ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 16 de marzo de 2024.
Tras la renuncia de sus secretarios de Seguridad Pública y general de Gobierno, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la remoción del cargo para la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Fue, este último, un anuncio sorpresivo. Que despidiera a los dos secretarios, se entiende, porque son parte de su gabinete. Pero desde que los fiscales son nombrados por el Congreso, la Fiscalía es autónoma y se ha entendido que quien encabeza el Ejecutivo no tiene autoridad sobre esta dependencia. Pero no es tan así: el artículo 142 de la Constitución local, dice que la mandataria puede remover a la fiscal de su cargo, decisión que solo puede ser invalidada por dos tercios de quienes integran el Congreso.
Tras su remoción, la fiscal anunció que ejercería su derecho de audiencia ante el Congreso, para que diputadas y diputados la escuchen y valoren si existen o no las causas graves que justifiquen su despido.
Un análisis de este caso podría arrojar algunas conjeturas. En principio, la decisión de la gobernadora es inédita, y aunque está en la Constitución, era criterio general que la fiscal gozaba de inmunidad ante la mandataria. El antecedente de esto lo dio el ex fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz. Una ocasión, Rogelio Ortega se dolió públicamente de que siendo gobernador, le pidió a Godínez retirar la acusación por secuestro que el gobierno del estado (en tiempos de Ángel Aguirre) había enderezado contra Nestora Salgado, actual senadora de Morena y en esos tiempos líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, para que saliera de la cárcel donde estuvo varios años, y el fiscal le respondió que no.
Héctor Astudillo también mantuvo desencuentros con el fiscal que le tocó, Javier Olea Peláez, hasta que este terminó por renunciar e irse.
Valdovinos Salmerón nunca se coordinó con la titular del Ejecutivo. Eran públicas las diferencias, aunque Evelyn Salgado mantuvo la mesura, como la mantiene frente a otra descoordinada, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
El punto de quiebre, sin embargo, estuvo en la actuación de la Fiscalía ante el asesinato del estudiante Yanqui Kotham, por policías en Tixtla. La FGE informó que su personal acudió al lugar de los hechos hasta que hubo condiciones para hacerlo. Mientras tanto, los policías estatales modificaban la escena del crimen, falsificaban pruebas y acusaban a los normalistas de haber disparado y de llevar armas, cervezas y drogas con ellos. En ese mismo contexto, se dio el intercambio de acusaciones entre la SSP y la FGE, cuando la primera dijo que la segunda no había aceptado recibir a los agentes detenidos, implicados en la ejecución del estudiante; y la segunda afirmó que nunca le fueron presentados, pero entre una y otra versión, el agente que presuntamente disparó, se dio a la fuga cuando sus guardias “le dieron permiso de ir a la tienda”.
El caso es que esta fuga indignó a los normalistas, que ya habían incendiado patrullas al principio, y volvieron con más virulencia, ahora contra la sede de la Fiscalía, a la que lanzaron bombas molotov. Ahí, la fiscal habría cometido otro traspié, al impedir a los trabajadores ponerse a resguardo, según denunció el Suspeg.
La respuesta de la gobernadora fue tajante, con la separación de los secretarios y la remoción de la fiscal. Aquí es importante hacer notar que la facultad constitucional de la gobernadora es removerla; no pedir permiso al Congreso, o que deba iniciar un procedimiento para ello. Desde el momento mismo en que toma la determinación, la titular de la Fiscalía deja de estar en funciones. El Congreso puede oponerse y restituirla, pero solo si así lo determinan dos terceras partes de sus integrantes. Mientras eso no ocurra, la fiscal está fuera de sus funciones.
Este incidente permite, sin embargo, ver un rasgo en el gobierno de Evelyn Salgado. Ella lo dijo, en la transmisión en vivo en que anunció las renuncias y la remoción: “en Guerrero, hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes”.
Es una particularidad suya, la de asumir el control en medio de la tempestad, de una manera que pocos o nadie preveía que pudiera ocurrir. Lo hizo, por ejemplo, cuando en plena crisis de protestas del magisterio, que tenían tomado el edificio Juan Álvarez, la gobernadora se presentó de repente para orillarlos a la negociación y a levantar su movimiento.
También lo hizo en Acapulco, cuando la desaparición de una joven antes del Tianguis Turístico de 2022, generó protestas y bloqueos en la entrada al puerto. El conflicto se mantenía en la zona de San Agustín, y las versiones que corrían de involucramiento de la delincuencia organizada en la desaparición, además del tono claramente violento de las protestas, hacían difícil el diálogo entre manifestantes y autoridades. Sin embargo, en el momento menos pensado, Evelyn Salgado se presentó, alrededor de las 9 de la noche, y ofreció personalmente encabezar una búsqueda casa por casa por todo San Agustín, con lo que, de pronto, la joven apareció antes de que la pesquisa comenzara.
Ese es el estilo personal de la gobernadora: tomar el control del barco en medio del vendaval, y le ha dado resultados. Por lo menos, por ahora otra vez ha dejado plantada a la derecha prianista, que ya se relamía los bigotes pensando en la desaparición de los poderes en Guerrero.
Pero con Evelyn Salgado han topado: en Guerrero hay gobierno, y hay gobernadora que se mantienen firmes.
