MANUEL NAVA /
En los momentos en que existe una euforia desatada por la puesta en marcha de la Zona Económica Especial denominada Puerto Unión, y en la renegociación del Tratado trilateral de Libre comercio se busca la alianza con Canadá, la minera Media Luna vive un nuevo conflicto, esta vez con sus trabajadores.
El pasado 3 de noviembre se inició un paro de labores en demanda de la cancelación del contrato laboral con el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ante las anomalías, atropellos e injusticias y malos tratos que ha cometido la empresa minera en su contra con el respaldo del sindicato cetemista por lo que piden agremiarse al STMMSRM, pero lejos de entablar el dialogo existen amenazas de despido por parte de la empresa.
Aun cuando se trata de una circunstancia muy específica, el contexto lo constituyen 103 conflictos sociales detonados por megaproyectos mineros a lo largo del país y durante el periodo de gobierno federal. En Guerrero hay cuatro movimientos de resistencia contra esa industria extractiva.
El otro dato es que 16 movimientos sociales se han intensificado en lo que va del año. Entre ellos, el de Cocula, Guerrero.
Desde abril 2016 la empresa canadiense Torex Gold a través de Minera Media Luna, extrae oro y plata en el municipio de Cocula, ubicado en el llamado ‘cinturón de oro’ del estado de Guerrero.
Con una inversión de 800 MDD, la empresa de Fred Stanford ha traído beneficios, pero hay otro sector que denuncia la contaminación que produce, por las actividades que se realizan a cielo abierto.
Ahí, a inicios de mayo, vecinos de la comunidad Nuevo Balsas pidieron la intervención del relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, Leo Heller. Y es que poseen un estudio que comprueba que el agua del río Balsas que consumen está contaminada 300 por ciento más de los límites permisibles por los trabajos de la minera Media Luna.
Y eso es solo una parte del proceso conflictivo que se despertó a partir de la presencia de las mineras en México. Trabajadores y empresas han sido blanco de acciones de grupos pertenecientes a la delincuencia organizada pero además, algunos datos permiten concluir que la violencia criminal, si bien brutal, es solo parte de un peligroso coctel que funciona para «limpiar» lugares que comunidades locales defienden como su hogar territorial.
Se trata de la «necropolítica» que es la herramienta utilizada por corporaciones y gobiernos para «limpiar» áreas ricas en recursos por medio de sicarios y mercenarios que amedrentan y asesinan a defensores del ambiente y desplazan a cientos de miles.
Durante este periodo en Guerrero también se registraron más estallidos de descontento social: en la Costa Chica-Montaña, integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias de la Montaña y la Costa Chica por la Defensa del Territorio –que aglutina a los pueblos nan’ncue ñomndaa, me’phaa, na’ savi, nahuas y afromexicanos– reactivaron las acciones de oposición a las concesiones mineras en Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Azoyú, Cuajinicuilapa, Juchitán y Marquelia.
La minería y su impacto social es así, una arista más a contemplar en el anunciado Pacto por la paz.
