MURIEL SALINAS DÍAZ /
A diferencia de las cuotas de género, la paridad no es una acción afirmativa de carácter temporal. Es una medida contundente, de carácter constitucional, que se instituyó en nuestro país para garantizar la representación en pie de igualdad de mujeres y hombres en el poder formal, lo que implica un proceso redistributivo en el ejercicio del poder, pero también de las responsabilidades entre mujeres y hombres en la vida privada, para garantizar que ambos podamos ser parte de la construcción de la democracia en lo público y también en lo privado.
Las resistencias son fuertes. Compartir el poder que por décadas ha estado principalmente en manos de los hombres, no es un desafío cualquiera. Aún hay muchos actores de la clase política de este país que consideran una suma cero la presencia de mujeres -aunque sean de sus propias filas- en las candidaturas a cargos electivos. Dicen que no están preparadas, que no hay suficientes mujeres con perfiles competentes para ganar una elección, y se preguntan de dónde las van a sacar. Cuando más del 50% de los padrones de afiliadas/os de los partidos políticos son mujeres y muchas de ellas llevan décadas trabajando duro para que en cada elección los votos estén del lado de sus candidatos.
El problema es que la tradicional división sexual del trabajo político ahora se hace evidente en los contextos locales: mientras muchas mujeres militantes de partidos han sido confinadas al trabajo de base, a la gestoría social y la promoción del voto, los hombres gobernaban. Así, nunca se preocuparon en los partidos políticos por formar cuadros políticos femeninos para que gobernaran y estuvieran en la toma de decisiones. Aquí es donde cabe muy bien la pregunta de qué han hecho los partidos políticos con el financiamiento público que deben destinar a la formación, promoción y desarrollo de los liderazgos políticos de las mujeres en las entidades federativas.
Con todo y eso, sigue siendo un criterio desproporcionado e incoherente decir que las mujeres no están listas para gobernar, o que ellos no están preparados para que las mujeres gobiernen. Porque muchos han sido los hombres que han gobernado desastrosamente municipios, estados y hasta el país. Y nadie les ha cuestionado si están preparados. Muchos, pese a ser unos completos incompetentes, han ocupado la silla presidencial y han convertido este país en un río de sangre. Entonces no hay calidad moral que legitime tales cuestionamientos ante la llegada de las mujeres a los espacios del poder formal.
Es mejor que se alisten para competir en serio por los municipios con mujeres competentes encabezando las candidaturas. En el proceso electoral de 2015, muchos partidos concedieron que los hombres que iban a ser candidatos alcaldes decidieran qué mujeres los sustituirían para cumplir con la paridad. Les concedieron el poder de designar a las candidatas como si esos espacios fuesen de su propiedad personal. Así, se tomaron decisiones ruinosas para los objetivos electorales de sus partidos, y en muchos casos para los municipios que obtuvieron el triunfo, porque una vez que hicieron eso, se les olvidó la meritocracia y postularon candidatas bajo criterios de nepotismo y otras linduras de esa naturaleza. Por encima del triunfo, había que garantizar el control masculino del poder a través de mujeres subordinadas a los intereses de los señores. Por encima de un proyecto que garantizara la gobernabilidad y una buena gestión de gobierno en los municipios, se ponderaron los intereses de aquellos que se sentían dueños de esos espacios. Mujeres que no tenían ninguna experiencia política, a través de sus esposos, hijos o padres, fueron obligadas a ser candidatas y una vez obtenido el triunfo, han tenido que tolerar la utilización de los otros para tomar decisiones por encima de ellas.
Y el país está como está en gran parte porque las resistencias a la democracia paritaria se agudizan y se traducen en violencia política contra las mujeres. Violencia que ocurre en lo público y en lo privado. Ahí donde se postularon mujeres competentes, con liderazgos y trayectorias políticas consolidadas, la violencia política se hizo presente con toda su fuerza: en Guerrero se registró el primer feminicidio por violencia política de género, contra Aidé Nava en Ahacuotzingo, luego el secuestro de la Profesora Silvia Romero Suárez durante una gira de campaña y las declinaciones de sus precandidaturas en el caso de Valentina Rosendo Cantú y Hermelinda Tiburcio, quienes renunciaron a sus candidaturas tras haber sufrido amenazas y atentados en la carretera. En Chiapas fuimos testigas del caso de Rosa Pérez, en Chenalhó, y el de otra mujer del PAN que era candidata a diputada en Chiapas, que fue brutalmente golpeada y casi la dejan sin vida, tras lo cual abandonó la candidatura y se fue del estado. En Morelos asesinaron a una alcaldesa electa, y en Mártir de Cuilapan, Guerrero, Felicitas Muñiz ha tenido que enfrentar una gestión en medio de múltiples violencias que el estado ha sido incapaz de frenar y sancionar. Pese a todo ello, las mexicanas estamos de pie y seguiremos trabajando para consolidar la democracia paritaria.
Espero que en los estados que tendrán elecciones en 2017-2018 aprendan de las experiencias anteriores. Que esta vez lo hagan bien. Que reflexionen y ajusten la lente con la que están mirando el avance de las mujeres en el sistema político. Porque la paridad llegó para quedarse. Es un objetivo indispensable para la consolidación de las democracias latinoamericanas. Es una agenda mucho más ambiciosa de lo que se imaginan. Y no tiene revés.
