JOSÉ LUQUE /
Dicen los entendidos en el tema de las migraciones que la mejor manera de acabar con las violaciones de los derechos humanos de los migrantes es establecer un estado de derecho en donde precisamente los migrantes tengan derechos políticos efectivos.
En América latina ya tenemos casos concretos como el de Chile en donde los migrantes tienen y ejercen sus derechos políticos de manera progresiva y hasta estratégica, por ejemplo, hace unos años atrás surgió la organización Fuerza Migrante, un espacio dirigido por migrantes que aglutinó la fuerza electoral de miles de ellos en las elecciones presidenciales pasadas realizadas en el país andino.
El punto es que los derechos políticos de los migrantes han servido como eje para aglutinar el desarrollo de sus derechos sociales, civiles, culturales y humanos. En este sentido se han generado otros dispositivos sociopolíticos de importancia como la existencia de esferas públicas migrantes y de una sociedad civil migrante que han abonado en la expansión de la idea de entender a los migrantes como sujetos de derecho, y no como seres en condiciones de minusvalía política como ocurre en México y los Estados Unidos.
Dentro de este cuadro, México es sin duda alguna uno de los países más violentos para los miles de migrantes en tránsito que lo atraviesan, las miles de violaciones a sus derechos humanos, los cientos de desaparecidos, el papel de las organizaciones del crimen organizado que han hecho de ellos y ellas mercancías sujetas de explotación y la acción represiva del Estado y en muchos casos de complicidad con el crimen organizado no han permitido el desarrollo de organizaciones de migrantes autónomas y los han colocado en una situación de sujetos necesitados de protección (lo cual es sumamente real) en donde la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil mexicana se han articulado para intentar hacer su paso y vida en México algo más llevaderos.
Todos estos temas se están discutiendo hoy en día en México como consecuencia de la victoria política en las elecciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la coalición liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin embargo hasta el momento, las discusiones lideradas por el Padre Alejandro Solalinde, no cuestionan temas como la necesaria derogación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni tampoco el tema de los derechos desiguales que adquieren los extranjeros residentes que se convierten en ciudadanos mexicanos de segunda en virtud de las reglas, normas y procedimientos que establece el proceso de naturalización al que tienen que someterse para alcanzar la ciudadanía. Un ejemplo, los migrantes que alcanzan el estatus de ciudadanía en México no pueden optar a desarrollar sus derechos políticos porque estos solo se encuentran reservados para los mexicanos de nacimiento, lo cual a todas luces genera una discriminación institucional.
México se encuentra entrando en profundo proceso de transformaciones y cambios políticos y no puede dejar de lado a sus migrantes y naturalizados, en este sentido deben realizarse las transformaciones políticas e institucionales necesarias, sino solo tendremos transformaciones gatopardistas en donde todo cambiará para que siga igual.
