* Se trata del comerciante Policarpio Pineda, quien tiene demandado al magistrado Julio Lorenzo Jáuregui
REDACCIÓN /
Acapulco, 07 de febrero de 2022. De nueva cuenta, el comerciante del Tianguis La Diana, Policarpio Pineda Baltazar, quien ronda los 70 años y no sabe leer ni escribir, tiene a un magistrado en jaque: se trata del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Julio Lorenzo Jáuregui García, a quien tiene demandado en una queja administrativa por irregularidades en la elaboración de una sentencia.
El caso tiene relación con una demanda que Pineda Baltazar inició en 2013 contra el entonces presidente del comité de condóminos del Tianguis Turístico La Diana, Bolívar García Picaz, para exigir rendición de cuentas respecto a los recursos generados durante 10 años a través de los cobros por uso de los baños del tianguis.
Casi siete años después de presentada esta denuncia, el 25 de febrero de 2020, fue resuelta en contra del demandante, y se le notificó el 6 de marzo de ese año, con un plazo para apelar que vencía el 20 de marzo, pero el 17 de ese mes, tres días antes de concluir el plazo, los juzgados se cerraron por la pandemia de Covid 19, y se reabrió la oficialía el 6 de julio, fecha en que Pineda Baltazar intentó presentar su oficio de apelación, pero fue informado que solo lo podría hacer mediante cita programada, la cual se le otorgó para el 28 de agosto, en que ya la pudo presentar.
En entrevista, Pineda Balanzar señaló que el magistrado Jáuregui García hizo una maniobra para dar por no presentada en tiempo la apelación, alegando que debió hacerse dentro del plazo fijado el 20 de marzo de 2020, sin tomar en cuenta que hubo un aplazamiento del mismo por la pandemia y se fijó otro plazo mediante la cita previa, que cayó en agosto, en que ya se pudo presentar.
A raíz de eso, el demandante presentó otro recurso para apelar la sentencia del magistrado en la que demuestra que fue el propio Tribunal el que fijó la fecha de la cita. Después de todo un proceso que prácticamente llevó dos años, donde hubo dilaciones porque los actuarios decían que no encontraban el domicilio de quejoso, para notificarle el fallo, finalmente el 2 de febrero ya de este año, previa intervención de la CNDH, Pineda Baltazar pudo ser notificado: el plazo límite para impugnar la sentencia vencía al día siguiente, 3 de febrero, a las 11 de la mañana. La notificación, según consta en la cédula correspondiente, se hizo a las 5 de la tarde del 2 de febrero.
En entrevista, Pineda Baltazar lamentó la hora de la notificación pues dijo que no le permite presentar sus alegatos pues tendría que hacerlo a las 9 de la mañana para que a las 11 ya estuviera en la audiencia. Es, dice, un caso claro de discriminación porque él es de una edad mayor y no sabe leer. Recordó que cuando salió la primera sentencia, intentó hablar con el magistrado, pero este le preguntó qué estudios tenía, y al contestarle que no tenía estudios, le respondió: “yo con gente ignorante no hablo: traiga a su abogado”.
Policarpio Pineda anda alrededor de los 70 años de edad, es comerciante de toda la vida, no sabe leer ni escribir, pero se ha confrontado en tribunales personajes que tienen poder político y económico: en los 90, metió a la cárcel a altos funcionarios de un banco que, al ver que era iletrado, intentaron despojarlo de su casa; en 2007, consiguió órdenes de aprehensión contra 23 funcionarios de primer nivel del gobierno de Alberto López Rosas en Acapulco que le habían destruido sus locales, y ha doblegado a jueces y a magistrados para cambiar sus sentencias cuando estas no se apegan a derecho.
Ahora, confía, la actuación del magistrado Jáuregui García podrá revertirse en cuanto demuestre que la notificación le fue retrasada como una maniobra para que no pudiera presentar a tiempo sus alegatos.
