pública forja una visión de lo que hasta ahora se ha realizado, pero su tarea cotidiana como representantes populares les permite saber que las condiciones en materia de seguridad pública aún no son las deseables. En ese sentido, dijo que queda pendiente mucho por hacer.
Reprochó que a cinco años de la administración estatal, en materia de seguridad pública no ha cambiado nada y no se prevé que esta situación cambie, por lo que conminó al funcionario estatal a analizar de manera autocrítica su trabajo e identificar lo que sí y no funciona, reforzar las acciones y no bajar la guardia, porque los guerrerenses merecen vivir en armonía y en paz.
La representante del PT, Leticia Mosso Hernández, cuestionó sobre si la falta de elementos policiacos es factor determinante para no garantizar de manera efectiva la seguridad pública en el estado, y si se contemplan estrategias para cumplir con las recomendaciones de la ONU, en el sentido de que existan tres policías por cada mil habitantes, y de qué manera coadyuva la SSP para que la Ley Olimpia se aplique con éxito en Guerrero.
Pidió, asimismo, saber en qué fase se encuentra el programa de seguridad y vigilancia en el transporte público y privado para la protección de mujeres y niñas, en qué municipios opera y su impacto, así como las acciones para clasificar a reclusos en los Ceresos, y si el presupuesto destinado para su alimentación es suficiente.
La diputada Guadalupe González Suástegui, del PAN, inquirió sobre el proceso para la emisión del Certificado Único Policial en la corporación estatal y el grado de cumplimiento de los municipios en la certificación de sus elementos, y de la Policía Investigadora Ministerial.
También cuestionó sobre cuántas personas se encuentran con medidas de protección y las acciones que se implementan para combatir la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, los resultados y los municipios con más casos.
En su participación, Portillo Menchaca destacó que la reducción de la incidencia delictiva que ubica a Guerreo en posiciones históricas a nivel nacional sobre la recurrencia de delitos de alto impacto, como homicidio doloso, robo a vehículos y secuestro, no son producto de la casualidad, sino resultado de la atinada visión política y sensibilidad social del Ejecutivo estatal y el compromiso y entrega permanente de quienes integran la dependencia.
Señaló que la seguridad pública representa un desafío que exige entrega y compromiso conjunto, por ello pidió a los legisladores hacer las reformas necesarias a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado para estar acorde con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para ampliar las facultades de investigación, así como a la Leyes Nacionales de Registro de Detenciones, sobre el Uso de la Fuerza y de la Guardia Nacional.
También, solicitó su intervención para garantizar los recursos financieros necesarios que permitan el mejoramiento de los Centros de Readaptación Social y la conclusión de los Centros Femeniles, para mejorar las condiciones de la población penitenciaria.
