Acoso, violencia y discriminación son sólo algunos de los problemas que diariamente enfrentan los jornaleros agrícolas en México. Por eso, aunque en estas campañas hay propuestas que los voltean a ver, son insuficientes si no se miran todas las capas de violencia que pesan sobre los obreros del campo
Texto: Kau Sirenio
Foto: Isabel Briseño
CIUDAD DE MÉXICO. -En las cien propuestas de campaña de Claudia Sheinbaum hay un tema que pasó desapercibido en el debate público: los apoyos a los jornaleros agrícolas y sus familias.
Específicamente, la candidata presidencial de Morena habló de dos temas: otorgar derechos de seguridad social, laboral, salud, nutrición y educación para ellos, sus familias y sus hijos; y también la creación de centros para la primera infancia prioritariamente para las hijas e hijos de jornaleros.
Sin embargo, aunque esto significa mucho en un país que prácticamente ha olvidado a este sector que labora en los campos agrícolas, las propuestas parecen insuficientes.
Una semana antes del anuncio de Sheinbaum, Pie de Página platicó con Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (Rejja), quien no dudó en afirmar que los jornaleros no sólo son objeto de abusos y explotación laboral en los surcos, sino que también viven bajo el fuego de grupos civiles armados y de la indiferencia de las autoridades.
«El 4 de febrero fueron asesinados una jornalera y dos jornaleros adolescentes de 15 años; lo que vimos ahí es la indolencia del gobierno federal, estatal y municipal con los trabajadores agrícolas”.
Los abusos invisibles
La vida de los jornaleros es una llena de abusos e inseguridad, explica Margarita Nemecio, quien sostiene que los estados más inseguros para los jornaleros son Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Ahí, añade, los jornaleros trabajan bajo presión por los civiles armados que los amenazan, y, por si fuera poco, con el Estado contribuyendo al terror.
«Esto lo hemos ubicado, tal vez no de manera tan directa como los hechos lamentables que ocurrieron hace un mes en Sonora, pero hemos ubicado que en estos Estados es donde está más fuerte la violencia, y hacen que los jornaleros ahora sean víctimas directas, ya ni siquiera colaterales”.
Por ejemplo, explica Margarita Nemecio, en Zacatecas ella pudo identificar el cobro de piso a jornaleros y sus familias que cruzaban por ese estado. Este fenómeno, añade, «siempre ha estado ahí, pero se ha recrudecido. Pasó de cobro de piso a afectaciones directas. Recuerdo que hace diez años hubo afectaciones directas a cuatro o cinco jornaleras que eran de Guerrero, y que fueron víctimas por grupos civiles armados que están en Michoacán”.
Su organización ha documentado casos donde las personas comparten entre ellos las distintas violencias que les ha tocado durante los trayectos de sus comunidades a los campos agrícolas. Esta información, sin embargo, no se ha difundido en medios de comunicación. El motivo: el miedo, pues todos los días los jornaleros trabajan en los campos agrícolas, y una denuncia podría traerles consecuencias.
“Ellos no denuncian en las fiscalías porque tienen miedo que los pongan en peligro. Además, las autoridades no reaccionan cuando hay ataques directos hacia los jornaleros”.
El modus operandi de las empresas
Margarita Nemecio especificó que las agresiones que han sufrido las personas que trabajan en los campos agrícolas no solo están relacionadas con que los civiles armados los confunden. Sino que también son ataques directos, como sucedió el 4 de febrero cuando sicarios dispararon contra un camión que los transportaba en Caborca, Sonora.
Estas violencias, explicó Margarita Nemecio, tienen que ver con un modo de operar de las empresas agrícolas, quienes recurren a civiles armados para intimidar a los jornaleros y disuadirlos de organizar a sus compañeros o exigir sus derechos laborales.
“Lo que hacen es silenciar a los jornaleros, los hostigan y amenazan”, dijo la vocera de la Rejja, quien además señaló que las policías locales actúan como parte de la red de abusos. Por ejemplo, en el caso particular de Sinaloa, dijo Nemecio, las autoridades de tránsito municipal “extorsionan o piden cuotas para que los jornaleros puedan transitar con sus camionetas”.
Pero este ejemplo puede extenderse en todo el país.
De acuerdo con datos de Save the Children, en 2023 había 2.97 millones de personas realizan trabajos agrícolas en México, pero sólo el tres por ciento de jornaleros cuenta con un contrato formal.
Además de trabajar sin contrato, la falta de derechos se traduce en falta de vivienda digna, servició básicos de salud e higiene, que sumado al bajo salario que perciben los obreros agrícolas, les impide acceder a alimentación suficiente y nutritiva, lo que vulneran sus derechos y ponen en peligro el desarrollo de la infancia, además de los peligros que atraviesan las niñas y los niños que viajan con sus familias hacia los campos agrícolas.
Margarita Nemecio concluyó:
“A los jornaleros los ven como carne de cañón porque los ven como un sector vulnerable al que se le puede cometer cualquier abuso y no hay quien ponga atención a estos ataques que van desde secuestros y desapariciones, hasta asesinatos».
