* El activista fue desaparecido el 30 de mayo de 2013 y hallado muerto el 3 de junio, y su caso está en la CIDH pero en México la investigación no avanza
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 31 de mayo de 2020. A través de una carta pública, diversas organizaciones no gubernamentales, religiosas y defensoras de derechos humanos demandaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conceda audiencia a los familiares del ex dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, desaparecido el 30 de mayo de 2013 y hallado muerto el 3 de junio, así como a sus representantes legales, para dar inicio inmediato a un diálogo sobre el tema.
Entre las personalidades individuales se encuentran Obtilia Eugenio Manuel, Humberto Robles, Adrián Ramírez López, Nicolás Chávez Adame, Julio Mata Montiel, Norma Mesino Mesino, Israel Sanpedro y el senador Emilio Álvarez Icaza.
Las organizaciones religiosas y ministros de culto participantes son la Comunidad Teológica de México, Rector Dan Gonzalez-Ortega, Capellanía de la Comunidad Teológica de México, Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas AR, Pastor Hugo Gallardo Duarte, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Padre Oscar Pérez Solano.
Además, firman el documento unas 50 organizaciones de Alerta Temprana Red, entre las que destacan la Limmed, la Afadem Fedefam, la ANAD, las guerrerenses Comunidad Raíz Zubia, CCTI, APPG, OCSS, OPIM, entre otras de varios estados del país.
Las organizaciones expresaron su respaldo total a la familia de Hernández Cardona, pero aclararon que esta “actualmente se encuentra totalmente vulnerable, sin medidas de protección; sin embargo, se mantienen firmes en su caminar por la justicia y la verdad”.
“Celebramos que el pasado 13 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitiera este caso, (pero) conminamos al Gobierno Mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador a que responda en tiempo y forma a la CIDH, y además de inmediato, le otorgue medidas cautelares a toda la familia del activista”, se lee en el texto.
“Solicitamos también, que de inmediato se inicie un dialogo entre el Presidente de México, la familia de la víctima y la representación jurídica de la familia, confiando en la buena voluntad del Gobierno Mexicano”.
Las organizaciones firmantes responsabilizaron al gobierno mexicano de la integridad psicológica y física de la familia del activista ejecutado, en especial de Soledad Hernández Mena quién junto con Fray Julián Cruzalta Aguirre, interpuso la petición de admisibilidad ante la CIDH, “y también lo hacemos responsable de la integridad de las y los integrantes de la Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, que encabeza el Obispo José Raúl Vera López, quienes acompañan jurídicamente a la familia Hernández Mena”.
