*Julissa Mantilla Falcón, comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destaca que la principal recomendación que hacen al Estado Mexicano sobre el caso Ayotzinapa es no dejar intacta la estructura general de la desaparición forzada en su búsqueda por resolver el caso
KAU SIRENIO /
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón, destacó en entrevista la preocupación que la organización ha señalado sobre que el caso Ayotzinapa en México se resuelva con base en sentencias sin garantías al debido proceso y que con esas sentencias se determine el caso.
Mantilla Falcón advierte que si eso llegara a suceder puede quedar intacta la estructura general de la desaparición forzada.
“Las personas cuando son acusadas más allá de la pronunciación de inocencia se tienen que respetar las garantías procesales, garantías judiciales. Hubo avance cuando se liberaron órdenes de aprehensión, pero las desecharon, eso nos preocupa que se pretenda acabar solo con algunas personas como presuntos perpetradores y no se analice la estructura general de la desaparición forzada”.
Luego sentenció:
“La recomendación principal del informe es atacar el desafío estructural de la desaparición forzada generalizada. Eso implica reformas de fondo y eso compromete abrir archivos militares, tener capacidad de asumir el juicio y sanción a todas las personas responsables. Que no acabe con dos, tres o cuatro sentencias y se acabe el caso”.
La comisionada de Derechos Humanos estuvo en la Ciudad de México antes de partir a la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, donde presentará el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
En entrevista con Pie de Página, Mantilla Falcón abordó el caso de militares detenidos como presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este martes la CIDH se reunió con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desparecidos por el Estado mexicano en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014. La presidenta comisionada de la CIDH explicó que el informe que presentaron en Guerrero tiene antecedente desde 2014:
“El informe MESA se creó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de monitoreo a la medida cautelar que la comisión otorga a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desde 2014. Este informe abarca de 2019 a 2022, pero tienen antecedentes desde los hechos mismos de Ayotzinapa, en 2014”.
Entre los avances que la CIDH destacó que se han dado en esta administración está la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa UEILCA, así como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (COVAJ). Sin embargo, cuestionó que la investigación se enfrenté a dificultades para acceso a la justicia. Como la construcción de la Verdad Historia que el Estado mexicano buscó imponer sobre lo que realmente sucedió en Iguala, Guerrero.
Julissa Mantilla cuestionó la supuesta verdad histórica:
“Cuando se crea una verdad entre comillas, una verdad histórica como una imposición es una extrema crueldad, para las madres y padres que están sufriendo muchísimo por lo pasó. Se les crea una verdad entre comillas histórica, luego se demuestra que no es así, es una crueldad inmensa, es una falta total de consideración y es una nueva victimización, la confianza se construye de a poco y se destruye en un minuto, por eso la Comisión Interamericana está permanentemente con los padres en este tema de construcción de confianza”.
La comisionada cuestionó el informe que presentó la COVAJ en el caso Ayotzinapa el 18 de agosto: “Se dieron a conocer informaciones que no estaban totalmente corroboradas, afortunadamente ya se entregó y se ha podido entender, corregir y enmendar la situación de lo que se afirmó en su momento”.
“Estas conclusiones pueden ser obvias –dijo la presidenta de la CIDH– pero es importante recordar que se trató de una desaparición forzada y que hay una responsabilidad del Estado. No es un hecho aislado o hechos atribuibles exclusivamente de bandas criminales”.
