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*Se da cumplimiento a una demanda sentida de la población y de los empresarios ante el incremento de este delito en el país

REDACCIÓN /

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2024. La diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, consideró como un avance positivo la reforma en su artículo 19 constitucional, que considera la extorsión como delito grave, al ser incluido en el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa y que da respuesta a una demanda sentida de justicia.

Destacó que es una reforma contundente por garantizar justicia y seguridad que afecta la tranquilidad de las familias mexicanas, “la inclusión de la extorsión como un delito grave tiene como principal finalidad el castigo de quienes lucran con el miedo y la violencia que afecta la tranquilidad y la economía de las y los ciudadanos”.

Este avance representa un paso firme en la lucha por garantizarle el acceso de justicia a las víctimas, por lo tanto, Domínguez Serna reconoció que “ha sido una demanda muy sentida de la población, así como del empresariado tipificarlo como grave a raíz de su incremento en todo el país”.

Por otro lado, Domínguez Serna enfatizó que esta reforma también abona a la protección de la salud pública, al incluir el tráfico de fentanilo y sus derivados en el catálogo de delitos graves, y refuerza la integridad del sistema fiscal al sancionar actividades ilegales relacionadas con falsos comprobantes fiscales.

“Este dictamen no es una concesión, es una respuesta a las demandas ciudadanas de vivir en un país más seguro. La prisión preventiva oficiosa no es un castigo, es una medida que garantiza la presencia de los imputados y permite que los procesos judiciales avancen de manera eficiente”, señaló.

La legisladora federal por Guerrero dijo que la prioridad es que la justicia se imponga sobre la impunidad, por tal motivo se trabaja para que las leyes estén del lado de “la gente honesta y trabajadora, que merece vivir sin miedo y con confianza en las instituciones”, concluyó.

El dictamen aprobado fue remitido a los congresos locales para su próxima legislación y homologación, por lo que la legisladora se mantiene firme en su postura de impulsar iniciativas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y fortalezcan el Estado de Derecho.

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