*A pesar de la sentencia de 92 años contra José Luis Abarca, hubo omisiones por parte del Estado Mexicano
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 31 de mayo de 2023. Por considerar que hay impunidad y que aún no se conoce la auténtica verdad de los hechos, a pesar de la condena de 92 años de cárcel contra el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la asociación civil Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) pidió a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que reclasifique el caso por el homicidio, tortura y otros delitos en contra de varios líderes sociales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, al señalar que hubo varias omisiones por parte de las autoridades mexicanas.
Fue en 2018 cuando la familia de Hernández Cardona, a través de la RSDCIAC y de la CIDH, pidió que se admitiera el caso, por la dilación de justicia; y aún se encuentran vigentes las medidas cautelares 185-13 en favor de las víctimas indirectas, medidas incumplidas por el Estado que se niega a dar protección a la familia del agraviado directo.
A pesar de que el 20 de julio de 2022, la CIDH pidió al Estado Mexicano que emitiera un informe sobre las observaciones presentadas por los familiares del activista asesinado, en este caso su esposa, Carolina Mena Marchán, y sus hijas María Soledad, Carolina y Reina, de apellidos Hernández Mena, insistieron mediante documentos fundamentados, que fueron ingresados al Juzgado de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas, en la reclasificación del delito de secuestro a los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, esta petición fue sistemáticamente negada.
Ya trascurrieron 10 años desde que fueron desaparecidos los activistas sociales Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Gregorio Dante Cervantes Delgado, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa, expusieron.
A través de las indagaciones se supo de las ejecuciones de Arturo Hernández, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, integrantes de la agrupación Unidad popular, desaparecidos cuando regresaban a Iguala de los Libres, entre la caseta de cobro y el crucero de Tuxpan, a la altura del fraccionamiento San Ángel, al término de una manifestación y bloqueo en la Autopista del Sol, que realizaron para exigir el cumplimiento de proyectos productivos para diferentes comunidades, fertilizante y cumplimiento a todas las solicitudes de las comunidades de Iguala de los Libres.
Testigos sobrevivientes de este hecho declararon que al momento que fueron detenidos por personas desconocidas, una de ellas le disparó en la pantorrilla derecha a Hernández Cardona. Estas personas, de acuerdo con las declaraciones, manifestaron estar bajo las órdenes del entonces presidente municipal igualteco José Luis Abarca Velázquez, y que el 30 de mayo de 2013 los activistas desaparecidos fueron llevados a un lugar adelante de Cerro Grande, en Iguala, donde los golpearon y torturaron.
Dijeron que el propio José Luis Abarca ejecutó a Hernández Cardona. Si bien, el expresidente municipal de Iguala, había sido sentenciado el pasado 16 de mayo, a 92 años de prisión, por la Causa Penal 100/2014-VII, llevada en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas, por el delito de secuestro en contra de los activistas, lo cierto es que, desde el 01 de junio de 2013, la hija de Arturo Hernández Cardona, la activista social María Soledad Hernández Mena, en representación de su familia, levantó la denuncia penal, por desaparición de su padre, y durante el proceso en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas,
Consideran que José Luis Abarca no fue sentenciado por los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial del activista social Arturo Hernández Carmona.04:34 PM
El proceso judicial en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Tamaulipas, no fue llevado desde la perspectiva de que los desaparecidos, torturados y ejecutados eran activistas sociales, además incurrió en graves deficiencias y omisiones, entre ellas las peticiones de reclasificación de delitos, puntualizó la Red Solidaria Década Contra la Impunidad.
