KAU SIRENIO /
Guerrero, 07 de frebro de 2024. El domingo 4 de febrero, poco después de mediodía un grupo de civiles armados atacaron a un camión que transportaba jornaleros agrícolas en Caborca, Sonora, el saldo: tres muchachos de 15 años y una mujer de 30 años fueron asesinados, y siete resultaron heridos; todos eran jornaleros.
Ese día, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJE), confirmó lo ocurrido en la brecha que conecta a los ejidos Salomón Quihuis con el Ejido Yaqui Justiciero; esta zona de Caborca, tiene alto índice delictivo de ese estado, debido al el trasiego de la droga y su cercanía con la frontera de México con Estados Unidos.
De acuerdo con los testigos y sobrevivientes, los jornaleros trabajaban en el rancho San Francisco, después de la jornada abordaron una camioneta tipo van para llevarlos a Caborca donde vivían; el carro en que viajaban iba con 29 jornaleras y jornaleros, entre ellos adolescentes cuando fueron atacados por un grupo civil armados con fusiles de asalto.
Lo que se supo al principio de la agresión fue que al menos 12 jornaleros agrícolas murieron y varios heridos; después se confirmó que cuatro trabajadores agrícolas fueron asesinados en la agresión.
Entre las víctimas se encuentran tres menores de 15 años; y una mujer de 30 años, ella es originaria de La Huacana, Michoacán; los jornaleros heridos fueron llevados al Hospital General de Caborca.
Así las cosas, de estos hechos solo se consigno en los medios pero no hubo reacciones en las organizaciones que acompañan a los trabajadores del campo, hasta ahora hay un silencio de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los jornaleros que trabajan en zona de violencia todos los día se enfrentan a la muerte por falta de seguridad y condiciones digno de trabajo; los estados más inseguro para los obreros agrícolas Michoacan, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
La vida de los jornaleros es entre la vida y la muerte, por un lado los empleadores los explotan sin que el Estado mexicano revise estos campos agrícolas; de otro lado están los grupos civiles armados que los acosan los fines de semana cuando cobran su raquítico salario.
No solo se enfrenta a los malos tratos, sino que a las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, como se ha documentado en el municipio de Guasave, donde cientos de niños se han enfermados, algunos de ellos ha fallecidos por falta de atención medica y las condiciones insalubre en que trabajan.
Es difícil saber lo que pasa con los más de 2.3 millones de personas que se emplean en el corte o pizca de frutas y verduras que llega a los mercados y tiendas de autoservicios; mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes mantienen la industria agrícolas a pesar de que son invisible para los consumidores.
La comunidad jornalera trabaja en condiciones de calor extremo, sin agua potable, espacio para la comida, de baños ni hablamos; la mayoría de estos trabajadores no cuenta con la seguridad social, ni vivienda digna.
La condiciones paupérrimas de su lugar de origen los obliga a trabajar bajo las condiciones que imponen los empleadores. Los asesinatos y muerte por enfermedades curables son algunos caso documentados en el libro Jornaleros Migrantes: explotación trasnacional.
Cambiar esta narrativa requiere poner en marcha la nueva reforma a la Ley Federal de Trabajo que entró en vigor el pasado 24 de enero, los inspectores que se proponen tendrán que surgir de los sindicatos de jornaleros, de organizaciones de derechos humanaos que acompañan a los trabajadores del campo y expertos en explotación laboral en los campos agrícolas.
Esta columna se publicó en Pie de Página, un portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos. Se reproduce para los lectores de La Plaza con autorización del autor.
Texto original: https://piedepagina.mx/jornaleros-bajo-fuego/
Texto: Kau Sirenio
