Rosario Hernández. Chilpancingo, Gro/ANG.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que emitió una recomendación al presidente municipal de Tlapa de Comonfort, el morenista Dionicio Merced Pichardo García, y al fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila por considerar que hubo agresiones en la detención de la activista Yndira Sandoval Sánchez y su pareja.
De acuerdo a la resolución de la CNDH, hay evidencias de que policías municipales a agredieron sexualmente, además de que hubo una inadecuada atención en el Ministerio Público.
Yndira Sandoval Sánchez y su pareja fueron detenidas el 16 de septiembre del año 2017 por alterar el orden en la vía pública y tener comportamientos agresivos contra las autoridades policiales.
En ese sentido, la CNDH confirmó que se emitió la recomendación al alcalde de
Tlalpa de Comonfort, por tortura y violencia sexual atribuibles a agentes de la Policía Municipal contra una defensora de los derechos humanos.
Pero también al titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos por la inadecuada atención de los hechos.
Narraron que el 16 de septiembre de 2017 la activista fue detenida con su pareja por alterar el orden en la vía pública y tener comportamientos agresivos contra autoridades policiales al momento de su detención, lo que dijeron, no justifica la reacción de policías municipales hacia la activista.
Añadieron que en la Comandancia Municipal, la defensora fue intimidada por 2 mujeres policías, quienes, además, la agredieron sexualmente. Al ser liberada, se dirigió a la Agencia del MP Especializada en Delitos Sexuales para presentar la denuncia; sin embargo, dicha instancia estaba cerrada.
Precisaron que la activista acudió a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, donde le informaron que no podían atenderla porque se encontraba alterada y el delito no era de su competencia, por lo que le solicitaron retirarse, llamando a la Policía Municipal.
«Tras la investigación, concluimos que la agraviada presentó lesiones en el cuerpo y secuelas psicológicas consecuencia de la violencia sexual. Dichos actos trascienden a tortura, ya que le fueron realizados con la finalidad de castigarla por su resistencia en su detención», aseguraron.
A su consideración, la Fiscalía General del Estado de Guerrero vulneró los derechos humanos a la integridad personal, acceso a la justicia, a la privacidad y a vivir una vida libre de violencia al negar a la agraviada la posibilidad de presentar su denuncia, lo que derivó en dilación para la investigación de la agresión sexual.
«Recomendamos a Fiscalía General del Estado de Guerrero y al Presidente Municipal de Tlapa de Comonfort, reparar el daño a la víctima. A Fiscalía General del Estado de Guerrero continuar integración de la carpeta, que deberá tramitarse con perspectiva de género, colaborar en queja ante OIC contra servidores públicos responsables».
Por último, al edil de Tlapa le pidieron colaborar en la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero contra integrantes de la Policía Municipal que participaron en los hechos. (ANG)
