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* En 2015, una patrulla emboscó a los comunitarios para rescatar a un narcotraficante que estos llevaban detenido

REDACCIÓN    /

Acapulco, 29 de julio de 2020. Viudas de los policías comunitarios que en 2015 fueron ejecutados extrajudicialmente por elementos de la Policía del Estado, presentaron el ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el acompañamiento de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

El 30 de abril de 2015, en el tramo carretero de San Juan de los Llanos y la desviación a El Capulín, municipio de Igualapa, en la región de la Costa Chica, elementos de la Policía Estatal, de la Policía Federal y del Ejército, interceptaron a un grupo de policías comunitarios que llevaban detenido a un presunto narcotraficante a quien habían decomisado 200 kilogramos de mariguana, según reportes periodísticos de la época.

En el incidente -descrito como “una emboscada” por la RSDCI en un comunicado, donde también ocurrió la captura del representante de la Policía Comunitaria, Eliseo Villar Castillo- fueron ejecutados extrajuidicalmente los comunitarios Modesto Alberto Sánchez Cruz, Bertín Villanueva Verónica, Érick Manuel Paniagua Bernal, Antonio Martínez Hernández y Fulgencio Baltazar Santiago. Logró sobrevivir al ataque el policía comunitario Fructuoso Sánchez Cruz, y el detenido fue liberado por las fuerzas estatales y federales.

Cinco años después, las viudas de estos policías lograron que la CIDH integrara el expediente de petición 154-20. Los victimaos pertenecían a la Casa de Justicia de Juchitán de la CRAC-PC, y sus viudas integraron el Colectivo de Familiares de la Masacre de los Policías Comunitarios Casa de Justicia de Juchitán, Guerrero, que es encabezado por el sobreviviente Fructuoso Sánchez.

“Para los familiares de los Policía Comunitarios la Casa de Justicia de Juchitan, Guerrero, es imprescindible que la justicia llegue a sus hogares, durante estos más de cinco años, han venido exigiendo justicia, pero han sido ignoradas por el Estado de Guerrero. Es por eso que Red Solidaria Década Contra la Impunidad y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, respaldan su demanda por la justicia y la verdad, y lamentan que se tenga que acudir a instancias internacionales, ante la omisión de justicia”, señala la Red.

“Las viudas -añade- son revictimizadas al no lograr obtener justicia por las ejecuciones extrajudiciales de sus compañeros de vida, y quedarse al frente del hogar, donde tienen que cumplir una triple jornada: la de cuidar a los hijos, atender el hogar y trabajar para poder llevar el sustento. Nunca han recibido la justa reparación integral de los daños, que les causaron cuando ejecutaron extrajudicialmente a sus familiares”.

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