TLACHINOLLAN /
Tepango, municipio de Ayutla. Hace 29 años los pueblos Me’pháá, Na Savi, Nahuas y Afromexicano de la Costa Chica y la Montaña se organizaron para responder a los embates de los grupos delictivos que actuaban con la complacencia de los gobiernos. De nada sirvieron los desesperados llamados de auxilio a las autoridades, que como siempre se mostraron indolentes y arrogantes. Nos miraban con desprecio y nos discriminaban por ser indígenas y pobres.
Pero los sabios y principales hablaron en las asambleas que los pueblos convocaron. Allí se analizó aguda y pacientemente, buscando salidas al problema que enfrentábamos. Tuvimos que retomar nuestros sistemas normativos, de cargos comunitarios e instituciones propias, como los comisarios, comisariados y asambleas de los pueblos, conformando nuestro sistema de justicia, ahí estaba la solución que buscábamos, ahí está la fuerza de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitarias (CRAC-PC).
No es fácil mantenerse 29 años, enfrentando la persecución, criminalización y discriminación de los gobiernos neocoloniales, pero la CRAC-PC aquí está, de pie, sorteando las tempestades que provocan las acciones de caciques y gobiernos. Nuestro sistema de justicia ha demostrado ser eficaz y exitoso frente al desastre humanitario que han provocado los grupos delictivos en la entidad y el país. En nuestros territorios los pueblos cohabitan en paz, libres de la violencia irracional que deja terror y muerte en otros lugares.
Los gobiernos en lugar de reconocer que nuestro sistema de justicia fortalece al estado porque propicia la participación política, fomenta la paz, el desarrollo, la coexistencia y los valores comunes, nos invisibiliza y coloca fuera de la legalidad, regateando la asignación de presupuesto para operar nuestro sistema se seguridad, justicia y reeducación.
Los exiguos recursos económicos que el gobierno otorga a la CRAC-PC son para intentar cooptar a las autoridades comunitarias o para silenciarnos, cuando se le cuestiona y critica, retira los apoyos.
Por lo demás, el gobierno se ha negado a reconocer nuestro sistema de justicia. Nos ha colocado deliberadamente fuera de la legalidad al abrogar la Ley 701.
Junto con otros hermanos indígenas organizados en distintos movimientos, desde hace décadas impulsamos el reconocimiento constitucional de nuestros derechos. Con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que dijo tener una apuesta por los pobres creímos que tal reconocimiento sería una realidad y saldaría una deuda histórica con nuestros hermanos indígenas y Afromexicanos. Vimos con esperanzas que el Instituto Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI) realizó cincuenta foros de consulta en los que nuestros hermanos participaron de manera entusiasta derivando en una iniciativa que condensaba nuestras aspiraciones, sin embargo, cuando el presidente AMLO presentó la iniciativa con tristeza vimos que estaba totalmente rasurada. La iniciativa del INPI planteaba reformar 17 artículos de la constitución, mientras la reforma solo abordó uno. Se trata de una reforma mutilada que está muy lejos de nuestras legítimas aspiraciones.
La jurisdicción indígena tiene serias limitaciones dado que solo resolverá conflictos internos y al no reformarse el artículo 21 el monopolio de la procuración y administración de justicia es propia de ministerios públicos y jueces. La representación política y la propiedad de los territorios y bienes naturales de plano quedaron fuera de la reforma recién aprobada. Sin territorio ¿dónde ejerceremos la libre determinación, autonomía y la justicia?
La columna vertebral del derecho indígena: seguridad y justicia, gobierno y propiedad de nuestros territorios y bienes naturales no fueron incorporados a la reforma. La deuda histórica con nuestros pueblos sigue.
De muy poco sirven los programas sociales si no se reconocen nuestros derechos. Si no se acompañan de un reconocimiento constitucional a la postre se convertirán en un mecanismo clientelar y asistencialista que nos mantendrá sumidos en el atraso y la marginación, estirando la mano para recibir la dádiva gubernamental. Es fundamental para los pueblos indígenas ser gobierno, hacer justicia y tener la propiedad del territorio y bienes naturales.
Por lo anterior, en el marco de nuestros 29 aniversario manifestamos:
Seguir impulsando el reconocimiento de nuestros derechos en la Constitución local y las Leyes secundarias para lo cual llamamos a redoblar los esfuerzos organizativos en nuestras comunidades y territorios.
Realizar una gran movilización estatal el 14 de octubre de este año, para lo cual llamamos a todas las organizaciones hermanas a sumarse a esta jornada de lucha por la exigencia del reconocimiento de nuestros derechos.
Redoblar los esfuerzos de articulación con el movimiento social en Guerrero y en el país, con las organizaciones y pueblos indígenas y Afromexicanos que derive en un gran movimiento que logre nuestro reconocimiento.
Continuar desde nuestros pueblos ejerciendo la seguridad, justicia y reeducación con o sin Ley, porque nuestro reconocimiento no viene de una Ley, nuestros derechos son inherentes y preexistentes, es decir, vienen con nosotros al nacer y habitamos los territorios antes de la creación de los Estados. No nos debemos a una Ley escrita, por el contrario, nos regimos por la palabra, por los sueños, por los signos por otra forma de ser y estar en el mundo.
Los pueblos que conformamos la CRAC-PC seguiremos en nuestros territorios, aquí donde nos dejaron nuestros padres y abuelos y el padre creador. A ellos y a nuestras asambleas nos debemos, no a los gobiernos. No renunciaremos a la lucha por nuestro reconocimiento, por permitiremos que los gobiernos neocoloniales nos sigan pisoteando en nuestra propia tierra. ¡La CRAC-PC vivirá por siempre!
ATENTAMENTE
¡NUESTROS DERECHOS SERÁN JUSTICIA!
¡VIVA LA CRAC!
¡VIVAN LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS!
Casa de Justicia San Luis Acatlán
Casa de Justicia de Espino Blanco
Casa de Justicia de el Paraíso
Casa de Justicia de Zitlaltepec
Casa de Justicia de Caxitepec Las Juntas.
