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“Me interesa” volver a encabezar la Comisión de Víctimas: Gallegos

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Foto Rosalba Ramírez Hernández

 

*explica que los cinco colectivos registrados en Guerrero en busca de desaparecidos, cuentan con un padrón de mil 500 en ocho años

ROSALBA RAMÍREZ HERNÁNDEZ   /

 

Acapulco, 22 de mayo de 2017. Politizar el nombramiento del nuevo encargado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sería «terrible», calificó José Luis Gallegos Peralta ex presidente que, por Reforma de ley, el pasado viernes 12 del presente mes, dejó ese cargo.

En rueda de prensa en este puerto, Peralta Gallegos apuntó que la CEAV está a cargo temporalmente del titular de la Asesoría Jurídica hasta que se nombre al nuevo comisionado.

Sin embargo, precisó que con la nueva reforma a la ley, se modificó el número de comisionados; mientras que antes se nombraban a tres, actualmente se nombrará a uno, además de crear una junta de gobierno presidida por el gobernador Héctor Astudillo Flores; el comisionado de la CEAV, y los integrantes de colectivos de víctimas.

Lo que se busca -detalló- es que las políticas públicas dirigidas a víctimas, tengan mayor participación, al igual que los colectivos de familiares desaparecidos.

Dijo que el gobernador tiene un plazo de 30 días a partir del 12 de mayo, para nombrar a un nuevo comisionado que ratificará el Congreso por única ocasión.

En ese punto, Gallegos Peralta aceptó que «me interesaría regresar (al cargo) pero no me interesaría posteriormente, seguir en la función pública».

«Si alguien politiza (el nombramiento), sería terrible porque este es uno de los puntos más sensibles del estado. Esto tiene que trabajar al 100 por ciento transparente».

Explicó con una diapositiva, las estadísticas del nuevo Sistema Penal Acusatorio, del que alertó que de no progresar y consolidarse, habrá mayor impunidad, que este tiene un porcentaje de efectividad al doble que el anterior; es decir, que ha dado resultados en 12 por ciento, y que el anterior, daba 6 por ciento.

Agregó que con el nuevo sistema, las víctimas tienen derecho a la reparación de daños de manera integral que consiste en la restitución, rehabilitación, compensación subsidiaria o directa, medidas de satisfacción y de no repetición.

Detalló que las carpetas de investigación iniciadas bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio, suman en 11 meses, 13 mil 859, lo que implica que en Guerrero se denuncian mil 259 delitos al mes.

Lamentó que en la entidad, solo operen 46 asesores jurídicos bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio, mientras que existen 200 defensores de oficio y 500 agentes del Ministerio Público.

Precisó que deberían operar al menos 120 asesores jurídicos según un estudio realizado por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Reveló que existe el proyecto al interior de la CEAV, para bajar recursos de la Federación por el orden de 130 millones de pesos que serían dirigidos al apoyo a víctimas en el estado de Guerrero.

Condenó que para la Comisión de Atención a Víctimas se haya destinado este año, solo nueve millones 36 mil pesos que «no alcanza ni para pagar la nómina que necesita 14 millones y medio».

Gallegos Peralta detalló que en Guerrero, existen registrados cinco colectivos que buscan a familiares desaparecidos.

Estos son: Siempre vivos del municipio de Chilapa, Los Otros desaparecidos de Iguala, Familiares de desaparecidos en Acapulco, Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), en Chilpancingo y padres y familiares en busca de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Chilpancingo que tienen un padrón de mil 500 desaparecidos en un periodo máximo de diez años.

Explicó que «la desaparición forzada, es un delito en el que debe intervenir una autoridad, y es un delito del fuero común pero el secuestro que es exactamente lo mismo, la privación ilegal de la libertad, cuando interviene la delincuencia organizada, es un delito de carácter federal».

Añadió que las pruebas de ADN tienen un periodo de tres meses para dar resultados; no obstante, en el estado de Guerrero, no se cuenta con el número necesario de laboratorios para realizar pruebas de manera rápida, por lo que una familia tiene que esperar de seis a ocho meses para obtener un resultado.

«Y luego, cuando obtienen el resultado positivo que sí es (su familiar), da pena y es doloroso ver que digan ‘no me lo puedo llevar el cuerpo porque soy de la comunidad de Xochixtlahuaca y necesito regresar a hacer una coperacha con la comunidad para poder trasladar el cuerpo. Es ahí donde entra la Comisión de Víctimas, tiene que apoyar con esos traslados y gastos funerarios», dijo.

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