*El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico asienta en su informe final que no hay condiciones de no repetición pues los pactos de impunidad continúan y las estructuras de la represión siguen intactas
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 16 de agosto de 2024. El Mecanismo para la Verdad y Esclarecimiento Histórico, encargado de investigar las violaciones graves a los derechos humanos durante el período de 1965 a 1990, que incluye a la llamada guerra sucia, pero que no se limita a ella, concluyó que en la represión ocurrida durante estos años, el Estado mexicano fue el responsable, y no «algunas manzanas podridas» dentro del Ejército.
Es decir, de acuerdo con el informe final que este viernes fue presentado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el Estado instrumentó y operó esta represión de manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia. «No fue casualidad, no fueron algunas manzanas podridas del Ejército, sino un plan y la estructuración de un Estado para cometer esas violaciones», expresó el comisionado David Fernández.
Además, el comisionado Carlos Pérez Ricart informó que es falso que el Ejército haya abierto sus archivos a la investigación. Al contrario, dijo, «los investigadores e investigadoras del Mecanismo fueron maltratados en el Archivo Histórico de la Sedena, al punto en que no pudimos continuar la investigación del esclarecimiento histórico en el archivo de la Sedena. Es falso que Sedena haya abierto sus archivos. Se las cerraron al Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Las cosas como son».
Este viernes, el Mecanismo (MEH, en su abreviatura), que es uno de los cinco que integran a la Comisión de la Verdad formada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para investigar las violaciones graves a derechos humanos en este período, concluyó también que si bien la represión estuvo encauzada a eliminar la disidencia política, no fue una respuesta a esta disidencia ni a los grupos armados, pues cuando estos se formaron, la represión ya estaba desde antes. «No son los grupos los que producen la represión, sino que la represión existía desde antes, y podemos rastrearla desde 1960, y por eso unos optaron por la vía armada y otros por la pacífica», expresó el comisionado David Fernández, al leer parte del informe.
Otra de las conclusiones relevantes del MEH, es que la política de contrainsurgencia durante este largo período, que era justificada por el Estado con base en la doctrina de la seguridad nacional, con el paso del tiempo fue migrando. «Al término de la guerra fría, el Estado modifica su carga ideológica, y justifica su acción contrainsurgente ahora con el nombre ahora del combate al narcotráfico, pero continúa con acciones de represión, de la población en general, y de control, escudada con la nueva justificación del combate al narcotráfico. El Estado todo, Poder Judicial, fiscalías o procuradurías, las fuerzas de seguridad, consintieron estas prácticas violatorias a los derechos humanos y formación de economías criminales y circuitos de extorsión e impunidad. También estamos documentando que el Estado y las fuerzas armadas y policiales del Estado gestionaron el crimen desde hace varios años, y que está vinculado el combate a la insurgencia, con la cuestión del crimen organizado, y que por eso estamos en esta situación como la que estamos en este país en este momento», señaló el comisionado.
La presentación del informe se llevó a cabo en el Centro Tlatelolco y se transmitió en vivo a través de diversas plataformas. Entre los asistentes estuvieron los integrantes de la Comisión de la Verdad, los guerrerenses Tita Radilla y Abel Barrera Hernández, así como familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos.
El comisionado David Fernández señaló que la represión o la violencia del Estado no se aplicó igual en todo el país, sino tomó características locales, según las condiciones concretas en las comunidades o poblaciones. Dijo que las autoridades estatales o municipales con respaldo de la Federación ejercieron prácticas contrainsurgentes en los conflictos locales desde sus propios intereses particulares, e incluso había estructuras civiles de contrainsurgencia, agentes paralegales, escuadrones de la muerte, guardias blancas y empresas privadas, que también participaron en la represión, y mandaban a la limpieza social.
«Hoy pensamos que no hay garantías suficientes para que no se repita lo que ocurrió, porque las estructuras de represión, las estructuras de violencia, de procuración de justicia, están intactas. No se han desmantelado. Entonces no tenemos garantía de que esto no vuelva a ocurrir», señaló.
Una de las resistencias particulares, fueron del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia en mostrar sus archivos. No se pudo acceder a los archivos del Estado Mayor Presidencial ni desclasificar la información que sobre México hay en Estados Unidos, añadió.
El Informe fue puesto a disposición del público en la página de Internet del MEH, y consta de seis volúmenes, con 1,200 testimonios, 4,700 páginas y 1,300 páginas más de anexos.
El primer volumen contiene el resumen de la información y las recomendaciones; el segundo, indaga qué fue lo que pasó, con los testimonios de las víctimas; el tercero responde a la pregunta de por qué pasó, indagando en las causas políticas, socioculturales, económicas; el cuarto es sobre quiénes fueron los responsables individuales e institucionales; el volumen cinco busca explicar por qué sigue pasando todavía hoy, y se muestran los pactos de impunidad y las complicidades dentro del Estado; el volumen sexto remite a los anexos, tablas, los nombres de las personas y los colectivos que fueron víctimas.
Aunque la mayor represión ocurrió por motivos políticos, el Informe también relata otras violaciones a derechos humanos, la desaparición de pueblos por apoyar a movimientos guerrilleros, pero también por motivos religiosos, o por el combate al narcotráfico, como la Tarahumara; contra poblaciones que se opusieron a opciones de desarrollo, como presas, o la reubicación de colonos en El Veladero, Acapulco; la criminalización de personas por su aspecto como chavos punk, o las bandas de Netza, u homosexuales; e incluso integrantes de las fuerzas armadas o policiales, personas que fueron asesinadas, torturadas o desaparecidas por sus mandos, algunos por negarse a ejecutar crímenes de lesa humanidad u órdenes de violar derechos humanos, o mujeres policías violadas en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; movimientos urbanos populares; más de 100 periodistas asesinados durante este período; e incluso migrantes guatemaltecos en México.
El informe presenta 8 mil 594 víctimas identificadas plenamente; 11 mil 743 víctimas de violaciones graves a derechos humanos; 46 masacres con 385 víctimas en ellas; 123 mil víctimas de desplazamiento forzado; y 517 víctimas de desaparición forzada.
En cuanto a los perpetradores, el informe señala 591 personas individuales; y 59 instituciones. En total, se emiten 142 recomendaciones a 22 autoridades distintas.
Además, durante la presentación del Informe, se hicieron lecturas de algunos de los testimonios que constan en el documento, sobre las violaciones a derechos humanos, relatadas por sus familiares.
LAS RECOMENDACIONES
El comisionado Carlos Pérez Ricart sintetizó las recomendaciones presentadas a las autoridades, entre las que destaca que el Estado ofrezca una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad en estos hechos, con la reparación correspondiente; se plantea también la desaparición de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque no han cumplido con sus objetivos, y crear en su lugar nuevos organismos, así como el Centro Nacional de Memoria para Derechos Humanos; que se publique el nombre de los periodistas asesinados y se elabore una nueva Ley General de Víctimas.
También se propone dotar de mayores recursos a la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado, cambiar la estrategia nacional de seguridad ciudadana, desmilitarizar el país y en general, un cambio en la política antidrogas.
Otra de las propuestas es reformar la Ley General de Archivos, hacer que los organismos de inteligencia transfieran su documentación al Archivo General de la Nación, se abran los archivos locales sobre derechos humanos, se constituyan comités para clasificación de documentos y se desclasifiquen los archivos de México en Estados Unidos.
«Sumamos -dijo Pérez Ricart al leer un párrafo del Informe- nuestras voces a las víctimas de entonces y las de ahora, de las y los sobrevivientes, a las de los colectivos y de la sociedad, para decirlo claro y fuerte: fue el Estado. Lo decimos, porque los hallazgos de investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran, con la misma, con exactamente la misma contundencia con la que se ha demostrado también que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace una década. Decimos que fue el Estado, y por eso se llama así nuestro informe, porque la enunciación de esta consigna, de esta denuncia, conecta los dolores viejos con los nuevos, el pasado con el presente. Decimos que fue el Estado porque fue este, el primero y el último responsable de las graves violaciones a los derechos humanos durante el período, más allá de responsabilidades de perpetradores individuales: no fueron manzanas podridas, fue el Estado, porque desde este se construyó la narrativa hegemónica que justificó la violencia en aras de mantener la supuesta paz social y la estabilidad del país, cuando lo único que hizo fue sostener intereses políticos y económicos espurios. Fue el Estado, decimos, porque el cambio del paradigma contrainsurgente al paradigma de la guerra contra las drogas, solamente significó una vuelta de tuerca más a una larga historia de represión, una puesta al día de la justificación de un régimen profundamente corrupto y antidemocrático, salvaje contra el pueblo, y servil ante las élites. Fue el Estado que condenó a las grandes mayorías de este país, a sufrir la violencia estructural y la miseria, y a sufrir su violencia armada a quienes lucharon por un México más equitativo. Fue el propio Estado el que engendró las causas de la rebelión y la disidencia, y el que se encargó de ahogarlas a sangre y fuego. Fue el Estado, en su avaricia, en su despotismo y en su sevicia. Fue el Estado, por último, por su acción, omisión o aquiescencia, (quien) permitió las graves violaciones a los derechos humanos, fue quien le negó la justicia a las víctimas, y a quien ahora le demandamos la no repetición».
