* Existe negligencia, omisión y falta de voluntad política para atender estos hechos, alerta Tlachinollan
VEERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN /
Chilpancingo, 31 de enero de 2018. El Observatorio Nacional del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan calificaron como “alarmante” y “letal” la cifra de feminicidios ocurridos en enero, que fue de 25 hasta el penúltimo día del mes, de acuerdo con registros hemerográficos.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones destacaron que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Acapulco se ubica en el lugar número 9 de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios.
Esta situación ocurre a pesar de existir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de que en Guerrero existen ocho municipios con alerta de violencia de género, entre ellos Acapulco y Chilpancingo.
“La negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la ruta de impunidad y se ve reflejada en la postura pública emitida por Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad, muchas veces ocurren porque ‘lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio’”.
Ambas organizaciones señalaron que este tipo de declaraciones “además de ser una postura misógina y revictimizante, evidencia la falta de perspectiva de género y de derechos humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia”.
Consideraron que esta postura pública es contraria a lo que esperan los familiares de las víctimas, respecto a una investigación, pues “es un escarnio irresponsable, sin un compromiso frente a las víctimas y con juicios que denigran a las mujeres, lo que a todas luces es intolerable”.
En su comunicado, consideran alarmante que en la mayoría de los casos cuando hay testigos que señalan directamente a los perpetradores, las carpetas de investigación se inician por homicidio y no por feminicidio y no se aplican los protocolos del caso, y en muchos casos que están en proceso, muchas de las víctimas denunciaron previamente violencia doméstica, pero las instituciones responsables no les garantizaron seguridad.
“Por otra parte, no se cuenta con el personal suficiente y adecuado para la atención de estos casos, por ejemplo en Tlapa, sólo se cuenta con una abogada que da atención a los 19 municipios de la Región de la Montaña, quien no cuenta con los recursos humanos ni de infraestructura necesarios para la realización efectiva de su trabajo, pese a que el municipio de Tlapa forma parte de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y de que el Gobierno está obligado a implementar medidas de seguridad por considerarse zona de riesgo”, señala el documento.
Destaca que, en ese sentido, las acciones y omisiones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de violencia, y la falta de su atención pronta y efectiva, derivan en que muchas de las agresiones puedan concluir en feminicidios.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio demandaron a las autoridades implementar de manera inmediata y efectiva políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los feminicidios y la violencia contra las mujeres en el estado.
Igualmente, que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, dote de recursos humanos e infraestructura a la Unidad Especializada en Feminicidios y en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en Tlapa, Guerrero; para dar seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar.
También exigieron que el personal adscrito a las unidades de atención a mujeres cuente con perspectiva de género, interculturalidad y de derechos humanos.
Y, finalmente, que la Fiscalía General, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos Sexuales y Violencia familiar, cuente con personal suficiente e infraestructura para asegurar medidas de prevención a mujeres que denuncian violencia familiar cuando son amenazadas con privarlas de la vida.
