ROBERTO RAMÍREZ BRAVO /
La tipificación del delito de violencia política contra las mujeres es uno de los asuntos pendientes que tiene la actual legislatura con miras al proceso electoral de 2018; otro, también relevante, es la definición de si en el caso de una reelección, quien desea reelegirse debe renunciar o no al cargo que ocupa.
Legalmente, para que tengan efectos, los cambios deben realizarse 90 días antes de la elección, lo que significa que quedan unos días para que el Congreso saque de la congeladora las iniciativas que ya existen al menos sobre la tipificación de la violencia política hacia las mujeres, y abra así sea en una sesión extraordinaria, el de la reelección.
Este domingo en Chilpancingo se llevó a cabo una singular conferencia de prensa, donde las integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses hicieron un llamado al Congreso a legislar antes de que termine ese plazo.
De esa conferencia, sin embargo, hay un asunto que tiene una relevancia particular: la actuación de los medios de comunicación –o de algunos medios de comunicación y algunos periodistas- en torno a la violencia política contra las mujeres.
Se trata de dos casos que fueron dados a conocer, y que han llevado un proceso interesante. Por una parte, la regidora perredista de Iguala, Martha Tood, denunció al periodista Moisés Ocampo Román, quien, según sus palabras, “en ese entonces estaba en varios medios de comunicación como radio y televisión” y que dedicó una campaña a denostarla a través de sus espacios periodísticos.
Pero la crítica no era, según la denuncia, contra el trabajo de la regidora, sino contra ella en lo personal y en un tono claramente sexista. Ejemplos los puso ella misma: “él decía que si mis nalgas solamente le gustan a los albañiles, que si yo soy la gata del presidente, y que las gatas no dan informes (…) y esto fue intensificándose, provocando que sus mismos compañeros que piensan igual que él, me ofendieran también”. En una revista, relató Martha Tood, “me puso con un disfraz de cerda”. El comunicador fue vinculado a proceso no por violencia política contra las mujeres, pues sobre ese tema el Congreso ha sido omiso en legislar, sino por violencia de género, y fue sentenciado por un juez a no volver a hacer comentarios sobre ella, además de otras penalidades.
A su vez, Yareth Sarahí Pineda Arce, funcionaria del Ayuntamiento de Ometepec, denunció también en la conferencia de prensa la existencia de una campaña sexista en su contra, donde al igual que en el caso de la regidora igualteca, se pone en duda no su trabajo, sino su honorabilidad y hasta los autores se burlan de su aspecto físico. Pineda Arce no entró en muchos detalles, solo señaló que estas agresiones se vienen dando desde perfiles falsos de redes sociales y específicamente desde dos periódicos de la región: El Faro de la Costa Chica, y Diario Alternativo, ambos editados en Marquelia. La joven de origen amuzgo, como se indica, no entró en mayores detalles, pero dijo que al menos había un periodista de Alternativo, quien en varias ocasiones ha incurrido en la práctica que está denunciando. En redes sociales, circulan en su agravio supuestas conversaciones de WhatsApp con el alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos, mismas que también han sido compartidas por al menos un periodista de El Faro de la Costa Chica.
Los dos casos son relevantes porque muestran varias facetas de un mismo problema: uno, que la violencia política contra las mujeres es un hecho tan contundente, que no verlo por parte de los diputados es una omisión grave; dos, que los medios de comunicación son un espacio fértil para la comisión de esta conducta que todavía no está tipificada pero que ello, como bien señalaron las mujeres en su conferencia de prensa de ayer, no impide realizar acciones jurídicas; y tres, que es, también para los periodistas, hora voltear a ver hacia esta práctica que no enaltece a nadie, y omitirla.
Es significativo que los ataques en estos casos se ubican en un contexto político. Martha Tood, perredista, ejerce su labor como regidora en un contexto en el que el golpeteo podría venir de su propio partido, pues Ocampo Román es además asesor de otro regidor también del PRD.
Yareth Saraí, por su parte, recibe las agresiones justo cuando está en posibilidades de buscar la candidatura de su partido para la alcaldía de su natal Tlacoachistlahuaca en las elecciones de 2018, y cuando ha logrado consensos que la ubican en esa posición.
No son los únicos casos. La presidenta municipal de Apango, Felícitas Muñiz, sobre quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya determinó que se ha ejercido en agravio, violencia política contra las mujeres, y ha dictado sanciones contra sus agresores, enfrenta una campaña periodística de un reportero muy específico que ella ha señalado, si bien en este caso las críticas sí son enfocadas hacia su trabajo, aunque sea el único tema que el comunicador aborda.
En los casos mencionados el común denominador es impedir que las mujeres ejerzan su trabajo al frente de los cargos que ostentan, o que lleguen a ocupar a alguna posición política determinada.
En los periodistas no está demás hacer un análisis autocrítico. Al menos, ya saben quienes deseen asumir estas actitudes, ya sea por cuenta propia o por encargo, que las mujeres no se van a dejar.
