* En ese período no ocurrieron “eventos” sino crímenes de lesa humanidad, advierten
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 4 de julio de 2022. Organizaciones de sobrevivientes y familiares de desaparecidos políticos, y defensores de derechos humanos condenaron la forma en que se inauguró el plan de trabajo para abrir las instalaciones y expedientes militares para esclarecer las violaciones a derechos humanos durante la guerra sucia.
En un comunicado, 22 organizaciones denunciaron que ese evento, donde participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, entre otras autoridades, fue “símbolo de la falta de voluntad de las fuerzas armadas del país para reconocer su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y la tortura”.
Además, denunciaron que hubo omisión de las autoridades al informar quiénes estarían presentes en la ceremonia oficial y eso revictimizó a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos.
“El evento del 22 de junio es símbolo también del desprecio a la dignidad de las familias de personas desaparecidas y sobrevivientes al no informar con antelación que estaríamos junto a perpetradores y familiares de militares que participaron en operaciones de terrorismo de Estado. Además, decir en ese espacio y en ese momento que sus nombres serán inscritos en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas y que, además, cuenta con la anuencia del presidente López Obrador representa una práctica de continuación de la violencia de Estado y al mismo tiempo perpetúa, cínicamente, la impunidad. La exigencia de justicia de víctimas y familiares no está fundamentada en sentimentalismos, sino en una convicción jurídica y política de que es el camino que debe transitar nuestro país”, refiere el posicionamiento.
Las organizaciones establecieron que a las víctimas de esa represión “no nos corresponde perdonar a los perpetradores, al tratarse de delitos de lesa humanidad le corresponde al Estado juzgarlos y garantizar la no repetición. Cabe señalar que no existe, ni en el marco constitucional ni en el derecho internacional ni de derechos humanos la posibilidad de invocar la obediencia debida para ejecutar delitos de lesa humanidad. En este sentido, son responsables desde los expresidentes de la república hasta el último de los soldados rasos, agentes policiales o paramilitares participantes”.
El 22 de junio, en el evento oficial, el titular de la Defensa Nacional, el general Cresencio Sandoval González, dijo que se inscribiría el nombre de los soldados que murieron durante los enfrentamientos de la Guerra Sucia, porque actuaron para restablecer el marco constitucional, la seguridad y el estado de derecho. Las organizaciones, sin embargo, fijaron otra postura: “en realidad, lo que buscaban -dice el documento difundido- era neutralizar y exterminar a quienes decidieron emprender el camino de la insurrección, armada o pacífica, para transformar las condiciones de opresión y desigualdad del pueblo mexicano haciendo valer sus más elementales derechos a la vida, a la justicia, a la libertad y la paz”.
“No se trató de eventos o sucesos: fueron graves violaciones a los derechos humanos. Y no sólo afectaron “a un sector”, sino que lastimó la vida democrática de todo el país e involucró a la sociedad en general; sus consecuencias han impactado el posterior desarrollo de la sociedad mexicana y son el origen de la actual crisis de desapariciones en el país. Convocar a las y los sobrevivientes y familiares de personas que fueron violentadas en sus derechos humanos, sin que dicho evento esté acompañado paralelamente de auténticos procesos de justicia, constituye ya una revictimización”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Asamblea de Colectivos Acompañantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (CVEHIJ); el Equipo de seguimiento a la Comverdad de Guerrero; el Comité Eureka Jalisco, el Comité Eureka Casa de la Memoria Indómita, la Federación de Asociaciones Latinoamericana de Detenidos de Familiares–Desaparecidos, el Colectivo Reyes Crespo-Jalisco, el Colectivo Reyes Crespo -Sinaloa, y Nacidos en la Tempestad.
Demandaron la incorporación de la Fiscalía General de la Republica al programa de inspección de evidencias, edificios e instalaciones militares y otros sitios que sirvieron como cárceles clandestinas, así como su presencia en la toma de testimonios de perpetradores de acciones de terrorismo de Estado y sobrevivientes; que se permita la coadyuvancia plena, a través de un mecanismo bien establecido, de los colectivos y familiares en los trabajos de la Comisión de la Verdad.
Pidieron que se aclare por qué se omitió información clave durante las reuniones de invitación y preparación, sobre la presencia de perpetradores en el evento del 22 de junio; y al presidente le pidieron retirar su aval para que los nombres de los perpetradores de violaciones de lesa humanidad sean reconocidos como servidores de la Patria.
Las organizaciones también exigieron que se dejen de hacer llamados a la reconciliación a víctimas y familiares sin antes haber dado pasos firmes en la garantía de juicio a los responsables.
Además, suscriben el documento las organizaciones Madres de Chihuahua, Sobrevivientes de la Guerra Sucia, AC, Sobrevivientes de la Guerra Sucia-Ciudad Juárez, Unión de Madres con Hijos Desaparecidos en Sinaloa, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de los Derechos Humanos en México, Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Estado Mexicano,
Comité 68, ProLibertades Democráticas, Comité Eureka, Foro Permanente por la Verdad, Colectivo Víctor Yodo, Colectivo MAR LG, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM; y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM.
“Lo sucedido en el Campo Militar N° 1 constituye un agravio sin precedentes y una falta de entendimiento de lo que implica una comisión de la verdad”, sentenciaron.
