* Los temas de Bruno Plácido: la Parota, los gravilleros, el territorio, señala el vocero del Cecop
* En una asamblea convocada por el municipio y el estado se engañó a comisarios, denuncia
* A escondidas –dice-, la Upoeg intenta una asamblea el 28 de mayo para intentar consolidarse
* Desde el Ayuntamiento salen fondos para pagar 1,500 semanales a cada policía de la Upoeg, acusa
* El gobernador primero los alentó, como herencia de Ángel Aguirre, pero ya se dio cuenta de lo que es la Upoeg, y lo ha declarado: es un grupo fuera de la ley, señala Suástegui
ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
Acapulco, 19 de mayo de 2017. Tres revelaciones: la primera, que los comisarios que firmaron el acta que utiliza el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) para introducirse a los bienes comunales de Cacahuatepec, fue obtenida en una asamblea que convocaron el ayuntamiento de Acapulco y el gobierno del estado para ofrecerles apoyos económicos a las comunidades y los comisarios firmaron antes de que esta comenzara, sin saber que se utilizaría para otro fin.
La segunda: la Upoeg y su dirigente Bruno Plácido intentan crear una ruta para el trasiego de la droga que atraviesa a los bienes comunales, con la premisa de que “el territorio no es de nadie”.
La tercera: en su intento de diálogo con los comuneros, Bruno Plácido presentó como puntos torales del diálogo el tema de la presa La Parota, el de los gravilleros, el del territorio, pero no el de la seguridad, que se supone tendría que estar en primer término.
Las tres revelaciones las hace el vocero del Consejo de Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En entrevista desde una clandestinidad impuesta por las amenazas de muerte que han recibido él y su familia, el dirigente narró el encuentro ocurrido la semana pasada entre integrantes del Cecop, la mayoría de los 30 comisarios que firmaron el acta que da la entrada a Upoeg a los bienes comunales, comandantes y comisionados de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) y el dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del seminario del Buen Pastor, en Costa Azul, con la mediación de la Arquidiócesis, y el objetivo era discutir el tema de su presencia en los bienes comunales.
Suástegui relató vía telefónica que en ese encuentro, Plácido Valerio informó que la presencia de los policías de la Upoeg se debía a que tuvieron informes de que en el poblado Cerro de Piedra había un grupo de robacoches, a lo que los comuneros le respondieron que Cerro de Piedra no pertenece a los bienes comunales, es un ejido, y se encuentra muy lejos del poblado de Aguacaliente, donde los de la Upoeg ahora tienen tomada la comisaría usándola como cuartel.
Cuando se le preguntó quién les dio permiso, relata Suástegui, contestó que “el territorio no tiene dueño”.
-Yo le digo desde aquí –dijo Suástegui-, en mi carácter de vocero, que el territorio sí tiene dueño, es de los comuneros que hemos defendido la tierra, el río y los bienes comunales.
Fue entonces cuando el líder de la Upoeg mostró el acta de asamblea donde vienen las firmas de los comisarios, y sus sellos. Sin embargo, relató, la mayoría de los firmantes estaban presentes, y ellos “le dijeron en su cara” que habían sido engañados, que acudieron a una asamblea en El Bejuco, convocada por el Ayuntamiento a través del director de Gobernación, Juan Sanromán Ortiz y el gobierno del estado a través de César Flores Maldonado, y del empresario Gustavo Téliz Hernández, porque supuestamente les iban a dar apoyos. Sin embargo, los comisarios relatarían que primero se les hizo firmar y sellar el acta de su participación en la asamblea, y después, sin previamente haberlo anunciado, se habló de la llegada de la Upoeg.
Por ello, en la entrevista, Suástegui Muñoz responsabilizó al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez; y al gobernador Héctor Astudillo Flores, de lo que pueda suceder en los bienes comunales “porque son los que planearon todo”.
Sin embargo, aclaró que en el caso de Astudillo, lo que parece es que apoyó a la Upoeg inicialmente, como herencia que quedó del gobierno de Ángel Aguirre, pero ahora ya se dio cuenta de que este grupo es el principal problema y ha declarado que “está fuera de la ley”, pues no lo cobija la Ley 701.
En esa reunión en el seminario de Costa Azul, Plácido Valerio sacó otra acta, en el caso ya específico de Aguacaliente, de una asamblea que estuvo encabezada hace alrededor de un mes por el comandante de la Upoeg Ernesto Gallardo, donde supuestamente el pueblo les autoriza a permanecer ahí. Sin embargo, relató Suástegui, esa fue una asamblea donde solo se convocó a la gente del ex comisario Baltazar Ramírez y a los simpatizantes de la presa La Parota. Varios del Cecop se enteraron y acudieron y los encararon, pero entonces, dijo, “Gallardo empezó a sacar sus armas, y sus policías empezaron a grabar con el celular los rostros de los opositores” y estos optaron por retirarse, y levantaron un acta por separado y redactaron una carta que enviaron al gobernador Héctor Astudillo informándole de los hechos y pidiendo su intervención, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
En respuesta a estos señalamiento, siguió relatando Suástegui, Plácido Valerio dijo que iba a hacer asambleas pueblo por pueblo para discutir qué policía se mantendrá ahí, si la que él lleva, o la Comunitaria de la Crac que ya tiene asiento desde hace tres años en los bienes comunales y que recientemente fue declarada enlace con la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
Contó que en la asamblea de Aguacaliente, los policías de Gallardo –que provienen de San Marcos u otros lugares- nombraron nuevos elementos, ahora ya de la comunidad, encabezados por un personaje que se llama Ezequiel, El Cheque, y que el año pasado fue detenido por la Policía Comunitaria con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y un paquete de mariguana. Ambas, la droga y las armas, fueron decomisadas, pero él “logró escapar”. Ahora, dijo, comanda a la Upoeg, usa un cuerno de chivo y se la pasa en Amatillo –el pueblo de acceso a los bienes comunales- pidiendo dinero a los traileros que pasan por la carretera.
“Los otros elementos son hijos de los viejos caciques que quieren la presa: los de Élfego Cevallos, quien tiene 30 años en el Registro Civil; los de Salvador Ramírez, los de Marcos Hernández, de Juana Martínez y del ex comisario Baltazar Ramírez”, todos simpatizantes de la presa y los gravilleros, señaló Suástegui.
Indicó que Plácido Valerio pidió una segunda reunión, que se celebraría el jueves 18, en el mismo lugar, pero para esa fecha el Cecop convocó a la prensa y el dirigente de la Upoeg ya no se presentó. Para acudir a ese segundo encuentro, prosiguió Suástegui, Plácido Valerio condicionó que se abordara como primer punto el tema de la presa La Parota, en segundo, el tema de los gravilleros, en tercero el del territorio y las asambleas que pretende hacer, “pero de seguridad, justicia y paz, nunca habló”.
La agenda del upoegista no fue aceptada. “Se le dijo –contó el vocero- que no tenemos nada que hablar de La Parota con él, él no es autoridad moral, ni civil, ni nada. De los gravilleros no tenemos por qué hablar. Los recursos naturales del río son de los comuneros. EL Tribunal Unitario Agrario ya emitió sentencia y determinó que los gravilleros tienen que salir y quitar sus chingaderas. ¿Que el territorio no es de nadie? Pues se equivoca, porque sí tiene dueño, y son los comuneros. Y en cuanto a seguridad, se le dijo que en los bienes comunales no hay delincuencia organizada, porque está la Policía Comunitaria de la Crac por la casa de Justicia de San Luis Acatlán”.
Dijo que él en su carácter de vocero, aunque no se encuentre en estos momentos en los bienes comunales, no pactará “con delincuentes, ni con la delincuencia organizada que Bruno quiere imponer”.
Para más detalles, denunció que Plácido Valero trae “a toda la gente de El Gato”, personaje recientemente detenido, que encabezaría a la delincuencia organizada en Barra Vieja y Lomas de Chapultepec.
También señaló que la Upoeg ha ido avanzando. Hace ocho días, dijo, formó un grupo en Guamuchitos, ya están en La Vereda, en Aguacaliente, y va a realizar más asambleas. “Tenemos información de que Bruno quiere trazar un ruta de trasiego de drogas en los bienes comunales de Cacahuatepec. Nosotros decimos que es un grupo que está al servicio del narco”, dijo.
Por otra parte, Suástegui Muñoz dijo tener conocimiento que los policías de Bruno Plácido perciben un salario semanal de 1,500 pesos y que esos fondos en su mayor parte provienen del Ayuntamiento de Acapulco y “no tenemos duda de que la asamblea del 28 de mayo que está promoviendo Bruno Plácido, será financiada desde el Ayuntamiento. Le van a meter mucha lana, mucho miedo a la población para que no participe, como lo hacía Zeferino Torreblanca, pero aquí con más riesgo, porque lo que hay enfrente es un grupo armado”.
Dijo que a Bruno Plácido y sus policías “los han corrido a balazos de Petaquillas, los han corrido a balazos de El Ocotito, los han corrido a balazos de Tierra Caliente y de Xaltianguis”.
Por ello, insistió en demandar la intervención del gobierno del estado para contener lo que podrían culminar en pérdidas de vidas humanas.
