* Sale libre por fin el promotor de la Policía Comunitaria
REDACCIÓN /
Acapulco, 14 de diciembre de 2017. A más de cuatro años de una detención arbitraria, Arturo Campos Herrera dejó la prisión libre de cargos.
La sentencia evidenció que se le detuvo sin que hubiera elementos suficientes del crimen del que se le acusaba.
También puso en duda los intereses de la entonces Procuraduría para criminalizar los derechos de los pueblos originarios y para silenciar la protesta social, utilizando el sistema de justicia contra los líderes indígenas.
Después de una movilización ciudadana, que empezó en las comunidades de la Montaña de Guerrero y llegó hasta una campaña internacional que recaudó más de 34 mil voces ciudadanas, hoy el movimiento por los derechos humanos en México celebra la libertad de uno de los muchos defensores que han sido criminalizados por su trabajo.
“Para el movimiento de derechos humanos en Guerrero la libertad de Arturo Campos es el triunfo de una lucha histórica de los pueblos y sobre todo de los defensores que se ponen en la línea de fuego tratando de construir un nuevo escenario de respeto a los derechos humanos. Arturo está libre gracias a la lucha de estas comunidades indígenas, pero sobretodo gracias a su trayectoria impecable, porque es una persona que siempre ha trabajado para construir justicia desde abajo”, declaró Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, afuera del Juzgado mientras esperaban la boleta para la liberación de Arturo.
El caso de Campos Herrera no es aislado, el estado de Guerrero ha hecho uso excesivo de la prisión preventiva con fines de investigación, sobre todo a miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), normatividad reconocida por el derecho internacional y los tribunales federales en México, informó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
El activista duró cuatro años sin que se le comprobara nada, por lo que organizaciones civiles y movimientos sociales están esperando una reparación y reivindicación de parte del Gobierno del Estado de Guerrero.
“Cuando Arturo denunció violaciones a los derechos humanos de miembros de su comunidad, estaba haciendo el trabajo que el gobierno debería de estar haciendo en el país; sin embargo, en lugar de reconocer sus esfuerzos, la respuesta de las autoridades fue criminalizarlo. La libertad de Arturo es lo mínimo que el estado de Guerrero debe hacer, ahora esperamos que sigan el ejemplo de Arturo y protejan los derechos de los pueblos indígenas”, dijo Ana Sofía Suárez, Coordinadora de Campañas del movimiento ciudadano Avaaz.
