RAÚL SUÁREZ MARTÍNEZ /
Chilpancingo, 25 de julio de 2021.
En efecto, una de las banderas más emblemáticas que Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente constitucional de la República mexicana había venido enarbolando, era la de la impartición de la justicia en contra de quienes desde el poder se enriquecieron a costillas del pueblo mexicano, esta bandera fue arrebatada -o retomada, como ustedes lo quieran interpretar- por los ciudadanos mexicanos de varios partidos y gente sin partido, gente que desde la sociedad civil han venido desarrollando las tareas necesarias para que el Instituto Nacional Electoral retomé legalmente la realización de la consulta.
Este 1 de agosto los ciudadanos mexicanos están citados a depositar su opinión para definir, no si se aplica la ley: la ley existe, la ley castiga los excesos y la corrupción; sin embargo, esta misma ley, manoseada por quienes desde el PRI, desde el PAN y con la complacencia y complicidad ahora del PRD, han venido gobernando este país, y han venido desarrollando una serie de acciones contrarias a la misma ley pero que, cobijados con el mismo manto protector de impunidad, se burlaban una y otra vez de la legislación actual.
Lo que la consulta pretende realizar es que, con el amparo de la opinión popular, de la opinión ciudadana, el gobierno de la República, las instancias del Poder Judicial, puedan de una u otra manera aplicarle la ley a todos aquellos que abusaron del poder, que amparados por los presidentes de la República en turno, se sirvieron con la cuchara grande y desfalcaron al pueblo mexicano.
No, no cometan el error de pensar que se está preguntando si se puede aplicar la ley o no. La ley debería de aplicarse sin distingo de partido, sin distingo de religión, sin distingo de posición política que el personaje que violenta las leyes merece, sin embargo este ha sido un actuar cotidiano de los gobiernos pasados porque se han convertido simple y sencillamente en cómplices y socios de aquellos que han robado el erario público. No se está preguntando, repito, si se aplica la ley o no. El gobierno federal, el presidente de la República, está consultando a la ciudadanía si es prudente al paso de los años aplicar la ley aquellos que la violentaron o que cubrieron con su manto protector a quienes lo hicieron, para que no se maneje como una venganza personal, como odios presidenciales, la necesidad de que el pueblo de México reciba por fin un acto de justicia.
No se desconoce la ley, por el contrario, el solo acto de la consulta popular está demostrando que el gobierno federal, que Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente de la República, respeta el sentir y el posicionamiento de la ciudadanía
Esto es lo que hace interesante ir el 1 de agosto y poder expresar si se quiere o no iniciar un proceso judicial que obliga al Estado mexicano a deslindar responsabilidades de las acciones del pasado.
