HERCILIA CASTRO /
Acapulco, 22 de febrero de 2017. De aprobarse la iniciativa de Ley de Seguridad Interior (LSI), se pondría en riesgo tanto activistas como a ciudadanos, afirmó el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Raymundo Díaz Taboada.
Expresó que la Ley de Seguridad Interior es una pieza más en la construcción de la militarización en México, “no es un evento aislado, ni creo que sea el último intento en este sentido”.
Subrayó que, al Ejército, desde la Revolución mexicana, se le ha dado un papel de sostén a los grupos en el poder “en México, aunque se quiera decir que no se acerca a la política, que no toma partido, que trata igual a las personas, pues la verdad es que no es cierto, es una pieza que sirve como presión y represión a los grupos que se oponen a los actos ominosos del gobierno, violan derechos humanos”.
Además, de que a raíz de la Revolución Mexicana, muchos de los ex presidentes fueron militares “quienes se quedan con el poder, son los generales, los militares, los primeros presidentes post revolucionarios fueron generales”.
Recordó que durante años, el Ejército tuvo fuero militar hasta que se da la llamada guerra sucia, y por las violaciones a los derechos humanos cometidos por ese organismo y que han sido condenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
El activista, rememoró que esas condenas fueron por la desaparición de Rosendo Radilla en la guerra sucia, la violación a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández y la tortura de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, también ganadores del premio Goldman.
Sin embargo, el fuero militar ha persistido a pesar de las denuncias de organizaciones civiles, y de que sean juzgados los militares en el ámbito internacional de los derechos humanos en materia penal.
“Lo que ha hecho el fuero militar es permitir que los militares no sean juzgados por sus actos en contra de civiles y de ser juzgados en tribunales especiales, lo que en términos de democracia es una falta al derecho de igualdad”, dijo.
Explicó que si los militares no son juzgados por civiles, por los daños que cometen a estos “los militares pueden decir, bueno, como cometí una falta militar, no los vamos a juzgar por homicidio o por una ejecución extrajudicial, los vamos a juzgar por faltas a las disciplina, y no por tortura, malos tratos o desaparición forzada”.
“El término de seguridad interior, no existía hasta hace tiempo en retrospectiva, este término no aparece, es un término que se ha acuñado, entre comillas para darle soporte legal a las acciones del fuero militar en materia de seguridad pública”.
“La Ley de Seguridad Interior, implicaría dotar a las fuerzas armadas de la capacidad para ejecutar tareas de policía en seguridad pública, y eso iría contra un principio que está puesto en la Constitución que dice que la seguridad pública, corresponde a autoridades civiles. Sería dotar un espacio constitucional a los militares, por un lado, y por otro serían anticonstitucional aprobar una ley general o federal que no puede estar por arriba de la Constitución”, precisó.
Recordó que en noviembre pasado se modificó un artículo en el que el presidente de la República, puede ordenar la suspensión de garantías y en la que se puede entrar a un estado de excepción, sin tener que consultar al congreso.
“Se le queda como un mandato muy absoluto al presidente, al ejecutivo, sin el contrapeso del poder judicial “esta modificación que hubo a finales del año pasado, mas esta iniciativa de ley de Seguridad Interior, estaría abonando a que México dejara de ser una República con equilibrio de poderes por un lado, y donde los decretos del ejecutivo federal sean los que manden por encima de una Constitución, de por si más recortada y que daría pie a legalizar las actuaciones de las fuerzas armadas en labores de policías”, criticó.
Enfatizó, que los señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos, vienen desde el año 2 mil, y posteriormente del 2006 en que inició la llamada guerra contra el narcotráfico “y que las recomendaciones son cada vez más frecuentes, más detalladas, más amplias y sustentadas en término de que se hacen a partir de las entrevistas, de las historias de las víctimas”.
“Donde hemos señalado que estas acciones como la tortura donde el Ejército se convierte en ministerio público, policía ministerial, juez y hasta carcelero porque en un retén militar, en un patrullaje militar se le marca el alto a un civil, se le juzga por su apariencia, se le juzga porque tenga algún tatuaje, por su forma de vestir o porque no hable español, y se le lleva a cuarteles militares y no a un ministerio público, y se le levantan actas, y son entregados a los juzgados civiles, prácticamente aceptando ya su culpabilidad, se transforman automáticamente en impartición y procuración de justicia”, explicó.
Díaz Taboada, agregó que los retenes militares, también son anticonstitucionales ya que en la Constitución se marca que todo mexicano puede tener libre tránsito.
Además de que también la operación de mochila segura, atenta contra los derechos de los adolescentes y niños, ya que al momento de aceptar la revisión, se promueve la criminalización de los menores.
Exhortó a las autoridades a que revisen la iniciativa de ley y no se apruebe, ya que se le daría carta libre a los militares para la persecución a las organizaciones y movimientos sociales contra las reformas estructurales, además de los ciudadanos “van a ser las primeras en poner las víctimas, en la ejecución de estas acciones militares”.
“Nos estamos acercando como a un precipicio, y el borde de ese precipicio es muy arenoso”, vaticinó.
